(Primera Columna publicada el 5 de abril de 2009)
Los gobernantes tienen derecho a saber las críticas que de ellos se dicen: es justo darles la oportunidad de responder. De lo contrario se incurre en deslealtad y complicidad, si se trata de un colaborador quien las oculta. O de un deseo de causar daños, para que prevaleza y crezca el error, si quien calla es la oposición o el ciudadano.
Ivonne Ortega Pacheco tiene derecho a saber lo que se dice. Se dice que ha dispuesto un boicot que ha agudizado el horror en la sala de urgencia del Hospital O’Horán y agravado hasta el espectáculo terrible las deficiencias de sus salas de consulta, quirófanos y pabellones.
El boicot consiste en que se atribuye a la gobernadora la orden personal de que ningún enfermo sea trasladado del O’Horán al Hospital Regional de Alta Especialidad construido en el norte de la ciudad. Diseñado y construido precisamente para resolver los problemas que durante décadas se han venido agrandando en el valetudinario nosocomio de la avenida Itzaes hasta impregnarse del olor a escándalo bochornoso que le comunican las denuncias de 2009.
Si es cierto, en el grado que sea, lo que se dice de Ivonne Ortega, estamos ante un delito de lesa humanidad: para satisfacer la pasión política se deja en la incuria la salud pública.
Se habla de pasión porque, según el profesional de bata blanca, la causa del boicot es que la gobernadora viene del PRI, pero el Hospital Regional fue construido por el gobierno panista de Patricio Patrón Laviada. Cuando el río suena, agua lleva. Es el agua de los actos de sectarismo que se han atribuido y se siguen atribuyendo a la actual administración pública y su partido.
Si no se trata de un bloqueo visceral, pues estamos ante una inconsciencia, también de lesa humanidad, que prácticamente mantiene en desuso, o a mínimo ritmo de servicio, en el estatus de un elefante blanco, a moderno hospital que costó 900 millones de pesos (Diario de Yucatán, 9 de marzo de 2007).
Recientes diagnósticos de los médicos José Pereira Carcaño y Hugo Laviada Molina (6 de febrero de 2009) y José Pereira Carcaño (24 de febrero), secretario de Salud en el gabinete de Patrón Laviada, se refieren en resumidas evocaciones a los motivos de la construcción del Hospital Regional para la atención de 1.350,000 habitantes de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, incluyendo 450,000 meridanos.
Motivos que fueron expuestos en la muy extensa respuesta del gobernador Patrón Laviada (D. de Y., 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2007) a crítico cuestionario de 10 preguntas, con 10 incisos, que este periódico le formuló (25 de marzo), como corolario de una serie de reportajes sobre las razones para construir el Hospital Regional, sus objetivos, costo e instalaciones. Reportajes que comenzaron el 1 de junio de 2003 y tenemos a la vista al teclear estas líneas.
No aspiramos a condensar en este párrafo los pormenores de un seguimiento puntual, de una vigilancia periodística de seis años a los convenios y obras del Hospital Regional. Recordaremos sólo que el punto de partida fue un estudio del Gobierno Federal. Estudio que firmó la sentencia de defunción del O’Horán como clínica de primer nivel. Que llegó a la conclusión de que tratar de renovarlo, para que volviera a servir para lo que ya no servía, era botar el dinero.
Tiene otra cara esta medalla. La cara de un estudio de Innovación Tecnológica y de Servicios, del Grupo Mapfre, que está dedicado a servicios sobre seguridad y medio ambiente. Estudio que, solicitado por el gobierno yucateco, devuelve al O’Horán sus canceladas credenciales de funcionabilidad y considera viable, con una inversión de 214 millones de pesos, la rehabilitación total del nosocomio.
¿Quién tiene la razón? ¿El Gobierno Federal, que gastó 900 millones de pesos para rescatar a Yucatán de la “trampa” de un hospital centenario? ¿El Gobierno de Ivonne Ortega, que le lleva la contraria a la Federación y está a punto de invertir por lo menos 200 millones en una empresa desahuciada hace algunos meses?
La columna cree que la respuesta está en el cuerpo médico yucateco. Cree también que las instituciones que lo representan son las llamadas a responder con un dictamen científico, fundado en sus conocimientos y sus experiencias. Dictamen que nos oriente a decidir si en estos tiempos de crisis es acertado y necesario el intento de Ivonne Ortega de reconstituir y maquillar a un anciano inválido para restaurarle la capacidad y agilidad que tuvo en su juventud.
La prudencia aconseja la respuesta pronta. El Gobierno del Estado anuncia que mañana lunes debe venir el secretario federal de Salud a Mérida a inaugurar la primera etapa de modernización de la sala de urgencias del O’Horán y poner en marcha el nuevo desfile de millones de pesos. Extraña visita la del secretario: ¿significa que la Federación ha dado su brazo a torcer, abandona a su elefante blanco y se sube al tren de Ivonne Ortega?
Yucatán y sus vecinos merecen una explicación. No debe llevar la voz cantante, en esta polémica multimillonaria, el comentario actual de que la salud de 1.350,000 habitantes de la Península está en manos de políticos pleitistas, con su criterio de quita y pon, en vez de ser la responsabilidad de especialistas que garanticen la inversión saludable de nuestros pobres pesos. Para mucha gente es una cuestión de vida o muerte.