Chihuahua
Eduardo R. Huchim (*)
Aun cuando las suspicacias no sean descartables —¡cómo podrían serlo en tiempo de traición, corrupción y claudicación!—, no debiera descalificarse el acuerdo del gobernador Javier Corral Jurado con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, pero tampoco hiperbolizarlo porque es una batalla ganada, sí, pero es parte de una guerra anticorrupción que continúa con muchos frentes abiertos.
El convenio tiene como ejes principales el compromiso de solicitar la PGR “la detención inmediata” y extradición de César Duarte, “la entrega inmediata” de 900 millones de pesos que Hacienda le adeuda al erario chihuahuense y el traslado a una prisión federal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de participar en la triangulación de recursos de Hacienda al PRI, vía gobierno de Duarte.
Voceros priistas, destacadamente el precandidato presidencial José Antonio Meade, han acusado la supuesta tortura del ex dirigente priista en circunstancias en que Gutiérrez no ha declarado nada en el juicio oral al que está sometido, como precisó Corral a Carmen Aristegui. Evidentemente los torturadores, si los hubiera, exhibirían una aguda ineptitud.
El traslado de Gutiérrez es el elemento más inquietante del acuerdo, porque resulta obvia la intencionalidad del gobierno federal de tener bajo su férula al señor Gutiérrez, en un esquema de control de daños. Pese a todo, no soslayemos que en una negociación las partes deben ceder algo y solo el tiempo dirá si esa decisión no fue un error ni un acto de suprema ingenuidad de Corral.
Pese a los asegunes, lo cierto es que la Caravana por la Dignidad, que recorrió miles de kilómetros entre las ciudades Juárez y México, se fijó dos demandas: extradición de Duarte con todos los delitos que le son imputables y la entrega de recursos retenidos por Hacienda. El gobierno federal se comprometió a ambas. Eso es un triunfo (a menos, claro, que se incumpla) y debe reconocérsele a Corral, aunque desde la desconfianza se le ponga sordina y aun cuando resulte evidente que su lucha debe seguir.
Por ello, y porque el gobernador chihuahuense está dispuesto a continuarla, merece —y necesita— el creciente apoyo ciudadano y plural que ha tenido hasta ahora.
El caso Chihuahua no se circunscribe a esa entidad. Recordemos que las investigaciones del fiscal chihuahuense revelaron no solo la triangulación de recursos de Hacienda al PRI de Chihuahua, sino también al de Veracruz con Javier Duarte y al de Tamaulipas con Egidio Torre.
¿Qué hará el Instituto Nacional Electoral con esas revelaciones? Me temo que nada, me temo que mirar a otro lado, con esa conducta omisa que tantas críticas le cuestan y tanta desconfianza genera. Aunque con base en la Constitución, las leyes comiciales y el artículo 45 de su Reglamento de Quejas y Denuncias puede intervenir de oficio, el INE no lo hace, le huye a ejercer sus atribuciones. ¿Y qué hará la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? Quizá nada tampoco, como nada relevante ha hecho (a partir de la salida de Santiago Nieto) con el caso Odebrecht y Emilio Lozoya, o con la denuncia de Paulo Díez Gargari sobre financiamiento ilícito al PRI mexiquense.
No pasa nada
Repitámoslo: Mientras en otros países son procesados presidentes, vicepresidentes, ministros, legisladores… por sobornos de Odebrecht, en México, vergonzosamente, no pasa nada. La impunidad es un barco con viento en popa al que se suben casi todos los culpables de corrupción y de delitos electorales. Ese barco que navega con velocidad de crucero está llevando al precandidato priista José Antonio Meade muy lejos de la costa victoriosa.
Desde otro ángulo, el caso Chihuahua debiera motivar al Congreso de la Unión a poner fin a la discrecionalidad de Hacienda en la asignación de recursos a los estados, sean del Ramo 23 o de cualquier otro.
El caso Chihuahua, que puso en jaque al sistema político mexicano, puede rendirle más servicios aún a la democracia y la justicia. En ese jaque, el nuevo secretario de Gobernación ha hecho un movimiento que temporalmente cubre al rey, pero a los luchadores anticorrupción, a los luchadores prodemocráticos y a los que cifran sus anhelos en la aplicación de la justicia todavía les quedan muchos movimientos por hacer, en un tablero dominado por una clase política canalla.
Ático
La impunidad es en México un barco con viento en popa al que se suben casi todos los grandes culpables de corrupción y de delitos electorales.
El tiempo dirá si aceptar el traslado de Alejandro Gutiérrez a una prisión federal fue o no un acto de suprema ingenuidad.
En otros países son procesados presidentes, ministros y legisladores por sobornos del caso Odebrecht, pero en México, vergonzosamente, nada pasa.— Ciudad de México
@EduardoRHuchim
Periodista