(Primera Columna publicada el 22 de noviembre de 2007)
Entre rumores insistentes de una voltereta sensacional en el “Escándalo C2” (Escándalo Cousey-Country), anteanoche se retiraron de la Plaza Grande los “zetas de Temozón” y los “santos de Sotuta” que acompañaban a César Pompeyo en su arraigo domiciliario a la banca de costumbre.
“Santos” y “zetas” fueron trasladados al ministerio público para que rodearan a Elsy Mezo durante su comparecencia judicial e impidieran que la ex secretaria de Hacienda fuera sometida a cualquier acto de coacción o intimidación durante sus declaraciones sobre la barata de tierras que beneficiaron al Country Club. La foto que publica el “Diario” en la primera página de su sección Local de ayer confirma la protección multitudinaria de la fuerza pública a el testigo. Protección que ayer alcanzó ribetes espectaculares en las comparaciones de Patricio Patrón. La columna respeta las discrepancias que, en desacuerdo con nuestra interpretación, ven circo, maroma y teatro en las diligencias judiciales.
Regresamos a la voltereta, que tiene mucho que ver con una característica ejemplar de los primeros 100 días de Ivonne Ortega Pacheco en el trono. Nos referimos a la alborada de independencia que ha comenzado a despuntar en las relaciones entre la gobernadora y su partido. Independencia tanto más talentosa cuanto conocida es la sumisión que hasta días no lejanos marcó el comportamiento del PRI en su trato con el Poder Ejecutivo.
Esta autonomía del veterano instituto político comenzó a manifestarse en la controversia sobre la Casa del Pueblo. Haremos una síntesis volandera de esta polémica que capturó titulares en los periódicos. La señora Ortega sostiene la tesis de que el PRI debe poner en venta el edificio. Venta a precios referenciados, claro, no a precios País. El presidente priista Nerio Torres Arcila se manifestó en contra: de ninguna manera. Lo comprado, comprado está.
Ahora, en plena hoguera del Escándalo C2, aparece de nueva esta libertad de expresión que abre sus capullos en el PRI yucateco. Libertad que, aquí mismo lo veremos, tiende a fortalecer los rumores de voltereta inminente.
Nerio apoya sin reservas a la procuraduría en su ofensiva contra la Cousey de Patricio Patrón. De las opiniones de Torres Arcila publicadas ayer por este periódico se desprende que las intenciones de los empresarios de Chablekal, promotores del Country Club, no justifican el descuento en la venta de tierras, porque su proyecto no está pensado para las mayorías ni fue concebido con un objetivo de beneficio social.
El líder del PRI considera que en Chablekal vemos un proyecto “de construir residencias de lujo a las que no tiene ni tendrá acceso la inmensa mayoría de la población”. Nerio II va más lejos en la condena que dicta al Country con frases lapidarias que no tienen vuelta de hoja: “No nos equivocamos ni exageramos: a la vista están las pruebas del despojo contra los campesinos que ante la falta de empleo e ingresos no tuvieron más remedio que aceptar migajas y perder su único patrimonio de tierra”.
Esta catilinaria del vocero del PRI contra Patrón Laviada y sus “nuevos latifundistas” colisiona con el criterio que emana del Palacio de la 60, con la filosofía de los 100 días. Tan terminales son las posiciones, que el choque es de frente. No nos equivocamos ni exageramos. A las siguientes pruebas nos remitimos.
El viernes 17 de noviembre, en la Universidad Autónoma de Yucatán, la señora Ortega Pacheco se salió de los rieles del protocolo y se saltó los carriles del programa para expresar su solidaridad plenaria con los empresarios del Country Club: sus proyectos —aseguró la gobernadora— “son vitales para el estado”.
Tan lejos como fue Nerio en su condena, así de lejos se va Ivonne en su apoyo al referirse “al plan inmobiliario más ambicioso de la historia reciente del estado, que es el Country Club”. El martes 20 de noviembre, cuando estaba fresca aún la tinta que imprimió la bendición oficial al Country en la hora santa de la UADY, Torres Arcila pronunció el pronunciamiento que coloca al PRI en las antípodas de Palacio. ¿Es lícito decir que el 20 de noviembre de 2007, aniversario de la revolución contra la dictadura, se encendió en Mérida la chispa de la redención del PRI? Recordemos que fue también en Yucatán, en Valladolid, donde surgió la primera chispa del movimiento de 1910.
Caudillo de la revolución, Emiliano Zapata proclamó en Morelos: “La tierra es de quien la trabaja”. ¿Quién trabaja las tierras de Chablekal? ¿Los campesinos de Nerio? ¿Los empresarios de Ivonne? Chablekal está en el vórtice de la tormenta. En el ojo del huracán que se desatara con la voltereta que, según insistentes rumores, se registrará en el ministerio público. En los pasillos de las confidencias y los vestíbulos del secreto circulan las versiones de que la señora Ortega se presentará a declarar en este maratón “non stop” de comparecencias diurnas y nocturnas. La cite o no la cite el procurador.
Parece que Ivonne está dispuesta a defender a capa y espada sus garantías al país. A defenderlas incluso por encima de las conocidas acusaciones del ministerio público a la administración de Patricio. Desde su arraigo en la banca de costumbre, César Pompeyo avisa a la columna —el arraigado no revela sus fuentes— que los abogados que acompañarían a la jefa del Ejecutivo sostendrían, en uno de los relieves de su comparecencia, que la Cousey de José Carlos Guzmán, que el consejo presidido por Patrón Laviada merecen bien del pueblo y el aplauso de la sociedad porque propiciaron el enriquecimiento de nuestro patrimonio al facilitar, con un criterio no referenciado, las ociosas donde ha nacido un proyecto vital tierras para el estado: “el plan inmobiliario más ambicioso de la historia reciente del estado”. He aquí la voltereta.
La columna, como el ministro español, “ni quita ni pone rey” (reina, perdón). No está contra el campesino ni contra el empresario. Ni con Ivonne ni con Nerio. La columna está con la credibilidad. La credibilidad que merecen el político y el funcionario cuando sus palabras son confirmadas por la realidad. La credibilidad que fortalece al gobernante cuando, saltándose los rieles y los carriles del sectarismo, se incorpora de buena fe al tránsito hacia la verdad y la justicia. La credibilidad puesta a prueba en las tempestades de los 100 días.