VALLADOLID.— El proceso contra el exalcalde Roger Alcocer García se inició en 2015 y durante estos siete años se han llevado al cabo varias diligencias para deslindar responsabilidades.
La Auditoría Superior de la Federación también puso la respectiva denuncia.
Los ayuntamientos que continuaron, como el del morenista Enrique Ayora Sosa, dieron seguimiento a la demanda, de tal modo que la actual administración, que encabeza Alfredo Fernández Arceo, continúa el caso.
Durante la presente administración municipal se realizaron varias diligencias y declararon 18 testigos, entre ellos dueños de una constructora de apellido “Garduño”, quienes aceptaron haber recibido dinero del ayuntamiento de Alcocer García para expedir las facturas correspondientes.
En estos siete años, los acusados, a través de estrategias legales, lograron reducir la deuda a $6.5 millones de los $26 millones que supuestamente desviaron.
Deberán pagar 3.1 millones de pesos
Luego de las declaraciones que concluyeron la semana pasada, finalmente el juez de distrito sentenció a los exfuncionarios a pagar la cantidad reducida de $3.1 millones.
De acuerdo con datos obtenidos, los sentenciados no pisaron cárcel a pesar que el proceso fue penal.
Se determinó que la semana próxima el mismo juzgado determinará lo que le corresponde pagar a cada uno. Según se averiguó, los dos involucrados no se negaron a pagar e, incluso, podrán hacerlo en abonos, cuyas cantidades se podría fijar la próxima semana.
En caso que la autoridad federal determine los montos y el modo de pago, se podría proceder en consecuencia liberándose una orden de aprehensión por incumpliendo a una sentencia.
Sin embargo, también existe la posibilidad que los dos involucrados puedan apelar la sentencia y continuar con el caso, incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que todo dependerá de la decisión de los sentenciados que perdieron el caso.