“Legislar sobre el manejo responsable y sustentable del dinero público vía préstamos es un paso adelante porque brinda certeza a los yucatecos de que las administraciones estatales y municipales utilizarán de manera adecuada los recursos para el desarrollo de Yucatán, con rendición de cuentas y transparencia”, resaltó Celia Rivas Rodríguez.
Sobre la reforma constitucional en materia de Disciplina Financiera aprobada en sesión plenaria de ayer del Congreso, la diputada mencionó que se definen las obligaciones que el Estado y sus municipios deberán observar para la contratación de empréstitos, al armonizar la Constitución local con los preceptos establecidos en el artículo 117 de la Carta Magna nacional.
Destino
Las modificaciones establecen que los empréstitos solicitados solo pueden ser para inversión pública productiva, así como su refinanciamiento o reestructura, que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y su garantía o establecimiento de la fuente de pago.
“Por inversión pública productiva debe entenderse todo lo que genere crecimiento y desarrollo, es decir, las destinadas a la ejecución de obras públicas, para escuelas, carreteras, estructuras, seguridad, salud, entre otras, así como cualquier acción u obra que en forma directa o indirecta genere, asegure, proteja o produzca un incremento en los ingresos de los sujetos obligados”, explicó la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, Celia Rivas indicó que la contratación de deuda pública deberá ser pagada a más tardar tres meses antes de que concluya la administración en cuestión y no podrá solicitar otro crédito durante este periodo.
Mayoría calificada
Además, manifestó que la armonización también faculta al Congreso del Estado aprobar los empréstitos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, es decir, por mayoría calificada, así como determinar a nivel constitucional que por ninguna situación se destinarán para cubrir gasto corriente.
Empréstitos
“Queda prohibida la contratación de empréstitos para pagos de servicios personales, materiales, donativos, apoyos y todo tipo de deudas tales como laudos; en esta reforma se establecen criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán al Estado y a los municipios para un manejo sostenible de sus finanzas públicas”, indicó la diputada Celia Rivas Rodríguez.