Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
“¿Para qué son los retenes en Ciudad Caucel? Tengo miedo”, preguntó una persona al gobernador de Yucatán Mauricio Vila en Twitter. “Para invitar a la gente a quedarse en sus casas y así cuidarnos entre todos, no tengas miedo, unidos vamos a salir adelante”, respondió el mandatario.
En esta crisis provocada por la pandemia del Covid-19, han surgido preocupaciones por la situación de los derechos humanos en diversas partes del mundo, que van desde el acceso a la salud, la violencia de género al interior de los hogares y la restricción de derechos civiles y políticos. Las inquietudes también han florecido en Yucatán.
El pasado 29 de marzo, el gobierno de Yucatán publicó un documento en el que se avisa que “la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con Coronavirus Covid-19 debe acatar las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno del Estado para evitar el contagio, de lo contrario podrían ir a prisión hasta por 3 años y ser acreedores a multas de hasta $86,800 en esta emergencia sanitaria”.
Para algunas personas defensoras de derechos humanos, la medida del gobierno de Yucatán representa un peligro, ya que, como han comunicado las autoridades, los síntomas del Covid-19 pueden ser los mismos que los de muchas otras enfermedades. Pero, sobre todo, la medida significa criminalizar la pobreza, ya que, como han documentado diversos medios de comunicación, muchos trabajadores informales y personas en condiciones de pobreza se ven obligadas a salir de sus casas para obtener un ingreso. De lo contrario, no tienen qué comer.
De acuerdo con una nota publicada por Diario de Yucatán en enero de 2018, para ese entonces el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculaba que en Yucatán 419,507 personas trabajaban en el sector informal. Según el portal “México ¿cómo vamos?”, el año pasado la tasa de informalidad de Yucatán era del 58.2%, una tasa superior al nivel nacional (51.9%).
Un reportaje de “The New York Times” relata cómo algunos trabajadores informales de México están menos preocupados por “contraer el virus que [por] los efectos económicos de la pandemia”. Por lo tanto, salen de sus casas para trabajar. El mismo reportaje documenta que, en Perú, “más de 21,000 personas, entre ellos vendedores ambulantes y otros trabajadores de la economía informal, han sido detenidos por no cumplir con el mandato oficial de quedarse en casa” (30-3-20).
Quiero pensar que no llegaremos al nivel de Perú. Pero, independientemente de las detenciones y multas propuestas por el gobierno de Yucatán, lo cierto es que estas medidas contribuyen a generar un ambiente de miedo y amenaza que se suma al estado de estrés y ansiedad generalizado provocado por la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas.
Con razón, las medidas punitivas del gobierno de Yucatán han sido criticadas por especialistas y organizaciones de derechos humanos. En el artículo “¿Cárcel para quienes no se queden en casa?” publicado en “Animal Político”, Estefanía Vela, directora de la organización de políticas públicas Intersecta, recuerda que la Organización de las Naciones Unidas ha llamado a no recurrir a medidas estigmatizantes y punitivas, ya que “rara vez son efectivas o necesarias. Más que ayudar a proteger la salud pública, pueden incluso socavar las respuestas epidemiológicas”.
Por su parte, la organización de derechos humanos Elementa —que elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Yucatán—, publicó un comunicado el pasado 1 de abril en el que expresan su rechazo por “las medidas adoptadas por el gobierno de Yucatán que utiliza la criminalización del contagio para atender la pandemia del Covid 19”. En el documento, aseveran que los delitos por “riesgo de contagio” “no son una medida que ayude efectivamente a evitar la propagación de la pandemia. Preocupa que el efecto inmediato de la aplicación de este tipo de delitos sea la criminalización de la pobreza, dado que se llevaría a castigar a quienes por necesidad no tienen posibilidades de quedarse en casa sin perder de manera significativa o total los ingresos que reciben”.
En este contexto, diversas organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades de tomar medidas con un enfoque de derechos humanos. En Yucatán, el Equipo Indignación publicó un comunicado el pasado 27 de marzo en el que reconoce “el gran porcentaje de población vulnerable en Yucatán por condiciones subyacentes como diabetes, hipertensión, VIH-Sida y edad, entre otras”. Tomando en cuenta estas condiciones, Indignación exigió al gobierno y al Congreso del Estado “un enfoque basado en derechos humanos y atención humanitaria que priorice el derecho a la salud y la atención de la población más vulnerable para enfrentar esta contingencia” y que las decisiones se tomen “en conjunto con el pueblo maya de Yucatán”.
Ahora bien, ¿en qué consisten las medidas con un enfoque de derechos humanos? Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha publicado el documento “Directrices relativas a la COVID-19”, en el que aseveran que “el respeto de los derechos humanos en todo su espectro, que abarca tanto a los derechos económicos y sociales como civiles y políticos, será fundamental para el éxito de la respuesta de la sanidad pública”.
Las directrices de la ONU-DH abordan cuestiones de acceso a la atención médica; los límites de las medidas de emergencia; que nadie quede rezagado, particularmente los grupos vulnerables; vivienda; personas con discapacidad; personas detenidas o recluidas en instituciones (la ONU-DH ha elaborado el documento específico “Orientación provisional sobre COVID-19: Enfoque en personas privadas de libertad”); información y participación; estigmatización, xenofobia y racismo; migrantes y refugiados; repercusiones sociales y económicas; privacidad; género y agua y saneamientos.
Por su parte, la importante organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó el documento “Las Américas en una encrucijada: respuesta de derechos humanos al COVID-19. Lo que las autoridades deben y no deben hacer al implementar medidas de salud pública”. Los lineamientos son similares a los de la ONU-DH: no discriminar; no dejar atrás a los grupos marginados y a quienes más riesgo corren; no recurrir a la represión o al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía al ejercer labores de control de las medidas de salud pública que requieran restricciones a la libertad de circulación o privación de libertad; no censurar o limitar el acceso a la información basada en datos o medidas de prevención; garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la seguridad social; garantizar el acceso a agua, saneamiento y atención médica adecuados para todas las personas y participar en la cooperación y asistencia internacionales; garantizar un enfoque de género y proteger el derecho de las personas a la privacidad.
Se podrían dedicar artículos enteros a cada una de las directrices o lineamientos de ONU-DH y Amnistía Internacional. Por límites de espacio, comento solo algunas cuestiones que me parecen fundamentales. En su directriz sobre las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos, la ONU-DH plantea que dichas medidas son permitidas por el derecho internacional “a condición de que esas medidas sean proporcionales al riesgo previsto, sean necesarias y se apliquen de forma no discriminatoria”.
Asimismo, recuerda que “algunos derechos no pueden derogarse, entre otros el principio de no devolución, la prohibición de la expulsión colectiva, la prohibición de la tortura y los malos tratos, y la protección contra el uso de la detención arbitraria”.
Como ha documentado Elementa en el informe “Derechos humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil” (2019), las detenciones arbitrarias son un grave problema de derechos humanos en Yucatán. Entre 2007 y 2019 la Codhey emitió 45 recomendaciones por casos de detenciones arbitrarias y actos de tortura. En este escenario, resultan legítimas las preocupaciones por las posibles detenciones arbitrarias de personas que, por subsistencia, tengan que salir de sus hogares y presenten algún síntoma del Covid-19.
Tanto la ONU-DH como Amnistía Internacional enfatizan que “nadie debe quedar rezagado” y que no hay que “dejar atrás a los grupos marginados”: minorías nacionales étnicas o religiosas, pueblos indígenas, migrantes, personas de edad avanzada, que viven con alguna discapacidad y miembros del colectivo LGBTI.
En crisis como la actual, se vuelve aún más evidente la necesidad del reconocimiento legal del matrimonio igualitario, particularmente por sus implicaciones para la salud y seguridad social de las parejas del mismo sexo. Las diputadas y diputados de Yucatán no pueden continuar con el discurso de que “la sociedad no está lista” para aprobar el matrimonio igualitario.
Las medidas para atender la pandemia del Covid-19 deben ser formuladas desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, poniendo siempre, en primer lugar, la dignidad de las personas y las condiciones necesarias para su realización. La crisis actual también ha revelado lo mucho que falta por hacer en el Estado en materia de derechos humanos, como a la salud, una alimentación sana, al agua o un medio ambiente sano. La agenda es larga y hay mucho por hacer.
Investigador del Cephcis-UNAM