Familias de Peto pondrán ante la Codhey una queja
PETO.— Trabajadores y exempleados del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) denuncian que los quieren despojar de los terrenos donde durante más de 30 años han laborado, y advierten que no lo permitirán y llegarán hasta las últimas consecuencias para defender lo que es de ellos.
Según explicaron, cuando comenzaron a trabajar esos terrenos eran federales o nacionales y en ese entonces cualquier persona podía trabajarlos por necesidad.
Cada lote tiene una extensión de 40 por 50 metros, prácticamente ellos fomentaron esas tierras y sembraron árboles frutales, incluso uno de los obreros perforó un pozo para trabajar.
En ese entonces el Ayuntamiento les dio una constancia de que están establecidos en ese terreno y lo trabajan, por ello, dijeron, les corresponden los lotes.
Se trata de 42 lotes ocupados por el mismo número de familias beneficiadas, que desde que los ocuparon los han trabajado.
En ese tiempo no tramitaron sus títulos de propiedad debido a que, indicaron, entre todas las familias trabajan en armonía y de manera conjunta, pues todos respetan el área que le corresponde a cada uno.
Los reubicarían
El problema se inició el pasado 23 de diciembre cuando llegó personal del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY) para informarles que se vendieron esos terrenos, pero no les dijeron cuándo ni a quién.
El IVEY se comprometió a reubicarlos y reconocer el trabajo que ya habían hecho, pero no cumplió.
De las 42 familias, 18 se ven afectadas directamente debido a que las mediciones que hizo un topógrafo en días pasados para la delimitación de las 10 hectáreas que compró una empresa abarcaron 18 lotes.
Los quejosos explicaron que después de averiguar por todos lados a quién se vendieron esos terrenos, supieron que la empresa Vertigo los adquirió; es decir, señalaron, que esos terrenos los ocuparían para poner la maquiladora que hace unas semanas el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que se establecería en Peto.
También indicaron que no permitirán que los despojen de esas tierras porque la ley es clara y dice que luego de seis años de trabajar un terreno por derecho les pertenece, además que cuentan con documentos donde se los cedieron y se reconoce que son sus propietarios.
A su decir, el entonces director del INPI, Carlos Tello Macías, se los dio.
Según expusieron, ya confirmaron que todo se está manejando a modo, pues en el documento de compraventa se dice que el 29 de enero de este año el IVEY vendió esos terrenos y lo adquirieron los hermanos Jorge Eduardo y Omar Kuri Chapur, el predio vendido se denominó “Aranjuez”, tablaje con número catastral 54020.
Los perjudicados
Los afectados directamente con esto son Mirna Tuz May, Ligia Guadalupe Flota y Andrade, Mirbi González Tuz, Luis Felipe Villegas Celis, Diego Moo Lira, María Esther Martín Hernández, Luis Felipe y Etna Leticia Azarcoya Gómez, Rosa María Nah Pech, José Luis Aké y Cauich, Susano Tox Chablé, María Elena Carrillo Novelo, Luciano Moo y Chan, Fernando Bautista Perera, Ismael Cante Benítez, Karla Flota Guzmán y Roque Chan Pech.
Los afectados, que cuentan con el respaldo de sus compañeros, señalaron que irán a la Comisión de Derechos Humanos del Estado a poner su queja de manera colectiva y ya están asesorándose para iniciar un proceso legal.— M.Á.M.G.
