A la conquista de más espacios
Todo parece confirmar que el Poder Legislativo, con su mayoría panista, será el brazo armado del Poder Ejecutivo no solo en la aprobación de iniciativas favorables a la administración estatal sino también en la “conquista” de más espacios.
Y los primeros espacios, muy codiciados, están en el Poder Judicial, considerado el último reducto de lo que alguna vez fue la aplanadora priista. En 2022 vencerán los períodos de gestión de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia: Luis Felipe Esperón Villanueva, en junio, y Adda Lucely Cámara Vallejos y Marcos Alejandro Celis Quintal, en diciembre, y ya se ven ciertos movimientos tendientes a sustituirlos por abogados afines al Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, como se hizo recientemente con la selección de un nuevo consejero de la Judicatura del Estado.
Como están las cosas, no parece que pudieran encontrar obstáculos a la hora de las designaciones. Por principio de cuentas, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, ya le está haciendo guiños políticos al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial, Renán Marcelino Puc Chi, quien está al frente de protestas en demanda de alzas salariales para los empleados. Hay un segundo sindicato del Poder Judicial, que encabeza Patricia Eugenia Solís Reyes, pero no parece interesar a los otros dos poderes por su conocida inclinación a quienes mandan ahora en el Tribunal Superior.
Intereses al descubierto
El interés de Víctor Hugo Lozano, presidente de la Junta de Gobierno, en los asuntos sindicales no se limita a la representación laboral del Poder Judicial. Según nos comentan, desde que era subsecretario de Gobierno en el gabinete de Mauricio Vila Dosal comenzó a operar en algunos gremios para tratar de inclinar la balanza a la causa de la administración estatal.
Donde más logró meter las narices es en los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado, que tiene a uno de los sindicatos más grandes de la burocracia en Yucatán, y se asegura que apadrina las aspiraciones de Vicente López Cardeña a la secretaría general de la Sección 67.
López Cardeña está en abierta campaña no oficial –ni siquiera hay fecha de elecciones sindicales– y tiene como una de sus promotoras a Josefina Miz y Gómez, coordinadora estatal de Enfermería de la Secretaría de Salud. El objetivo de esa operación política, nos dicen las fuentes, es ir avanzando en otros frentes del sindicalismo para borrar, o al menos intentarlo, todo rastro de antiguos regímenes e imponer dirigentes “amigos”.
Al menos en Salud se avizora competencia, pues del otro lado está Miguel Moreno Camelo, quien también aspira a la dirigencia sindical y hoy es parte del comité ejecutivo estatal de la Sección 67.
Daños colaterales de una huelga
La huelga de los empleados de los juzgados ha alcanzado un nivel más allá del aumento salarial. Y no es para menos. Al no dar servicio a la ciudadanía causaron serios perjuicios que en algunos casos podrían derivar en problemas serios.
Así, hay juicios y remates que no se realizaron y las quejas de los involucrados son porque ahora deberán esperar más tiempo para solucionar conflictos cuyo término pudo ser el pasado martes. Ante las quejas de numerosos abogados, el Tribunal Superior tomó cartas en el asunto y mandó llamar a cada empleado para que responda por sus actos.
Se rumora en los pasillos del palacio de justicia que el presidente de ese organismo, Ricardo Ávila Heredia, no dudará en aplicar mano dura contra los huelguistas, pues sabe que se enfrenta a posibles demandas civiles. A ver qué pasa.