MIAMI (AP).— La presión de Estados Unidos sobre Cuba ha pasado del terreno político al económico y comercial, con efectos directos sobre el abasto de combustibles, la operación portuaria y el suministro de bienes en la isla, en un momento en que La Habana enfrenta una de sus etapas más delicadas en materia energética.
Reportes difundidos este 19 de marzo señalan que el flujo marítimo hacia Cuba se redujo con fuerza durante marzo, en medio de una política estadounidense más dura contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y de un entorno de creciente cautela entre navieras, proveedores y países con relaciones comerciales con la isla.
El impacto más visible está en los combustibles. De acuerdo con el reporte de AP, basado en datos analizados por la firma Windward, en marzo no llegó a Cuba ningún buque tanque procedente del extranjero y las escalas portuarias cayeron a 11, todas de origen nacional, frente a un promedio de unas 50 mensuales en 2025.
Ese freno logístico ocurre en una economía altamente dependiente de importaciones energéticas. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos ha señalado que la generación eléctrica cubana depende ampliamente del petróleo, mientras la infraestructura de generación y distribución arrastra rezagos de inversión y mantenimiento.
La afectación económica ya rebasa el sector energético. Los apagones masivos, el deterioro del transporte, la presión sobre hospitales y la merma en la cadena de frío para alimentos y medicinas golpean tanto al consumo doméstico como a la actividad comercial, desde pequeños negocios hasta servicios básicos.
En términos de intercambio formal, sin embargo, el comercio bilateral no había desaparecido. Cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que las exportaciones estadounidenses a Cuba sumaron 810.8 millones de dólares en 2025, por arriba de los 585.2 millones de 2024; tan solo en enero de 2026 ascendieron a 64.9 millones.
Ese dato confirma una paradoja central: mientras Washington mantiene un embargo económico integral sobre Cuba, continúan existiendo operaciones permitidas, sobre todo en bienes autorizados. El propio gobierno estadounidense sostiene en sus documentos oficiales que el embargo sigue vigente desde 1962, aunque contempla excepciones y licencias para determinadas transacciones.
La nueva presión no proviene solamente de prohibiciones adicionales explícitas, sino también del efecto disuasorio sobre el mercado. El riesgo de sanciones, aranceles o señalamientos públicos ha elevado los costos políticos y financieros de comerciar con Cuba, lo que induce a empresas navieras, aseguradoras y proveedores a replegarse o revisar rutas y contratos.
Para la economía cubana, ese fenómeno es especialmente grave porque reduce márgenes de maniobra en tres frentes a la vez: energía, importación de mercancías y financiamiento operativo. En una estructura donde el Estado conserva el control de áreas estratégicas y la distribución de combustibles, una contracción logística de esta magnitud se traduce en menor actividad productiva y más escasez.
La flexibilización anunciada por el Tesoro en 2024 permitió herramientas para emprendedores independientes, mientras la administración Trump afirmó en 2025 que buscaba “restaurar” una política más dura hacia La Habana.
Cerco estadounidense
Cuba enfrenta crisis energética por presión estadounidense y colapso reciente del comercio.
Presión externa
Estados Unidos ha reducido el flujo de petróleo y comercio hacia Cuba mediante sanciones, amenazas y presencia militar, provocando caída de importaciones, escasez de combustible y un deterioro acelerado en servicios básicos.
Crisis interna
La falta de combustible ha generado apagones masivos, colapso hospitalario y dificultades en transporte y alimentación, afectando a millones de ciudadanos en una de las peores crisis vividas por la isla en décadas.