SAN FELIPE.— En los alrededores del puerto, el crecimiento urbano avanza de forma acelerada a pesar de tratarse de una zona ecológicamente protegida: el desarrollo habitacional se ha extendido hacia áreas de manglar y que forma parte de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.
En lo que alguna vez fueron zonas de vegetación, hoy se han construido desde viviendas modestas hasta casas de gran tamaño, algunas con acabados que contrastan con las pintorescas casas de tablones.
Para muchos porteños, la devastación de manglar forma parte del panorama cotidiano, pues lo ven como una necesidad aunque legalmente represente un delito ambiental.
En ese desarrollo ven una oportunidad para asegurar su patrimonio familiar.
Terrenos sin permisos de construcción
Las construcciones se encuentran en terrenos donde no existen permisos oficiales para urbanizar, de hecho las autoridades municipales, que han gobernado por varias administraciones, iniciaron hace años con el proyecto informal de ampliación del puerto y actualmente familias completas viven ya en estas zonas, pese a que los caminos aún no están pavimentados y solo cuentan con calles blancas incluso difíciles de transitar.
La semana pasada, hubo un operativo sorpresa realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) recorrieron las áreas devastadas con el objetivo de realizar una inspección, aunque no se efectuaron acciones legales ni se han clausurado construcciones.
Vecinos en San Felipe
En otras ocasiones resulta curioso que cuando hay intentos de clausura o inspección más rigurosa la comunidad suele unirse para defender las construcciones, argumentando que se trata de sus terrenos y casas, muchas de las cuales representan su único patrimonio de tal manera que de haberse tomado acciones la gente del puerto se hubiera levantando en contra.
En la periferia del puerto pueden observarse tanto viviendas sencillas hasta ostentosas casas de dos plantas, lo cual muestra que el fenómeno no es exclusivo de familias de bajos recursos, incluso algunos funcionarios ya cuentan con predios y casas en la zona.
Aunque la movilización de hace una semana fue mediática, la realidad es que la población enfrenta un gran dile entre crecer o preservar su riqueza natural.
En medio de esa tensión también está un tema político, pues el actual gobernador Joaquín Díaz Mena es de San Felipe y está en contra de los daños ambientales, tampoco tiene buenas relaciones con el actual gobierno priista.
Dilema en San Felipe
Aunque la movilización de hace una semana fue mediática, la realidad es que la población enfrenta un gran dilema entre crecer o preservar su riqueza.
También hay trasfondo político: el gobernador Joaquín Díaz es de San Felipe y está contra los daños ambientales, pero no tiene buenas relaciones con el actual gobierno priista.
Para muchos habitantes, la devastación de manglar forma parte del panorama cotidiano, pues lo ven como una necesidad aunque sea un delito ambiental.