LIMA.- La Fiscalía de Perú solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los 10 menores denunciados por presunta violación sexual de un estudiante de 16 años, cometida el martes pasado en Lima, dado que la retención en flagrancia del grupo de estudiantes del Liceo Naval vence este viernes.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo contra los menores del quinto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guisse, que fueron denunciados por presunta violación sexual en agravio de un compañero de 16 años, ocurrida en el distrito de San Borja, el 15 de septiembre pasado.

El Ministerio Público explicó en un mensaje compartido en la red social X que el fiscal provincial Mariano de la Torre solicitó la medida con el objetivo de asegurar la presencia de los estudiantes, tras recabar indicios que los vinculan con la infracción a la ley penal.

Entre los indicios figuran las declaraciones de los menores de edad involucrados, los policías intervinientes, los padres denunciantes del hecho y el reconocimiento médico-legal de la víctima, entre otros.

El pedido de internamiento se evaluará este mismo viernes, tras el vencimiento de la retención en flagrancia de los adolescentes, indicó la Fiscalía.

Por su parte, el Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima informó, también en X, que tomará las declaraciones de los menores involucrados en los hechos sucedidos en el autobús que trasladaba a los estudiantes del colegio Liceo Naval, después que la Fiscalía los pusiera a disposición del despacho.

¿Qué sucedió en el Liceo Naval?

El ataque denunciado por la familia de la víctima ocurrió aparentemente cuando el grupo regresaba en autobús a la escuela, el último martes, después de haber participado en un torneo de fútbol, a pesar de que en el vehículo también estaban otros adultos a cargo de los estudiantes.

El caso ha generado una ola de indignación en Perú por los episodios de acoso y violencia sexual denunciados en las escuelas particulares y especialmente por la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios que era administrado por la Marina de Guerra del Perú.

Tal como lo anunció el jueves la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al comentar esta denuncia, el Gobierno hizo oficial el viernes la reorganización en ese colegio y entregó su administración al Ministerio de Educación, hasta el próximo año, para garantizar la prestación del servicio educativo enfocado en “la protección integral de los estudiantes y en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, convivencia, prevención y atención de situaciones de violencia”