El escándalo del fiscal de Yucatán
Filiberto Pinelo Sansores (*)
Las varias entregas de la interesante investigación sobre la conducta del fiscal general del Estado de Yucatán, hecha por Central 9 de Grupo Megamedia, ponen en evidencia, no solo al funcionario, sino al sistema político mismo de la entidad que, regido aún por las fuerzas que tradicionalmente lo han gobernado, PRI y PAN, auspicia que los cargos públicos sean instrumento de botín o fuente de arbitrariedad para quienes los ocupan.
Pese a las promesas de campaña, siguen privando concepciones patrimonialistas o de conveniencias políticas interpartidistas en decisiones importantes de quienes llegan al poder. Simulan ante el electorado y, al triunfar, actúan con las mismas concepciones creadas hace décadas.
La célebre frase de “no me des, mejor ponme donde hay” se materializa en algunos nombramientos que otorga el nuevo gobernante en turno a quienes, de este modo, pasan a ocupar cargos —de importancia o no— en el aparato institucional.
Otros cargos se reservan para grupos que apoyaron con dinero en las campañas. Y otros más para arreglos políticos en las alturas en beneficio de personajes que sirvieron en gobiernos anteriores —del partido político desplazado—, como concesiones a grupos de poder del gobierno que se fue, sobre todo, si quien recibe el nombramiento ha sido eficaz en tareas específicas como la de reprimir —violando incluso derechos humanos— a adversarios políticos del gobierno al que se sirve, especialmente en periodos electorales, pues no vaya a ser que en el futuro sean necesarios sus servicios.
En uno de los episodios que se narran en la investigación señalada destacan las palabras del alto funcionario puesto al desnudo —digno de protagonizar alguna novela de Mario Puzo, el autor de “El Padrino”—, que dice a un interlocutor: “Se vende bien Saidén… no respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la m…, luego me los manda como si fuera flagrancia”.
Mejor demostración de que la tortura es carta común en nuestra entidad y que, peor aún, este gobierno la permite, no puede haber otra. La permite, sí, porque es imposible que el gobernador no sepa lo que hacen sus subordinados, sobre todo en materias tan sensibles como la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos, que están a la vista de todo el mundo.
Si así fuera, si no estuviera enterado, sería un gobernante físicamente sordo y ciego, que no es su caso, porque ve y oye muy bien y ha demostrado ser muy “vivo” para los asuntos de su conveniencia. Es obvio, entonces, que sabe lo que ocurre.
Lo que sucede es que los intereses creados de su gobierno le han impedido actuar hasta hoy, cuando obligadamente lo ha tenido que hacer porque estalló la bomba. Entonces, si está enterado de lo que hacen sus subordinados y aun así ha permitido los abusos y atropellos que cometen —como los que el exfiscal atribuyó al jefe de la policía estatal y los que la investigación de Megamedia revela que cometió él, en el desempeño de sus respectivos cargos—, entonces, también la de él, como gobernador, está en entredicho.
No debiera, por tanto, estar sentado solo en el banquillo de los acusados el funcionario defenestrado sino, por lo menos, todo el andamiaje del gobierno al que pertenece, caracterizado —en el breve lapso de dos años— por sus escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses.
En cualquiera de los dos temas, el de los negocios con especuladores de tierras y el de la tortura a quienes se les “rompe la m…” en la policía yucateca, independientemente de si sabía o no, el gobernador Mauricio Vila está obligado a dar cara a la opinión pública para explicar por qué permite que en su gobierno haya funcionarios que transgreden la ley y violan derechos humanos.
Parecería que el tiempo no ha corrido desde los lejanos días en que el PRI-gobierno señoreaba en la entidad y la mayor parte de sus funcionarios, a vista y paciencia de todo mundo, cometían las aberraciones y arbitrariedades más increíbles porque las normas de la democracia no habían calado, con alguna hondura, en ella.
En ese entonces, era fácil que se viera normal que los políticos y sus amigos se repartieran el botín usando los cargos públicos como herramienta, pero ahora las condiciones han cambiado y una de las principales exigencias sociales es que a esos cargos llegue gente decente y no aventureros en busca del enriquecimiento fácil.
El encargado de la procuración de justicia en la administración local ha roto, por lo visto, hasta aquí, todos los records del descaro en el uso del cargo para hacer negocios. Nunca antes se había podido sorprender “en vivo y a todo color” a un fiscal general —antes procurador de Justicia— en el acto de cometer ilícitos tales como el cohecho, el soborno y los que se acumulen, en el desempeño de su función.
Esta conducta amerita no solo su cese sino su consignación ante la justicia, pero no solo de él, sino de sus posibles cómplices, por acción u omisión, dentro del engranaje oficial.
No es admisible que hasta hoy, sobre el tema, solo se haya manifestado y de manera escueta y legaloide la secretaria general de Gobierno, María Fritz, mientras el gobernador guarda ominoso silencio.
En sus respuestas a las preguntas hechas en la entrevista que concedió al Diario sobre el asunto, muestra que al gobierno estatal no le interesa profundizar en ninguna investigación para llegar a la verdad. A la pregunta, por ejemplo, de si “sabía que el fiscal Cetina Arjona se negó a tramitar una orden de cateo a la Policía Estatal de Investigación, el jueves 6 de agosto, para entrar a las oficinas del empresario Gabriel Guzmán Millet, donde se habrían escondido los responsables de un robo”, responde: “En la carpeta de investigación no aparece solicitud alguna de cateo, en ese día, en la oficina a la que se hace referencia” (D. de Yuc., 10-11-20).
Como se observa, no responde sobre el hecho del que se le interroga, sino de otro: la existencia del papel que lo comprobara, cuando tan fácil sería preguntarle al jefe policiaco —Saidén— si solicitó tal orden y qué se le respondió y como tan sencillo es, asimismo, eliminar papeles comprometedores de una carpeta para lavar rastros de acciones irregulares.
Sus respuestas muestran obstinación por encubrir el megaentuerto en que está involucrado el gobierno del que forma parte. Mientras tanto, los órganos contra la corrupción, empezando por el fiscal anti-eso, gozando de cabal salud.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español, especialista en política y gestión educativa