Y con el relevo de la presidencia ya en marcha
Por David Domínguez Massa (*)
A poco más de cuatro meses de que se acabe el periodo de María de Lourdes Rosas Moya como presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), el proceso para renovar ese puesto ya está en marcha.
Sin embargo, la convocatoria ya emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) descarta a quienes se consideraba fuertes candidatos a suceder a la presidenta y empiezan a perfilarse otros funcionarios electorales del estado.
Por cierto, María de Lourdes Rosas pasará a la historia electoral de Yucatán como la primera presidenta que deja quebrada a esa institución, al dejarle a su sucesor una deuda de más de 14 millones de pesos y sin dinero para pagarla.
De acuerdo con la convocatoria emitida por el INE, la carrera por sustituir a la presidenta del Iepac arrancó el pasado jueves 29 de abril, cuando se abrió el registro de candidatos, como se establece en el documento al señalar que se deberán llenar los formatos para la presentación de los requisitos para los aspirantes, del día antes señalado hasta este viernes 14 de mayo, en el siguiente vínculo: https://vinculacion.ine.mx/sivople/app/capturaCurriculumPublico.
Algunos desde antes ya se preparaban reafirmando sus conocimientos en materia electoral para contender por el cargo. Uno de los considerados fuertes candidatos para suceder a la presidenta era José Antonio Martínez Magaña, quien en septiembre pasado concluyó su periodo de siete años como consejero electoral del Iepac, con amplia experiencia por su participación en más de 10 procesos electorales, entre federales y estatales.
Era considerado muy posible sucesor de la presidenta por su amplia y reconocida trayectoria profesional en el ámbito electoral, pues casi 30 años fue el vocal del Registro Federal Electoral (RFE) del INE en Yucatán, incluso al menos un año fue el director nacional de esa institución, donde destacó en los últimos años por obtener las calificaciones más altas del país en las evaluaciones que frecuentemente hace el organismo a su personal, y fue electo dos veces consejero estatal.
Pero tanto él como Ignacio Antonio Matute González y Jorge Valladares Sánchez, quienes junto con Martínez Magaña concluyeron su periodo de consejeros electorales estatales en septiembre pasado y también aspiraban a suceder a la presidenta del Iepac, quedaron eliminados por la convocatoria del INE, que en su punto número 11, a la letra dice:
“No haber sido designada o designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán o de cualquier otra entidad federativa”.
En este caso, los tres fueron seleccionados hace siete años para ser consejeros del Iepac, y eso los elimina en automático.
Si de trayectoria, experiencia y conocimientos se tratara para elegir al nuevo presidente electoral de Yucatán, entre los que hasta ahora ya levantaron la mano para apuntarse está Armando Valdez Morales, actual magistrado electoral del Estado, órgano colegiado que ya ha presidido, y quien antes fue también funcionario durante muchos años del Iepac, cuando incluso tenía otro nombre esta institución.
De cualquier forma, quien resulte designado por el INE para presidir durante siete años el Iepac, tendrá como primer problema enfrentarse a la situación de quiebra en la que recibirá esta institución, por demandas jurídicas que —en opinión de expertos en la materia de derecho— eran muy fácil de resolver y los perdió María de Lourdes Rosas.
Decimos que los perdió, porque aun cuando ella no es abogada de profesión, como presidenta sí es la responsable de los actos y de lo que suceda en esa institución. En este caso se considera una mala decisión la de contratar, antes de que fuera funcionario, al exfiscal del Estado Wílbert Cetina Arjona para defender al Iepac de una denuncia mercantil. Basta recordar la salida escandalosa de Cetina de esa dependencia, entre acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos.
La empresa demandada por el Iepac es Red de Voz y Datos, que no cumplió en 2018 con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el cual fue contratado. Lo que intentaba el Iepac era que la empresa devolviera el dinero que se le entregó como anticipo de esos trabajos, que eran algunos millones de pesos.
Sin embargo, al ser nombrado fiscal del Estado, Cetina Arjona le encomendó el caso a uno de los abogados con los que trabaja su despacho. En el proceso, que se inició en 2019 cuando presentaron la demanda, no solo no ganaron, sino que el Iepac pasó de demandante a demandado y ya perdió el juicio en primera instancia. El juez condenó al Instituto electoral a pagarle más de dos millones de pesos a la empresa.
Por cierto, el monto a pagar por el Iepac sigue aumentando cada día, porque los directivos del Instituto decidieron apelar la resolución y se fueron a la segunda instancia. Desde hace ya algunos meses se espera salga la resolución, que muchos dicen sería en el sentido de confirmar la sentencia del juez contra la institución electoral, a pesar de que el empresario en un momento ofreció llegar a un arreglo, pero fue rechazado.
A esa demanda perdida ya en primera instancia, el mes pasado se le sumó un laudo laboral conformado en los juzgados federales, donde se ordena al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios reponer el proceso en favor del trabajador demandante, para que el Instituto Electoral le pague una indemnización de alrededor de 12 millones de pesos.
Se trata de una demanda presentada por José Luis Alvarado Góngora, quien se desempeñaba como jefe de los servicios generales del Iepac hasta 2014, cuando llegó a la presidencia María de Lourdes Rosas y lo despidió. Aunque públicamente ella niega haberlo despedido, el trabajador la demandó por despido injustificado y a fines de abril pasado el Tribunal Colegiado en el Estado falló a favor del demandante.
En este caso la consejera presidenta dejó todo en manos del director jurídico del Iepac, Bernardo Cano González. A decir del abogado defensor del trabajador demandante, se pudo resolver con el pago de 50 mil pesos que demandaba como indemnización, pero como no lo aceptaron, ahora que ganaron el laudo les deberán pagar alrededor de 12 millones de pesos.
Cuando se le pregunta a la presidenta sobre estos casos, solo dice que continúa el proceso y por lo mismo no puede hablar de ellos. Si bien ha dicho que tienen el dinero para pagar a la empresa por el PREP, en el caso del laudo en su contra recientemente declaró de plano que no tienen para pagar.
Por tanto, el nuevo titular del Iepac, quien sea, recibirá no sólo una institución endeudada, sino además sin los recursos suficientes para los compromisos, por lo cual deberá empezar por hacer uso de sus mejores talentos para negociar y buscarle una salida al grave problema económico de la institución electoral.— Mérida, Yucatán.
Reportero de Megamedia