Una de las preocupaciones en Yucatán es la persistencia de la tortura, señaló Martha Capetillo Pasos, integrante de Equipo Indignación, promoción y defensa de los derechos humanos, al opinar sobre el caso del joven de Xkanchakán que presuntamente murió a manos de policías municipales de Tecoh.
Como informamos, José Luis Cauich Yerbes , de 27 años de edad, falleció en la “cama” de una camioneta policiaca a los treinta minutos de haber sido detenido.
La causa de la muerte, de acuerdo con el dictamen médico, fue asfixia por oclusión de vías aéreas (broncoaspiración). Cuatro agentes fueron imputados “por su probable participación en el delito de homicidio calificado”, según a dio a conocer la Fiscalía General del Estado.
Familiares del fallecido señalaron que cuando les entregaron el cuerpo éste presentaba lesiones que no tenía al momento de su detención, y aseguraron que José Luis fue golpeado y torturado por los agentes.
Redes de complicidad
En entrevista con el Diario, Martha Capetillo indicó que la tortura es muy difícil de comprobar porque ocurre de manera oculta, además, dijo, hay redes de complicidad que se tejen entre las autoridades y jefes policiacos.
Añadió que en Equipo Indignación se ha insistido porque cualquier muerte bajo custodia policial tiene que seguir un protocolo que descarte la tortura.
“De entrada, cualquier muerte bajo custodia policial implica una responsabilidad de quienes estuvieron a su cuidado. En el momento en que una persona es detenida, el estado responde por la vida de esa persona”, puntualizó.
Sin embargo, lamentó que en Yucatán haya una insistente impunidad pues “cada vez que una persona muere en alguna de las cárceles ya sea municipal, estatal o federal, el caso queda absolutamente impune”.
Tras hacer un recuento de casos, entre ellos uno sucedido en Tekax hace diez años, la integrante de Equipo Indignación deploró que no solo no se investigue la tortura, sino que la misma responsabilidad del custodio, del policía o del médico queda absolutamente impune.
“Con frecuencia se escucha que algún detenido murió en la cárcel, inmediatamente (las autoridades) dicen que fue suicidio y piensan que con eso se liberan de una responsabilidad y no es así”, indicó.
Informó que Equipo Indignación ha solicitado en distintas administraciones la creación de un protocolo que, sistemáticamente, ha sido negado.
El Ejecutivo, responsable
En el caso particular de Tecoh en el que ya están imputados los cuatros agentes que intervinieron, la activista señala que aparentemente hay la intención de ya no tolerar, “pero más bien parece que en este caso no pudieron ocultarlo porque hubo testigos o por las condiciones como se dieron, pensaron una versión diferente que luego ya no pudieron sostener”.
La activista señaló que el gobernador es responsable de hacer todas las acciones necesarias para erradicar la tortura en Yucatán y detectarla oportunamente.
“No puede ser que tolere la tortura y que se normalice, que se hable tan ingenuamente que se les pasó la mano. ¿Cómo que se les pasó la mano? ¿Qué piensan que se le puede hacer a una persona cuando se le detiene?”.
Tras señalar que pareciera que en Yucatán hay una epidemia de personas que mueren de infarto cuando son detenidas, Martha Capetillo Pasos lamentó que no exista un protocolo para estos casos y que a los agentes involucrados únicamente se les separe de su cargo o se les cambie de lugar.
“En este caso que hay cuatro personas presentadas ante la autoridad y puede sentar un precedente, es decir, la Fiscalía podría usar este caso para hacer todo lo que no ha hecho en años. Normalmente lo que hace es negarlo, porque no hay testigos”, concluyó.