Anticorrupción
Mario Maldonado Espinosa (*)
Teniendo como sede el alma mater de muchas generaciones, la Universidad Autónoma de Yucatán instaló hace unos días el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en Yucatán.
La novedad de este nuevo esquema en el combate a la corrupción, tanto local como nacional, es que, aunque está conformado por titulares de dependencias públicas y organismos autónomos, dicho Comité lo preside precisamente un ciudadano, es decir, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que salió de organizaciones civiles y educativas.
¿Para qué sirve el Comité Coordinador en el sistema local anticorrupción? Pues será la instancia superior de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objeto será establecer, articular y evaluar la política en la materia, a través de la determinación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Han pasado prácticamente dos años desde que se inició este camino de construcción y consolidación del sistema local. A pesar de ello, la ciudadanía demanda resultados.
Ya están listos los dos comités, el ciudadano y el coordinador, ya se ha nombrado el vicefiscal anticorrupción, pero éste no ha entrado en funciones porque no tiene el personal ni los recursos económicos para su desempeño; se habla de 40, 25 ó 20 alcaldes que han sido denunciados porque no comprobaron sus cuentas públicas y se presume desvío del erario. Serán éstos los primeros investigados por actos de corrupción en el Estado.
Mientras, en otros estados del país, aun cuando se siguen conformando sus sistemas anticorrupción, vemos que exgobernadores y alcaldes u otros funcionarios públicos son llamados a rendir cuentas ante la ley.
Confiamos en que en Yucatán se hará un buen trabajo en el combate a la corrupción, pero insistimos en que las instancias del sistema requieren de todos los recursos necesarios. Un aspecto fundamental es la búsqueda de la autonomía de la Fiscalía General del Estado y en particular de la Vicefiscalía en el combate a la corrupción.
Pero aún falta tener bien armado el sistema, hay que recordar que el sistema anticorrupción también tiene una Secretaría Ejecutiva, es decir, el organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión cuyo objeto será fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Secretaría que aún no existe ni cuenta con recursos para su funcionamiento.
Nos preocupan las recientes declaraciones de la expresidenta del Comité de Participación Ciudadana nacional, quien dijo que la mayoría de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) carecen de independencia gubernamental, una de las principales razones por las que, hasta diciembre del año pasado sólo se registraron 11 de 32 estados de la República, menos de la mitad. Es decir, los problemas que tienen es porque aún no se desligan o se reúsan a que su funcionamiento sea con independencia de los mandatos del gobernador en turno. Y ese no ha sido el objeto de la creación de los sistemas.
En Yucatán necesitamos un sistema robusto que cumpla las funciones para el que fue creado, si no, en vano serán todos los esfuerzos realizados, las demandas ciudadanas y las buenas intenciones para que la corrupción se persiga y castigue.
Estamos seguros de que todos los que intervienen en este Sistema tienen la enorme voluntad para que éste funcione como debe de ser. Ahora toca dar resultados.— Mérida, Yucatán.
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@mariomaldonadoe
Asesor Jurídico