(Primera Columna publicada el 20 de marzo de 2009)
La columna pide permiso al barón de Montesquieu para relacionar los 31 libros de su obra monumental, “El espíritu de la ley”, con un monumento yucateco: la pirámide de 2009.
En el más cotizado de los 31 volúmenes, el XI (1734), el literato francés asigna una virtud a cada una las tres formas de gobierno que analiza: a la república, la virtud; a la monarquía, el honor, y al despotismo, el temor.
Sobre esta base crearía después la división de poderes independientes que subsiste desde entonces en los países civilizados: el Legislativo, para crear la ley; el Ejecutivo, para hacer que se cumpla, y el Judicial, para castigar a quien la infrinja.
Esta doctrina busca como objetivo que la virtud y el honor tengan la fuerza necesaria para impedir el despotismo en el gobierno.
No es nuevo que en Yucatán sea letra muerta la fórmula política del barón para garantizar la democracia. Durante 70 años, del 2000 hacia atrás, vimos a los cadáveres de la ley incrustados en los tres centros de mando. Hoy corremos el peligro de regresar a ese estilo funerario en el ejercicio del poder.
El Ayuntamiento de Mérida ha señalado que la Contaduría Mayor de Hacienda, brazo económico del Congreso, viola las leyes que norman su funcionamiento. Las viola cuando exige al alcalde que le proporcione más de 5 millones de copias, de más de 1.300,000 documentos, en el curso de las investigaciones relativas a los negocios piramidales de Cecilia Flores, ex funcionaria de la Comuna (Diario de Yucatán, edición del 19 de marzo. Sección Local, páginas 1 y 6).
La exigencia llega a dos extremos. Uno, el auditor de la Contaduría que se sienta en el Ayuntamiento y anuncia: “No me muevo de aquí hasta que me los den” (las copias de los papeles que demandaba). 20 empleados municipales trabajaron siete horas para dárselas. El otro extremo es que el Congreso imponga a la Comuna una multa de 30,000 pesos por no acatar inmediatamente una orden ilegal.
Malo que la encargada de hacer la ley, como es la Legislatura, sea la primera en ignorarla y desobedecerla. Pésimo ejemplo porque pone en tela de juicio la calidad moral y la intención vertical de los infractores. Peor que el Congreso incurra en el desacato con disposiciones absurdas que son un desafío al sentido común. Peor porque deja una impresión negativa sobre la capacitación política y el nivel intelectual de los legisladores involucrados en el esperpento. Desacato tanto más grave cuanto que incluye hoy a precandidatos al Congreso de la república.
En la mencionada edición de este periódico, o sea la de ayer, conocido jurisconsulto meridano explica con exactitud la ilegalidad de los procedimientos a los que el Ejecutivo, por conducto de su procuraduría, está sometiendo a la madre de Cecilia Flores.
Es de gente razonable, máxime si es autoridad, reconocer un comportamiento equivocado y proceder a la rectificación inmediata. Entercarse en lo contrario devalúa la virtud y el honor, las dos virtudes que Montesquieu propone para prevenir el despotismo. El despotismo que fue una de las características del sistema de gobierno impuesto a Yucatán durante 70 años y repudiado en la alborada democrática del 2000.
El penalista que censura el hostigamiento judicial a una madre de familia en el caso de la pirámide señala, en este mismo asunto, un deber del ministerio público en su investigación. El deber de informar a Hacienda sobre las grandes cantidades de dinero invertidas por los acreedores de Cecilia Flores y el monto exorbitante de los intereses devengados, a fin de que las autoridades del ramo puedan verificar la procedencia lícita de esas fortunas y el pago de los impuestos correspondientes.
La aplicación de la doctrina de Monstesquieu a la pirámide yucateca debe y puede orientar la elección de los candidatos que, como diputados federales, irán al Congreso de la Unión para representar a Yucatán en la tarea de hacer las leyes que nos rigen. Diputados que nos permitan esperar que de palabra y de hecho participarán con virtud y honor en la promoción de la ley justa y la vigilancia de su cumplimiento. No diputados que dejen entrever, con su incompetencia, testarudez sectaria o silencio cómplice, que se valdrán del voto para favorecer el retorno del despotismo y su estrategia de dominio: castrar a la sociedad con el abuso impune del poder y el consiguiente imperio del miedo.