(Artículo publicado el 20 de julio de 2006)
Por Eugenio RIVAS ALONSO
Es fácil mostrar la salida del conflicto que ha ocasionado la elección de presidente de la república: está bien señalada por la ley. Cumplirla al pie de la letra es tarea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife): su dictamen representa el cincuenta por ciento de la solución. La otra mitad es que los partidos contendientes y sus candidatos se comprometan a catar este veredicto judicial.
El Trife tiene hasta el 31 de agosto para rendir su decisión sobre las impugnaciones que los partidos y sus candidatos hacen a los resultados de las 130.000 casillas que funcionaron el domingo 2 de julio.
Después del 31 de agosto tiene hasta el 6 de septiembre para declarar al ganador de las elecciones y comunicarlo a la Cámara de Diputados, a fin de que su mesa directiva ordene la publicación del nombre del nuevo presidente y emita el bando solemne que lo proclama.
La resolución del Trife tiene dos características: es final e inatacable. ¿Por qué? Por tres motivos: 1. Porque los magistrados son los expertos escogidos por los representantes del pueblo mexicano, según un sistema de selección dispuesto por la ley, para recibir las quejas documentadas, estudiarlas y aceptar, modificar o anular la votación protestada.
2. Porque la ley no da libertad de acción a los magistrados: es precisa al señalarles cuáles son las irregularidades que ameritan la modificación o anulación de un resultado.
3. Porque los partidos y sus candidatos se comprometieron sin excepción a aceptar que las elecciones presidenciales se efectuarán de acuerdo con la legislación vigente, que incluye el procedimiento para resolver las inconformidades.
Sí, la salida del conflicto está clara: los partidos y sus candidatos deben obedecer la resolución final e inatacable del Trife, cualquiera que ésta sea.
Está clara la salida legal, pero tres institutos políticos, el PRD, el PT y Convergencia, unidos en la Coalición por el Bien de Todos, y su candidato Andrés Manuel López Obrador pretenden bloquearla con una condición que imponen: sólo aceptaremos que la decisión del Trife sea final e inatacable si se basa en la apertura de todos los paquetes electorales, a fin de contar de nuevo, uno por uno, los 40 y pico de millones de votos depositados en las urnas de las 130.000 casillas que funcionaron en el país.
La ley indica cuándo se debe abrir un paquete electoral, para revisar la documentación, y cuándo, además, se justifica abrir los sobres cerrados que contienen los votos para contar éstos de nuevo uno por uno.
No se deben abrir los paquetes electorales, ni mucho menos los sobres con las boletas, cuando: el paquete está entero; el acta externa, pegada al paquete, indica con claridad las cifras de la votación; si esta acta está firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos que asistieron a la votación; si la misma acta coincide en todos sus términos -firmas y cifras- con las correspondientes copias que tienen el Trife y los partidos o coaliciones contendientes.
La ley dispone que si se cumplen los requisitos mencionados hay certidumbre legal de que todo el proceso fue correcto, desde la instalación de la casilla hasta el cómputo de los votos y el levantamiento del acta.
Más de un millón de ciudadanos fueron adiestrados para recibir, contar y proteger los votos de los mexicanos en las 130,000 casillas. Nacionales y extranjeros fueron unánimes al calificar de ejemplar esta gestión cívica realizada con un porcentaje de éxito cívico sin precedente en el país: el 99 por ciento.
De este elogio unánime se fueron desligando paulatinamente los tres partidos de la Coalición Por el Bien de Todos y su candidato: no parecen dispuestos a aceptar ahora que las firmas de los representantes de los partidos en las actas sean una garantía de legalidad. Ni siquiera cuando está la firma del que representa a la Coalición. Si lo fue, ya no es digno de fe ni de confianza. El traidor puede estar en casa.
Debemos recordar aquí que la Coalición anunció antes de los comicios que había logrado cubrir con representantes suyos el 100 por 100 de las casillas. Una manera de predecir que su triunfo sería inobjetable porque la presencia de sus representantes impediría el fraude. Después de los comicios la Coalición rectificó: el 70 por ciento nada más.
La inconformidad de la Coalición ha seguido un camino errático. Un camino que se abre el 2 de julio. La votación cerrada impide el domingo al Instituto Federal Electoral anunciar al ganador del conteo preliminar y lo mueve a pedir a candidatos y partidos que se abstengan de proclamaciones y esperen el recuento oficial que se iniciaría el miércoles 5; pero López Obrador, en inmediato desafío, se declara triunfador, con un margen de 500.000 votos, y exige -no pide: exige- que el IFE reconozca su victoria.
Los 500.000 votos han desaparecido del mapa de las inconformidades. Cada día que ha transcurrido desde el 2 de julio, la Coalición ha estado rectificando, modificando, quitando o agregando en su relación pública de las causas en las que fundamentan sus protestas. Una lluvia diaria de quejas, acusaciones y cifras. Algunas o muchas son diferentes hoy a las de ayer. Mañana pueden ser distintos. En uno de los últimos diagnósticos se asegura que el fraude no fue cibernético, sino a la “antigüita”. Regresamos al pasado tenebroso con un millón de testigos. O un millón de cómplices.
Los estrategas de la Coalición nos dicen que los ministros del Trife no están obligados a juzgar las impugnaciones según la letra de la ley: la constitución los autoriza a interpretarla cuando sea conveniente. Alegan que el legislador, al indicar cuáles votos pueden ser contados de nuevo, no previó que una elección tan discutida como ésta del dos de julio, con una diferencia de 250.000 sufragios, exige abrir los 130.000 sobres y contar de nuevo los 40 millones de votos para disipar cualquier sombra de error, para asegurar la estabilidad del país, que de otra manera estaría en peligro.
Esta es la interpretación que la Coalición, su candidato, sus teóricos y sus jilgueros exigen a los ministros del Trife. Dicen que interpretaciones semejantes decidieron conflictos electorales en Tabasco, Colima, Torreón y otros puntos. Dicen que las condiciones eran las mismas. Dicen que está justificada la interpretación. Dicen que los ministros están autorizados para interpretar. Dicen, dicen…
Y siguen diciendo, hablando, protestando, acusando, amenazando, siempre en solitario, porque todos los demás partidos y candidatos, los vencedores y los vencidos, que forman las dos terceras partes del escenario político nacional; todos los observadores nacionales y extranjeros y la gran mayoría de los gobiernos estatales y las instituciones de la nación, inclusive las religiosas, acatan el resultado de las elecciones y lejos de compartir la descalificación del proceso se distinguen por elogiarlo.
La imagen que proyecta la Coalición es la de partidos y candidatos que se coloca por encima de la ley. Deciden cuándo se debe cumplir y cuándo interpretar. La interpretación que vale es la suya. Son dueños de la verdad sin tener que demostrarlo. De la satisfacción de sus deseos, de la observancia de sus puntos de vista depende la estabilidad del país. En su trato con todos los demás, llámense ministros o como quiera que los llamen, ni piden ni sugieren ni proponen: imponen, ordenan, exigen… Partidos y candidatos que así proceden son anuncios de gobiernos en que la nación, sus leyes y sus instituciones están al servicio de los intereses y los instintos de los gobernantes.
Esto sí sería un regreso a la antigüita. Lo sería también que el Trife ordene que se cuenten todos los votos sin dar a esta decisión un sustento jurídico. Cuidado con darles a las amenazas de inestabilidad y otras advertencias similares un rango igual o superior al de la ley. Sería un regreso a la dictadura. Expresada esta opinión, sólo nos queda reiterar que en esta encrucijada el único camino aconsejable es que todos aceptamos como final e inatacable la resolución que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos gusta o nos disguste.- Mérida, Yucatán, 19 de julio de 2006.