(Artículo publicado el 22 de agosto de 2009)
La gobernadora dice que el cambio de mando en la Procuraduría obedece a su deseo de que los funcionarios depuestos, el procurador José Guzmán Pacheco y el subprocurador Rafael Acosta Solís, sean asesores suyos en proyectos de reformas legales. Una causa que puede ser cierta, pero dista de ser convincente.
Circulan otros motivos presuntos o por lo menos posibles. Un ejemplo son los escándalos desatados por la actuación poco afortunada del ministerio público en casos viciados por sus denuncias insostenibles e investigaciones descarriladas, que colgaron a la Procuraduría el sambenito de brazo político del Ejecutivo para armar represalias o conseguir objetivos secretos.
Se habla de supuesta investigación federal sobre actividades del crimen organizado en Yucatán: una averiguación que podría incluir a la Procuraduría y colocar al gobierno del estado en una situación incómoda que se busca prevenir o desviar con el relevo de la plana mayor judicial.
Se señala también el nombramiento del nuevo procurador, Héctor Cabrera Rivero, un día después que la gobernadora se divorcie del hermano Carlos. Puede ser una coincidencia. O una medida que no es fácil sondear porque procede de las penumbras que rodean a la administración pública.
Se recuerda, además, que desde un principio corrieron versiones de una lucha por el poder en el gabinete, alimentada por el tiempo que Ivonne Ortega Pacheco quita a la tarea de gobernar para destinarlo a su agenda de festejos, ceremonias, viajes y otras promociones de su imagen.
En los comentarios sobre la supuesta batalla intestina se barajaron los nombres del secretario de gobierno Rolando Zapata, el subsecretario de seguridad Héctor Cabrera y el asesor importado Ulises Carrillo. El primero fue desplazado a una candidatura y el segundo se ausenta ahora a la Procuraduría. Sólo queda, sin competidor conocido, el señor Carrillo, a quien se le asigna un contacto directo con Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y precandidato presidencial.
Hay otros aspectos dignos de mención. El procurador y subprocurador salientes no han rendido cuentas. Se han ido a la francesa, de la noche a la mañana, sin despedirse, sin informes ni comentarios sobre lo que hicieron o dejaron de hacer. Este silencio acentúa la importancia de que el nuevo procurador dé a conocer el estado que guardan los asuntos de la dependencia que están en trámite, estancados o impugnados, a fin de que no cargue con culpas ajenas y en su momento sea capaz de dar, sobre su eficiencia y rectitud, pruebas que sus predecesores no pueden o no quieren proporcionar. Es una herencia de interés general.
No sería necesario mencionar estas obligaciones si se entendiera el oficio de gobernar, que incluye la información espontánea, oportuna y suficiente sobre las cuestiones públicas. Oficio que, abandonado tanto tiempo en manos negras o inexpertas, se comprende mal y desempeña peor, porque son pocos los que saben enseñarlo y menos los que quieren aprenderlo. Es un déficit que partidos y electores pueden ayudar a corregir con candidaturas razonables y votos razonados.
Aparte de la sospecha de negocio turbio, esta falta de oficio podría ser la causa de que el Ejecutivo no acabe de rendir cuentas suficientes sobre el concierto de Chichén Itzá y entregue con desgano y sin detalle las cifras que se le piden, como si los honorarios de los cantantes y otras partidas consignadas en números redondos fueran secretos de estado o, si son desglosadas, pusieran en peligro la soberanía nacional.
No es positiva, por cierto, la impresión que deja el papel que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha jugado en los dimes y diretes del concierto. Ha dado su aprobación final a cuentas oficiales reprobables. Más que servidor de los ciudadanos, el Instituto nos ha parecido un amortiguador manejado para restar fuerza a las demandas, cansar a los promoventes y diluir el impacto en guarismos divulgados a cucharadas, en dosis que dejan medio llenas las solicitudes y vacías de buena voluntad las intenciones de las autoridades responsables.
Se ha sentado un precedente indeseable tanto en la organización y presentación de actividades artísticas con cargo al erario como en el respeto a los derechos del pueblo a recibir la información que pida. Precedente que se agravaría con la falta de atención que han tenido hasta ahora, en el Instituto, las denunciadas irregularidades en el programa estatal Cobijar, que incluyen la “viveza” de repartir entre los muertos la misma ayuda que se les da a los vivos.— Mérida, Yucatán.