CIUDAD DE MÉXICO.— Stericycle, empresa contratada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el reciclaje de televisores como parte del “apagón analógico”, fue acusada en Estados Unidos de haber encubierto sobornos a funcionarios mexicanos a través de la emisión de facturas falsas.
De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Stericycle aceptó pagar una sanción de 84 millones de dólares tras reconocer que entre 2012 y 2016 había sobornado con 10.5 millones de dólares a funcionarios de Brasil, Argentina y México para obtener contratos de manejo de residuos, lo que le redituó ganancias de al menos 21.5 millones de dólares.
En el periodo en que Stericycle pagó sobornos (2012-2016), esa compañía de origen estadounidense y sus filiales recibieron en México contratos gubernamentales por más de 75 millones de pesos, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La mayor parte fueron asignaciones del IMSS, la SCT y el Gobierno de Guanajuato.
En la investigación que sobre el caso realizó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) se detalla que los sobornos en México fueron encubiertos mediante facturas falsas de proveedores externos, y que incluso esa práctica fue documentada por los empleados de Stericycle en hojas de cálculo de Excel, que los investigadores extrajeron de los servidores de la empresa.
“Las hojas de cálculo identificaron facturas de aproximadamente 45 proveedores externos que simulaban brindar servicios de consultoría e investigación de mercado que de otro modo no estarían documentados”, refiere el documento de la SEC consultado por MCCI.
“Las hojas de cálculo vinculaban las facturas con los pagos a los funcionarios del gobierno, incluido el nombre del cliente y el cálculo del soborno como una cantidad fija o un porcentaje del valor de la factura del cliente”.
Incluso, la investigación señala que en algunos casos las hojas de cálculo detallaban el destinatario del soborno, así como el método de entrega, es decir, si había sido en efectivo o mediante transferencia bancaria.
Este material, fue enviado a través de los servidores de la empresa a ejecutivos de América Latina y de Stericycle México. Tres de ellos, de la subsidiaria en el país, habrían informado en 2016 a un ejecutivo de la empresa estadounidense sobre el pago de sobornos para la liberación de pagos adeudados por contratos gubernamentales.
“Uno de los ejecutivos de Stericycle México proporcionó una hoja de cálculo de Excel con proyecciones de pérdida de ingresos si Stericycle México dejaba de pagar sobornos a sus dos principales clientes gubernamentales”, detalla el documento legal.
El Departamento de Justicia precisó que los sobornos eran identificados en las hojas de cálculo de Stericycle México con palabras clave como “PI” o “pago de incentivo”.
Los pagos ilegales eran para obtener y mantener contratos, así como para la liberación de pagos.
Ni la SEC ni el Departamento de Justicia precisaron los nombres de las dos dependencias involucradas en los sobornos, ni la identidad o cargo que desempeñaban los funcionarios que recibieron los pagos. Tampoco informó el monto de pagos ilegales realizados por Stericycle en México.
En México, Stericycle opera a través de sus filiales Medam y Stericycle México, de acuerdo con su listado de subsidiarias fuera de Estados Unidos, publicado en la página de la SEC.
Sin embargo, hay al menos otras seis empresas vinculadas, algunas incluso identificadas como filiales en procedimientos de licitaciones públicas en los que obtuvieron contratos, y que presentaron documentación membretada de Stericycle, o que comparten apoderados, domicilios y contactos con correos electrónicos de stericycle.com en dichos procesos, así como en diversos directorios comerciales.
Entre esas empresas vinculadas se encuentran las sociedades Reind Química, Transnec, Planta Incineradora de Residuos Bioinfecciosos, Técnicas Medioambietales Winco, Medam Transportes y CÍA Recolectora de Residuos Peligrosos Industriales y Municipales, las cuales aparecen como beneficiadas en múltiples contratos de participación conjunta.
Una revisión realizada por MCCI a las plataformas abiertas de contratación pública reveló que entre 2012 y 2016 (que es el periodo en el que Stericycle fue investigada por entregar sobornos) las dependencias mexicanas le otorgaron a las siete empresas más de 75 millones de pesos en 47 contratos, de los cuales 24 fueron otorgados por adjudicación directa.