¿Y el gobernador?
Freddy Espadas Sosa (*)
A poco más de un año de su ejercicio constitucional, parece que al gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal se le está “juntando el lavado con el planchado”, como bien se dice en el argot popular.
De acuerdo con el artículo 12 del Código de la Administración Pública de Yucatán, el gobernador del Estado es el titular originario de todas las atribuciones y facultades conferidas legalmente al Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo se encomiendan a otros servidores públicos.
De manera atinada, el artículo 13 de dicho ordenamiento prescribe que la distribución de funciones que este código establece para servidores públicos subalternos no impedirá al gobernador el ejercicio directo de sus atribuciones y facultades cuando así lo considere. Esta disposición indica que el gobernador es, en primera y última instancia, el responsable del funcionamiento adecuado de la administración pública estatal.
Sin embargo, los graves problemas que se han estado difundiendo en las últimas semanas ponen en serio predicamento la actuación del Ejecutivo y exhiben como falacia la “calificación” que se le asignó recientemente en el sentido de que “es el gobernador mejor evaluado del país.”
En el caso del Isstey, las últimas denuncias hechas por sus pensionados y jubilados son tan solo la gota que está derramando el vaso en torno a la situación de quiebra financiera que vive esta noble institución, derivada de la corrupción rampante con que fue manejada durante las dos administraciones estatales pasadas.
Por tal motivo, es indispensable que el Ejecutivo, en coordinación con el Poder Legislativo y con la colaboración de los expertos del ramo, se avoquen de inmediato a la elaboración de un nuevo proyecto administrativo y financiero para el Isstey, de tal manera que pueda recuperar a corto plazo su plena viabilidad económica y social.
En este proceso de reestructuración del Isstey, el gobierno estatal y el Congreso local deben garantizar invariablemente tanto el pago puntual de las pensiones y jubilaciones, como la cobertura de los otros servicios fundamentales que otorga la institución.
De igual manera, es necesario exigir a las instituciones de procuración de justicia y de combate a la corrupción, que atiendan sin dilación alguna ni excusas legaloides las graves denuncias presentadas por la diputación del PAN en contra de seis exdirectores del Isstey y de otros exservidores públicos, pues resulta inaceptable para la sociedad que el presunto saqueo y los desvíos económicos sufridos por este organismo queden en la total impunidad (D. Y., 5 de noviembre, Local, p. 3).
En relación con el escándalo público que se ha desatado en torno a la actuación de la titular de la Secretaría de Fomento Turístico —referido al manejo presumiblemente irregular de cuantiosos recursos del erario y a la plausible opacidad que se percibe en los gastos generados por los grandes eventos que han corrido a su cargo— es indispensable que el gobernador deje de hacerse de la vista gorda y salga a dar la cara ante la ciudadanía para informar con total transparencia qué es lo que está ocurriendo en dicha dependencia y qué se propone hacer, en su caso, para aplicar los correctivos necesarios y enderezar el rumbo en este sector fundamental para la vida económica de nuestra entidad.
Con respecto a la situación prevaleciente en la UPN —explicada en este mismo espacio por el suscrito y por el maestro Macedonio Martín Hu— reiteramos nuestra exigencia expresada en dos oficios entregados al gobernador Vila Dosal hace unos días: suspender la implementación de la Convocatoria para la renovación de la Dirección, emitida unilateralmente por el titular de la Siies, Bernardo Cisneros Buenfil, en virtud de que dicho documento es violatorio de la normatividad vigente en la UPN, amén de que no existen las condiciones internas para llevar a cabo dicho relevo institucional.
Finalmente, exigimos al Ejecutivo que sea atendida la denuncia pública hecha por la reconocida activista Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien reclama la restitución de la custodia policial que le corresponde por ley y que indebidamente le fue retirada no obstante que ha sido arteramente amenazada de muerte (D.Y., 4 de noviembre, Local, p. 12).
¿Es mucho pedirle al primer servidor público del Estado que cumpla con sus responsabilidades y que atienda de manera efectiva los problemas aquí reseñados, habida cuenta de que, al parecer, sus subalternos no tienen la voluntad, la capacidad ni la sensibilidad para hacer lo que les corresponde?
Muchos ciudadanos sostenemos que lo aquí planteado es lo mínimo que podemos demandar al gobernador “mejor evaluado del país”. Veremos.—Mérida, Yucatán
canek_1999@yahoo.com.mx
Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A