Repercusiones
María del Mar Trejo Pérez (*)
En los últimos días hemos sido testigos de la histórica decisión del Senado: “Paridad en Todo” o “Paridad Total” como circuló en las redes sociales, lo cual se basa en caminar hacia la tan anhelada igualdad de género, prevista en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano fundamental.
Es un tema imprescindible de justicia para lograr sociedades pacíficas, con potencial humano y desarrollo sostenible ya que las mujeres representan el 50% de la población mundial.
Yucatán, que tuvo a la primera regidora municipal en todo el país, las primeras diputadas en un congreso local y fue sede del primer Congreso Feminista en México, sigue estando a la vanguardia contando hoy con un gabinete estatal paritario y con una Secretaría de las Mujeres. Yucatán necesita de esta reforma para lograr más espacios para las mujeres, como lo comprobaron las resistencias en el último proceso electoral 2017-2018 en el que la paridad en candidaturas fue numérica, pero no sustantiva, que permitió avances en la conformación paritaria del Congreso del Estado, y sin embargo, no repercutió en la paridad en presidencias municipales. Por eso las senadoras de avanzada, mujeres que haciendo alianzas con otras no olvidaron el compromiso al llegar al cargo, cumplieron con la responsabilidad de cerrar la brecha de género abriendo espacios a otras mujeres, logrando enarbolar la paridad de género por el respeto de los derechos jurídicos y políticos de otras mujeres.
Por ello es importante recordar que los derechos establecidos en los instrumentos internacionales son una guía a la que se deben adecuar la legislación y ordenamientos nacionales y locales que sirve como una referencia obligada en la defensa, promoción y protección de las necesidades y derechos de las mujeres. Posibilitar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, a través de su integración en cargos públicos de elección popular y en la configuración de la agenda pública del Estado, ha sido una lucha constante y persistente desde diferentes ámbitos de la vida pública y privada.
Esta reforma establece la obligatoriedad del principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como en la postulación de las candidaturas de los partidos políticos que reafirma las acciones realizadas desde la comisión de paridad de género e igualdad de los derechos politico electorales del Iepac en el pasado proceso electoral, que con ahora serán obligatorias. Con esta decisión se consolida un medio eficaz para incorporar también las demandas e intereses prioritarios de las mujeres en las agendas públicas que conforman la base y entorno para impulsar la preparación y formación de las mujeres, garantizando la integración de sus derechos en los ámbitos político, económico, cultural y social.
Con estas nuevas disposiciones, incluir el principio de paridad de género en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena marcará un precedente que reivindicará los derechos político electorales de nuestras comunidades indígenas en Yucatán. No podemos olvidar que actualmente, de los ayuntamientos a nivel nacional, sólo el 12% está conformado por alcaldesas y en Yucatán el 28%. Lo anterior debido en gran medida a las barreras estructurales que enfrentan las mujeres por su condición de género.
Queda clara y definida la tarea para las legislaturas de estatales que deberán realizar las reformas correspondientes para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad de género, estableciendo debidamente en la ley las formas y modalidades que correspondan. Enhorabuena.
Consejera electoral