Coparmex Mérida
En la antigüedad, el poder político era ejercido por una asamblea o senado que discutía y aprobaba las leyes, y por un rey o emperador que administraba el reino conforme a estas leyes. Sin embargo, no es sino hasta el año de 1748 cuando encontramos la formulación teórica del equilibrio político a través de la división de poderes.
No cabe duda de que el sistema republicano dentro de un marco democrático es el que mejor lleva a la práctica esta teoría, ya que las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales significan en la vida del Estado un sistema de equilibrio y contrapesos que evita la preponderancia de un poder sobre los otros y con ello se limita la posibilidad de una imposición autoritaria y de un absolutismo del poder.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país tiene un régimen republicano, democrático y representativo, en el que los ciudadanos eligen a las personas que integran los cuerpos legislativos, al Presidente de la República y a los gobernantes de los Estados y municipios.
Pero por la forma tan especial como fue formándose el sistema político mexicano, no se llevó a la práctica la clásica división de poderes; formalmente sí, pero no en los hechos, ya que continuaron siguiéndose los lineamientos del nacionalismo revolucionario que terminó en un Estado de corte corporativo en el que quedaron englobados en un solo partido político una gran cantidad de organizaciones de la sociedad, campesinos, obreros, burócratas, militares y grupos populares, prácticamente casi todas las llamadas ”fuerzas vivas”; se configuró así lo que diversos politólogos denominan Partido-Estado, similar a lo que ocurrió en otros países en las primeras décadas del siglo pasado.
Por esta razón, en el sistema político mexicano se fortaleció el presidencialismo, en el que el Poder Ejecutivo, en la persona del “Señor Presidente”, era el que realmente mandaba, apareciendo en la mentalidad popular una significación muy especial acerca de la palabra “mandatario”. Para una gran mayoría de la población, mandatario era el que manda y el que manda más y por encima de todos, por eso era el “Primer Mandatario”. Conceptualmente, esta mentalidad es un grave equívoco, ya que el que manda en una democracia es el mandante, es decir, los ciudadanos que constitucionalmente son los sujetos originarios de la soberanía y son los que eligen a sus gobernantes que son los mandatarios quienes reciben el mandato de gobernar de acuerdo con la voluntad de los que mandan, esto es, de los ciudadanos.
No es de extrañar, pues, que la elección real, no la formal, se daba desde que el presidente saliente designaba a su sucesor; todo lo demás era un simple trámite legal, pues el proceso electoral seguía su curso, con un resultado anticipado, el triunfo del candidato oficial.
El Nacionalismo Revolucionario fue perdiendo empuje en los distintos países y en México no fue la excepción. Gracias al empuje de las ideas y movimientos ciudadanos, a través de la formación de asociaciones y grupos de la sociedad civil, el sistema tuvo una gradual apertura que llevó a la alternancia en el poder y al fortalecimiento de los partidos hasta el año 2000, aunque es justo decir que tal vez el sistema de partidos se ha exagerado a tal grado de tener un considerable número de ellos que, para sobrevivir, practican un mecanismo de alianzas, unas veces con un partido y otras veces con otro, con tal de seguir manteniendo su registro y continuar obteniendo recursos económicos a través del financiamiento público.
Con todo y sea lo que fuere, el próximo 1 de julio el candidato que salga vencedor tendrá que actuar de tal manera que se distancie de las viejas prácticas políticas de un sistema ya agotado.
Y es aquí donde surge, con más necesidad y responsabilidad cívica la participación de la sociedad y de las organizaciones e instituciones. ¿Dejaremos solo al nuevo gobernante en la toma de sus decisiones y sin cuestionarlo como sociedad como en muchas ocasiones ha sucedido? ¿Pondremos en práctica las lecciones aprendidas de no haber incidido, exigido y participado a tiempo cuando el “Señor Presidente” era el todo, el intérprete fiel de la voluntad popular, el “Primer Mandatario”? ¿Volveremos a las prácticas de un pasado que suponemos ya superado? ¿Regresaremos a la época del poder en manos de un solo hombre?
La respuesta clara y contundente es NO. Nunca más el presidencialismo, nunca más la imposición de un poder sobre los otros. Los mexicanos hemos llegado a un momento crucial en nuestra vida política. Existen organizaciones fuertes, sólidas, con prestigio y liderazgo bien ganado, tenemos una ciudadanía más consciente de su protagonismo participativo, una corriente de aliento por el crecimiento y el progreso que recorre el cuerpo entero de la patria, una gran ansia de bienestar, de oportunidades para crecer, educarse, hacer empresas, vivir con bienestar y seguridad, formar un patrimonio para mejorar las familias, gozar de paz pública.
En consecuencia, sería altamente saludable que el resultado electoral ya muy próximo genere los debidos contrapesos y equilibrios que en toda democracia deben existir, con el fin de evitar el gobierno absoluto de una sola persona, y que quienes resulten ganadores en la contienda asuman sus respectivos cargos con responsabilidad e independencia plena en su actuar, velando siempre y en todo momento por el bienestar de los ciudadanos que los eligieron. Y aunque esto no sucediere, de todas maneras tenemos una ciudadanía diferente que, a través de una estrategia de diálogo civilizado, inteligente y perseverante, exija legítimamente al gobierno una orientación de la acción pública hacia objetivos de bien común. La historia no es fatalista. Es la ciudadanía la que puede abrir nuevos caminos y rehabilitar y renovar la política, porque la política sana y auténtica exige no sólo gobernar bien y para todos de parte de la autoridad, sino también hacerse gobernar bien de parte de la sociedad.— Mérida, Yucatán.
comunicacionsocial@coparmexmerida.org.mx
coparmexmerida
@coparmexmerida