El alcalde y el gobernador
Ni uno ni otro gobiernan para el pueblo. Ni Renán con sus alzas de impuestos a los meridanos, ni Vila con sus oídos sordos a las constantes denuncias sobre la conducta de sus policías, actúan con apego a los intereses de la sociedad.
El alcalde se dispone, como ha hecho cada año, excepto el anterior —y en cada uno de sus tres administraciones—, a elevar los gravámenes municipales.
El gobernador, por su parte, intenta escapar, por enésima vez, de la responsabilidad que tiene por la actuación de sus cuerpos policiacos.
Barrera ha enviado al Congreso su propuesta de Hacienda en la que pretende incrementar el cobro del impuesto predial con los consabidos argumentos de estar tratando de proteger el interés de los propietarios de predios de la ciudad, pues al elevar el valor catastral a éstos, dice, se elevará el precio al que podrán venderlos sus dueños y, además porque —asegura— la Constitución General de la República lo obliga.
No es el único impuesto que quiere incrementar. Como se sabe, también pretende hacerlo con otros, como el ISAI (Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles), con un alza que lo duplica.
Ha de pensar que sus gobernados carecen de capacidad pensante. Ahora resulta que la fracción panista en el Ayuntamiento meridano, que es la que aprobó las alzas, pues las otras dos votaron en contra, está muy preocupada por el bolsillo de los habitantes del municipio que son propietarios de sus viviendas y, para protegerlos, les va a subir este impuesto, como si el precio de venta de un predio se rigiera por el valor catastral que tiene y no por la cantidad que un comprador está dispuesto a dar por él, o como si todos los dueños de casas estuvieran pensando en venderlas.
No es cualquier bicoca lo que tendrán que erogar éstos, si se aprueba su propuesta, pues aunque por la pandemia, el año pasado, no llevó al cabo su acostumbrada elevación anual del predial, ahora se va a desquitar, pues el porcentaje que no aplicó en 2021, lo aplicará en 2022, sumándoselo al de éste; así, el aumento para el nuevo año será de 9.5 por ciento, en términos generales. Un gravamen que se agregará, con enorme peso, a otros que también aumentarán, a cuenta del Ayuntamiento o del gobierno estatal, que para esto se pintan solos.
No hay ninguna actitud del alcalde que muestre que está dispuesto a revisar los dispendios de su administración; por el contrario, en lugar de disminuir sueldos y privilegios con cargo al presupuesto, reducir redundantes puestos de confianza y revisar onerosos gastos de promoción de imagen de su titular, prefiere meter mano en el bolsillo de los contribuyentes, que cada día están más secos. Mejor engaña a la sociedad con el cuento de que los protege ante los compradores de sus casas y de que les sube el impuesto porque no le queda de otra, pues un transitorio de la Constitución del país lo obliga.
Este transitorio, el artículo Quinto de la reforma que se le hizo al artículo 115 de la Carta Magna, en 1999, dice sólo que “Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos” procederán “a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro” de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; pero no dice que cada año los Ayuntamientos estén obligados a repetir la operación. Basarse en él para eludir la responsabilidad en la puñalada que se dispone a asestar es indicativo de que sabe que no tiene razón para darla pero no está dispuesto a ceder.
Vila, por su parte, se sigue haciendo el desentendido ante hechos que demuestran que sus cuerpos de seguridad tienen fallas estructurales —vicios ocultos, podríamos decir— que de vez en cuando salen a la luz. Esta cara oscura se pone de manifiesto a cada rato. Atropellos propios de república bananera se contraponen con la imagen de policías civilizadas que de estos cuerpos pretenden dar quienes son los responsables de su forma de actuar.
El domingo 21 de noviembre se publicó en estas páginas, de manera muy amplia el caso del empresario tabasqueño, su esposa y su socio que, días antes, el jueves 18, fueron víctimas de varios atropellos —encadenados unos con otros— cometidos presuntamente, por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que los detuvieron, y de la Policía Estatal de Investigación (PEI), que forma parte de la misma dependencia, que los maltrató y los despojó.
“Yo tenía 15 mil pesos en mi cuenta, pero me obligaron a darle el pin de mi tarjeta. Me dijeron que solo me van a dejar dos mil pesos y que después yo la reporte como extraviada”, declaró una de las víctimas. No sólo fueron detenidos arbitrariamente, humillados y amenazados sino que cuando, después de 15 horas, fueron liberados su domicilio había sido saqueado (D. de Yuc., 21-11-21).
Un asunto como éste es para que el máximo responsable de lo que sucede en las dependencias del estado que gobierna hubiera, de inmediato, respondido a las denuncias comprometiéndose a investigar los hechos y a dar cuenta de sus resultados; sin embargo, despreciando a la opinión pública, ha callado despectivamente como lo haría un monarca que no rinde cuentas a nadie.
Han pasado muchos días y no fructifican los intentos de sacarle alguna palabra por los periodistas que pretenden alguna información sobre el grave suceso. Tan parlanchín que es cuando se trata de cosas intrascendentes o que le sirven para el fomento narcisista de su imagen, rehúye las preguntas cuando se trata de asuntos que la ponen en entredicho. Ha llegado al extremo de llamar a sus guaruras cuando la prensa lo cuestiona sobre el tema, como hizo el jueves 14, ante la pregunta de un reportero. “No te va a contestar, ya le preguntaste y no quiere contestarte”, le dijo a quien hizo la pregunta uno de sus guardaespaldas.
Todavía no se aclara el caso del joven Ravelo Echevarría, en que la Fiscalía General de la República descubrió que la Fiscalía General del Estado alteró pruebas para incriminar a presuntos responsables en la muerte de aquél, y ya otra de sus dependencias, la SSP, se ve involucrada en otro hecho turbio que requiere aclaración por parte de la máxima autoridad del Estado. Pero ésta calla, lamentablemente.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa