Propuestas aplastadas
Eduardo R. Huchim (*)
La revisión judicial del proceso de registro aumentó a diez el número de partidos políticos, produjo resoluciones cuestionables y, lo peor, confirmó que la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue siendo aspiración. No es que el TEPJF haya comenzado ahora a ser dúctil y genuflexo ante los poderosos. Lo ha sido siempre y continúa siéndolo, en medio de alarmantes versiones sobre el tráfico de sentencias.
La primera integración de la Sala Superior hizo notables aportaciones a la causa democrática y al derecho electoral, pero lo que vino después fue un diminuendo que fue apagando las luces. Lo que tenemos hoy en Carlota Armero es un vergonzoso órgano, en el cual, a pesar de todo, brillan individualidades cuyas sensatas propuestas son aplastadas por la mayoría. Eso ocurrió en la sesión vespertina del miércoles 14 de octubre, que concluyó pasada la medianoche.
Me detendré en los casos de México Libre y Encuentro Solidario.
Un hecho relevante con respecto a México Libre es que, como pocas veces ha ocurrido, el dinero ilegal fue detectado y usado como factor determinante para negarle el registro tanto en el INE como en el TEPJF. El hecho contrasta primero con la conocida ineficacia del INE en fiscalización y luego con la conducta del TEPJF, que ha revocado resoluciones del INE cuando excepcionalmente el Instituto ha hecho un adecuado trabajo en esa materia.
Margarita Zavala y Felipe Calderón, líderes de México Libre, no son ajenos a irregularidades en materia electoral y en este caso no pudieron —ni parecen haber querido— solventar las observaciones del INE con respecto a sus gastos e insistieron en usar una plataforma, Clip, que no permitía saber el origen de las aportaciones. El monto de las irregularidades fue por 2.446,755.82 pesos, de los cuales 1.051,000.00 correspondieron a Clip. Es decir, aplicando un criterio estricto, había razones fundadas para negarles el registro. Sin embargo…
Hay un contraste con el tratamiento que recibieron otras organizaciones cuyos gastos también tuvieron inconsistencias y cuyo registro también había sido rechazado por el INE, pero la negativa fue revocada por el Tribunal. Se trata de Fuerza Social por México, impulsado por el líder sindical Pedro Haces, y Redes Sociales Progresistas, dirigido por Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo. Las irregularidades, que incluyeron la participación de sindicatos, fueron consideradas irrelevantes por el TEPJF, que ordenó otorgarles el registro.
Si en el caso de México Libre hubiera regido el mismo criterio, lo procedente era reponer el procedimiento para que el INE emitiera una nueva resolución. No lo hizo así la Sala Superior y su marcada parcialidad, también presente en el caso del PES, dio pie a la especie de que actuó conforme a la línea enviada desde Palacio Nacional (no necesariamente de Presidencia, pero sí de una oficina cercana) y/o del Senado, para favorecer a aliados de Morena y/o a eventuales precandidatos presidenciales.
La devolución del caso México Libre al INE fue propuesta y argumentada infructuosamente por los magistrados Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes emitieron votos particulares.
Por su parte, el Partido Encuentro Solidario (PES) también fue beneficiario de la manga ancha del TEPJF, después de haberlo sido de la flexibilidad del INE. Ni consejeros ni magistrados quisieron ver las evidentes violaciones constitucionales y legales que conllevó la participación probada, personal y financiera, de ministros del culto en la constitución de ese partido.
El artículo 130 de la Constitución, orientado por “el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”, establece literalmente que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna” (énfasis propio). El PAN citó en su demanda la participación de 15 asociaciones religiosas en la constitución del PES, y el proyecto de sentencia original, presentado por la magistrada Otálora, detalló la participación de ministros y ministras de culto, así como sus aportaciones económicas. Inútil, nadie acompañó a la magistrada en su sólida argumentación.
Fue aciaga, para la democracia y el estado de derecho, la noche del 14 de octubre de 2020.—Ciudad de México
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@EduardoRHuchim
Periodista