PROGRESO.— Cada vez falta menos para que el viaducto elevado entre en funciones, un proyecto que avanza al mismo ritmo que la paciencia de los habitantes, quienes llevan meses entre incertidumbre y molestias.
El alcalde Erik Rihani González informó que la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) ya entregó formalmente al Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) las obras principales de la estructura vial construida en el acceso al puerto.
Ahora corresponde a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y a la Dirección General de Puertos pactar la interconexión de la vía rápida con la entrada al puerto de altura, lo cual —dijo— se prevé en los próximos días.
“Estamos a buen tiempo para que esta obra esté en funcionamiento y las molestias a los vecinos vayan aminorando”, expresó el presidente municipal.
Según recordó, el proyecto requirió más de dos años de trabajos y generó inquietudes entre colonos y comerciantes de la zona.
Consultado acerca de si la apertura del viaducto implicará el cierre definitivo del paso vehicular sobre las calles 86, 46 y 25, Rihani respondió que aún no hay una definición, pues la empresa constructora deberá hacer estudios adicionales.
“Lo que nos interesa es que esta obra funcione en su máximo esplendor y que los ofrecimientos que se hicieron —una mejora en el tránsito y la eliminación del ruido— sean una realidad”, señaló.
En cuanto al plazo adicional de 45 días otorgado a ICA para concluir trabajos pendientes, el edil indicó que la compañía va a buen tiempo y destacó que, en paralelo, se ha mantenido el diálogo con ciudadanos inconformes.
“Los acuerdos que tomamos, como canalizar las quejas a las autoridades competentes y entregar información sobre los permisos de construcción, ya se cumplieron y seguimos trabajando de la mano con ellos”, puntualizó.
Aunque la infraestructura ya fue recibida por el Incay, se abrirá un período de observaciones y posibles ajustes. En lo referente a la calle 82, que pasa por debajo del viaducto, el alcalde aclaró que corresponde al instituto estatal definir los tiempos de entrega; posteriormente, el Ayuntamiento coordinará las acciones necesarias para su habilitación.