(Editorial publicado el 14 de enero de 2000)
Ningún suceso como el caso Medina Abraham para medir y calar a la sociedad yucateca, para tomarle el retrato de grupo que detiene, congela nuestra imagen en el fin de siglo y nos permite, mirándola con atención, viendo quiénes somos y dónde estamos, hacer un examen de conciencia para saber hacia dónde vamos y qué queremos ser en los 2000.
Conviene que esta reflexión sobre nosotros mismos tenga como punto de partida una pregunta que marque el camino: ¿Qué significa el caso Medina Abraham para la sociedad yucateca? Es el caso sin precedente de un Ciudadano que durante cuatro años pide la intervención pública de la sociedad para dos fines: 1) Que se respeten sus derechos constitucionales a defenderse de una acusación que lo ha privado de la libertad.
2) Que las denuncias que ha formulado, acusando a las autoridades de violar sus derechos a defenderse, sean atendidas e investigadas de acuerdo con la ley.
Este Ciudadano NO le ha pedido a la sociedad que tome partido y se pronuncie sobre su declaración de inocencia. NUNCA.
Su solicitud de apoyo social ha sido acompañada durante los cuatro años de la continua publicación en este periódico de documentos que concretan los actos reclamados, los derechos presuntamente violados y las leyes que los amparan.
El Ciudadano se llama ARMANDO MEDINA MILLET, pero el nombre no es lo que importa: podría llamarse Luis González Pérez o Asís Abraham Dáguer o Víctor Cervera Pacheco. El nombre es lo de menos. Lo que importa es el contenido de la petición, porque los derechos que reclama, lejos de ser propiedad de una persona o una familia o una facción política, son patrimonio de la sociedad e indispensables al bien común.
En el fondo de la solicitud del Ciudadano está el mensaje de que, al margen de que el acusado sea inocente o culpable, el derecho a la defensa y el respeto a la ley son asuntos de interés público.
¿Cómo se ha respondido en el seno de la sociedad yucateca a la solicitud del Ciudadano Medina Millet? 1) Más de cinco mil personas la apoyaron individualmente: con su nombre y con su firma solicitaron a las autoridades que investigara las denuncias. Algo que no se había visto en Yucatán. Tampoco se había visto algo como la respuesta que dieron las autoridades: que las cinco mil personas investigaran las irregularidades denunciadas y las comprobaran.
2) Varios miles de personas ofrecieron personalmente su apoyo a la señora Sara Millet Cámara, en una tienda que instaló en la Plaza Grande para exigir, durante un fin de semana, un trato justo al acusado. La madre no pedía la absolución del hijo: nada más un juicio imparcial.
3) Este periódico y cierto número de sus colaboradores, entre otras personas, incluyendo a algunos sacerdotes a título personal, en editoriales y artículos apoyaron la solicitud del Ciudadano, sin opinar sobre su inocencia o culpabilidad.
4) Dos partidos políticos de la oposición, una agrupación cívica y la delegación de la Liga de Derechos Humanos solicitaron respeto a los derechos del Ciudadano, incluso en visitas, sin precedentes, que le hicieron en la prisión.
5) Ninguna institución del sector privado yucateco -empresarios, industriales, comerciantes, profesionales y prestadores de servicios- respondió a la solicitud del Ciudadano.
El Colegio de Abogados ha concretado su intervención a comentar, en consulta que hicieron los abogados defensores, una o dos decisiones de la jueza del conocimiento, Leticia Cobá Magaña.
6) Ni la jerarquía de la Iglesia Católica ni ninguna de los movimientos y agrupaciones que tiene en Yucatán han respondido al Ciudadano, a pesar de que su solicitud y los documentos que la acompañan se refieren a valores y principios del cristianismo.
Nos permitimos indicar a los ciudadanos que nos leen que hemos expuesto hechos, sucesos verificables, no opiniones de este periódico, y manifestada ya esta observación, los invitamos a continuar el examen de conciencia que proponemos en esta nota.
¿Ha recibido la sociedad yucateca, de las personas y entidades que se supone que son sus rectores y guías, la orientación conveniente para asumir en el caso Medina Abraham la actitud pública y privada que exige el bien común? Este panorama de las instituciones y sus dirigentes congelado para la historia por el juicio a al Ciudadano Medina Millet, ¿presenta y define a los líderes que necesita Yucatán para defender con éxito los valores y convicciones fundamentales de la persona, la familia y la comunidad? Por último, el retrato de grupo que nos ha tomado el caso Medina Abraham, ¿nos proyecta la imagen de la sociedad yucateca en que aspiramos y queremos vivir en los 2000? En próxima nota, Dios mediante, nos proponemos publicar la opinión de este periódico.