La campaña federal 2018
Freddy Espadas Sosa (*)
El tema de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas ha resurgido con cierta fuerza en los últimos meses, con motivo del histórico proceso electoral que culminará el próximo primero de julio.
De acuerdo con las últimas estimaciones demográficas y lingüísticas, en nuestro país existen alrededor de 25.6 millones de mexicanos que hablan más de 62 lenguas autóctonas o bien se autoadscriben como indígenas, es decir, se consideran descendientes de los pueblos originarios que existían antes de la conquista española (“Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas”, CDI, 2015).
A raíz del levantamiento indígena de Chiapas en 1994, es innegable que se han tenido importantes avances legislativos en materia de derechos indígenas, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas con fuerte presencia de grupos étnicos.
No obstante lo anterior, el ejercicio pleno de estos derechos aún deja mucho qué desear, pues el racismo, la discriminación, la opresión, la voracidad de los intereses económicos y la exclusión política prevalecientes en nuestro sistema socioeconómico impiden que el disfrute de dichos derechos se vuelva parte de nuestra realidad cotidiana.
Así, por ejemplo, en el tema de la participación y la representación político-electoral de los indígenas, se tiene un gran pendiente tanto en las instancias federales como en las de carácter estatal y municipal.
Ante esta situación, el INE admitió recientemente que “el reconocimiento pluricultural de nuestra nación no ha trascendido hacia los órganos de representación del Estado mexicano”, ya que éstos “no reflejan ese carácter pluricultural.” Señala igualmente que en el país existen 28 distritos federales indígenas, determinando que en al menos 12 de ellos los partidos políticos deberán postular a personas que se autoadscriban como indígenas, cuidando asimismo la equidad de género en estas postulaciones (Acuerdo CG-508 del 8 de diciembre de 2017).
Aterrizando este análisis para el caso de Yucatán, el INE revela que los mayas yucatecos no han tenido representación legislativa en los tres distritos considerados como indígenas, pues los diputados federales han sido los siguientes: en 2012, Distrito I (Valladolid): Wílliam Sosa Altamira (PRI, no indígena); Distrito II (Progreso): María del Carmen Ordaz Martínez (PRI, no indígena); Distrito V (Ticul): Alberto Escamilla Cerón (PRI, no indígena). Para 2015: Distrito I: Liborio Vidal Aguilar (PRI, no indígena); Distrito II: Lucelly Alpizar Carrillo (PRI, no indígena); Distrito V: Felipe Cervera Hernández (PRI, no indígena).
Pues bien, para el proceso en curso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictado la última palabra sobre la representación indígena. En su sentencia 726 del 14 de diciembre de 2017, esta instancia aumentó hasta 13 el número de distritos indígenas (Yucatán se quedó con dos: el I y el V), ordenando que los partidos políticos deberán postular a personas que no sólo se autoadscriban como indígenas, sino que se acrediten como tales presentando lo siguiente: a) constancia de identidad y vínculo con su comunidad; b) comprobantes de haber prestado servicios comunitarios; c) constancia de ser representante de alguna comunidad o asociación indígena.
Pero ¿qué ocurre en Yucatán con respecto a esta disposición del TEPJF? ¿Son indígenas los candidatos que han registrado los principales partidos en los distritos I y V? Veamos. Una revisión detallada de los aspirantes registrados por los partidos o coaliciones distintos al PRI nos muestra que ninguno es indígena, y que seguramente habrán utilizado distintos artilugios para cumplir los requisitos establecidos por el TEPJF.
Mención especial cabe hacer sobre los candidatos de la coalición encabezada por el PRI. En el I distrito se ha dado una situación contradictoria y hasta ofensiva para con los pueblos indígenas. Ocurre que, tras una cuestionada gestión como delegado de la CDI, el tricolor registró al cacique de Valladolid, Jesús Vidal Peniche —sobrino del “Amigo Libo”, diputado federal, riquísimo comerciante del oriente y eterno enamorado del poder político—.
Por lo tanto, en caso de ganar, “Chucho” Vidal será el diputado “indígena” de ese distrito, es decir, los mayas estarán “representados” nada menos que por un miembro conspicuo de la clase social que, históricamente, los ha explotado y expoliado de mil maneras. ¡Los indígenas, representados por sus enemigos, háganme ustedes el favor, caros lectores!
Para el caso del V distrito, el PRI –¡oh sorpresa!-, mostró un poco de decoro, pues su candidato, al parecer, es de origen humilde; se trata del Br. Juan José Canul Pérez, quien egresó del albergue indígena “Cecilio Chi”, ubicado en Yaxcopoil (Umán), y posteriormente llegó a ser alcalde de Umán, diputado local y secretario de Desarrollo Social. Él ha dicho que “levantará su voz fuerte con dignidad y orgullo, para fortalecer nuestra herencia maya que es cimiento y origen de nuestra gran cultura yucateca.” ¿Demagogia de siempre al viejo estilo priista o compromiso real con el desarrollo de la depauperada región sur del Estado? El tiempo lo dirá.
Hoy por hoy éste es el panorama que observamos en cuanto a la escasa representación que los mayas yucatecos tendrán, posiblemente, en la próxima legislatura federal. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán