VALLADOLID.— El alcalde Alfredo Fernández Arceo se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para ratificar la denuncia que interpuso el 29 de noviembre de 2022 contra los exalcaldes Alpha Tavera Escalante y Enrique Ayora Sosa, ambos del partido Morena, debido a que éstos no entregaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) los casi $40 millones que a los empleado le descontaron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los períodos 2015-2018 y 2018-2021 que presidieron respectivamente.
En su momento publicamos que el alcalde acudió el pasado 28 de noviembre de 2022 a la oficina del Ministerio Público Federal, dependiente de la FGR a interponer una denuncia contra los exalcaldes Tavera Escalante y Ayora Sosa, debido a que éstos realizaron los descuentos correspondientes del ISR en la nómina de los más de 1,000 empleados de la Comuna, pero no lo reportaron al SAT.
Hasta la fecha ninguno de los dos exalcaldes ha emitido alguna opinión sobre las denuncias, lo que hizo con esos recursos y a dónde fueron a parar.
Desde que inició la actual administración el SAT comenzó a cobrarle las sumas adeudadas, pero debido a la falta de capacidad de pago se acordó que la dependencia federal le retendría abonos al municipio de sus participaciones, lo cual inició hace cinco meses.
Valladolid, afectado por deuda al SAT
Cada uno de los abonos rebasa el millón de pesos, lo que afecta seriamente las arcas municipales, ya que se truncaron algunos proyectos que se tenían, pero debido a los descuentos, los que resultan afectados son los propios ciudadanos.
De acuerdo con información obtenida, la FGR no le había dado entrada a la denuncia debido a que según se sabe tenía intenciones de turnar el caso a la Fiscalía del Estado, pero el departamento jurídico de la Comuna insistió en que el ISR que no se pagó en su momento son recursos federales que no llegaron a la dependencia federal, de modo que es la FGR la que debe proceder en consecuencia y fue así que lo admitieron, por lo que fue citado el primer edil para que ratifique la denuncia.
Ahora lo que continuará durante el proceso es la presentación de pruebas contra los exalcaldes, y una de las más importantes es el reclamo que hace el SAT al ayuntamiento actual en el que pide que le pague un adeudo de casi $40 millones que le ingresaron por concepto del pago del impuesto sobre la renta de los mismos trabajadores.
En las puertas de la FGR se improvisó una rueda de prensa con el primer edil, aunque un agente de seguridad intentó desalojar el lugar y pidió retirar un podio que se había instalado con el argumento que es un estacionamiento y que llegaría una camioneta para estacionarse en el lugar, pero no le hicieron caso y allí se llevó al cabo la reunión con medios de comunicación.
Luego de salir de la FGR el alcalde dijo lo siguiente: que las autoridades de la Fiscalía General de la República lo citaron para darle continuidad a la denuncia penal interpuesta, ya que el recurso jurídico fue admitido y radicado en Valladolid.
Buscan justicia para Valladolid
Alfredo Fernández recordó que se presume que las administraciones anteriores no cumplieron con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), situación que ha ocasionado un crédito fiscal, que deberá ser pagado, y por lo tanto se verán afectados los recursos públicos destinados para las mejoras y servicios públicos de Valladolid.
“Les aseguro que haremos lo que sea necesario con la finalidad de obtener la procuración de justicia favorable al municipio, quienes me conocen saben que no puedo ser omiso ante lo que nos está tocando vivir, porque ni soy cómplice ni puedo estar en la postura de no hacer nada”, señaló.
También agregó que no se trata de venganza o cacería política, mucho menos un tema personal, es solamente hacer justicia ante el daño no solo a los trabajadores del municipio, sino que ahora está afectando el recurso destinado a la mejora de servicios públicos en beneficio de las familias de Valladolid y sus comisarías.
No se dieron más detalles del recurso legal que interpuso el presidente municipal, con el propósito de no vulnerar el debido proceso legal, sin embargo, se comprometió a dar más información conforme avance la investigación.