La asignación ilegal de la nomenclatura de decenas de predios del fundo legal de Dzilam Bravo y Celestún, que al parecer antes eran terrenos nacionales y luego fueron vendidos a precios de ganga, se habría hecho en el sexenio pasado dentro del programa Patrimonio Seguro, denuncia el diputado federal Mario Peraza Ramírez, aunque, dice, “no tengo los datos para probarlo”.
En la cuarta parte de la extensa entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el legislador, implicado en este caso, explica que la nomenclatura de muchos de los terrenos involucrados en este fraude fue asignada dentro de ese programa antes de que él llegara a la dirección del Catastro, en el Insejupy.
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