Necesita un análisis riguroso
Eduardo R. Huchim (*)
¿Qué hicieron los delegados federales en los estados ante los excesos y depredación de los presupuestos públicos a cargo de gobernadores como Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés?
Más allá de sus deberes concretos en cada sector, la obligación de los delegados es vigilar la correcta aplicación de los programas federales en las entidades y ser lo que coloquialmente puede definirse como los ojos y oídos del gobierno federal. En la práctica, sin embargo, sobre todo en este sexenio, muchos de esos funcionarios fueron designados por recomendación o, al menos, con el visto bueno de los gobernadores.
Así, muchos ojos y oídos estaban condicionados. Si el gobernador decidía apropiarse de recursos presupuestales, o bien desviar recursos a campañas políticas, los delegados actuaban como Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, los míticos monos que no ven, ni oyen, ni hablan. Lo que muchos —no todos— sí hacían, y lo hacían bien, era incrementar su patrimonio con parte de tales recursos públicos mal empleados.
En este escenario, es claro que resulta difícil justificar la existencia de tales funcionarios, cuyo número actual es de entre 50 y 60 en cada Estado, cada uno con su respectiva burocracia. Con las necesarias excepciones, su existencia ha resultado poco útil y muy onerosa. Tiene sentido, entonces, la intención del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer ese esquema y lograr el ahorro de dinero público, tan necesario para otros fines.
Sin embargo, el proyecto lleva de la obesidad actual a la “famelitud”. Pasar de 60 a uno, como lo anunció AMLO, no parece una buena idea, aunque el esquema anterior resulte indefendible.
Pasemos por alto las adjetivaciones de virreyes, cónsules, procónsules, “siembra” de candidatos, daño al federalismo y similares. Pensemos solo en la necesidad de que la relación Gobierno Federal-estados sea armoniosa y eficaz, en un marco en que parte sustantiva de los ingresos estatales tiene procedencia federal. Bien ejercidas, las funciones de coordinación y vigilancia de los delegados pueden resultar muy útiles y abonar a la optimización en el uso de los fondos federales.
En consecuencia, debería el nuevo gobierno darle una segunda mirada al proyecto de nombrar un solo delegado que, en efecto, concentraría un gran peso respecto a los poderes locales, pero también ofrecería una visión única sobre asuntos cuya diversidad hace prácticamente imposible que un solo hombre o una sola mujer puedan entender, asimilar y transmitir. Aun cuando se tengan equipos especializados, la multiplicidad de los asuntos gubernamentales hace poco aconsejable la unicidad en la representación. Más sensato parece definir un cierto número de áreas y nombrar, de acuerdo con las particularidades de cada Estado, un titular específico para cada una, si bien estableciendo un total máximo y razonable.
Las buenas intenciones del nuevo gobierno deben ser sometidas a análisis rigurosos, tanto en su factibilidad presupuestal como consecuencias futuras. Por ejemplo y respecto a las reducciones de salarios: ¿hay un estudio previo sobre qué porcentaje de funcionarios de alto nivel estarían dispuestos a aceptar ingresos que fácilmente pueden ser duplicados en el sector privado? Es presumible la decisión de “que se vayan”, con la idea de que siempre habrá quien acepte ingresos medios, pero no todo es asunto de pesos y centavos, sino también de capacidades y experiencia. La austeridad no debe ser cobijo de ineficacias e improvisaciones, muy comunes cuando se emplea a personal no calificado. Además, ¿se ha previsto la forma de resolver los problemas tabulares que se generarán y que aun ahora producen inequidades en el Gobierno Federal?
Expectativas
Las grandes expectativas que ha generado AMLO pueden frustrarse si se toman decisiones que, como el arcoíris, pintan bien en el horizonte, pero su belleza es efímera.— Ciudad de México.
@EduardoRHuchim
Periodista