WASHINGTON (AP).— El gobierno del presidente Donald Trump endurece las medidas para impedir que las personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria utilicen el sistema bancario, al reforzar la supervisión sobre las instituciones financieras que les otorgan créditos.
Este lunes, un grupo de reguladores financieros emitirá directrices para recordar a bancos e instituciones financieras sus obligaciones en materia de “conozca a su cliente” y de gestión del riesgo crediticio, con especial énfasis en los prestatarios que no cuentan con autorización para trabajar en Estados Unidos.
La advertencia forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración Trump para desalentar que las personas en situación migratoria irregular interactúen con el sistema financiero estadounidense. Aunque no ordenan expresamente a los bancos cancelar sus servicios, las medidas buscan incentivar que estas personas dejen de ser sus clientes.
El anuncio será presentado por tres reguladores bancarios: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Las agencias señalaron que los bancos deben considerar que una persona en situación migratoria irregular podría quedar imposibilitada para liquidar un préstamo en caso de ser deportada. En consecuencia, sostienen, este grupo representa un riesgo para el sistema financiero.
Hay pocos datos sobre cuántas personas que permanecen en Estados Unidos de manera ilegal mantienen cuentas bancarias o créditos con entes financieros.
Estatus migratorio y financiero
Las medidas derivan de la orden ejecutiva que Trump firmó en mayo pasado, la cual instruye a bancos y otras entidades financieras a revisar con mayor rigor la ciudadanía y el estatus migratorio de sus clientes. La disposición ordenó a reguladores y dependencias federales detectar casos de personas sin estatus legal que abran cuentas u obtengan préstamos o tarjetas de crédito.
Entre otros aspectos, las directrices que se publicarán ayer lunes recomiendan a las instituciones financieras “identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos mediante prácticas de suscripción seguras y sólidas que evalúen la disposición y la capacidad de un prestatario para pagar conforme a los términos de la obligación crediticia”, de acuerdo con un comunicado.
En mayo, la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro, emitió un aviso para que los bancos reforzaran la vigilancia sobre posibles casos de robo de identidad, fraude relacionado con impuestos sobre la nómina y esquemas de lavado de dinero vinculados con la contratación de personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos.
El aviso exhorta a las instituciones financieras a mantenerse atentas a más de una docena de indicadores que podrían revelar que una persona permanece en Estados Unidos de manera ilegal.
Especialistas en materia fiscal advirtieron que el cambio afectaría a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante la infancia y están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como a quienes cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS).