Soberbia y belicosidad
A Leopoldo Cortés González, yucateco, linotipista, comerciante y cronista, en sus cien años.
En los diferendos en torno al proceso de revocación del mandato presidencial, la mayor parte de la comentocracia ha visto en la conducta del INE la defensa de su autonomía y de la democracia. Con desmesura, hay quienes opinan que el caso del órgano electoral refleja el riesgo que corren las instituciones y dibujan un futuro donde la estrangulación por la vía del presupuesto es la meta de los malandrines de la 4T que, a la manera de Atila, quieren arrasarlo todo.
Si se examina con serenidad y acuciosidad la conducta del INE, es posible hallar soberbia, intransigencia, pretensión de poseer el monopolio de la verdad. Debo apuntar, pese a todo, que imputar a seis consejeros responsabilidad penal es un despropósito de magnitud semejante al que estos cometieron al convenir (17/12/21) la suspensión de ciertas actividades del proceso revocatorio de mandato, en un desplante que desafió incluso al Poder Judicial.
Prontamente la Suprema Corte, mediante su Comisión de Receso (ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel), revocó la decisión suspensoria del INE, al admitir a trámite la controversia promovida por la Cámara de Diputados.
La Corte argumentó que la ejecución del acuerdo del INE ponía en riesgo el ejercicio del derecho ciudadano a decidir si se revoca o no el mandato presidencial. Esta resolución recordó una anterior, la del ministro González Alcántara, quien le negó al INE su pretensión de no realizar ajustes a su presupuesto como se prevé en un transitorio de la Ley Federal de Revocación. “Sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia 209/2021, este organismo lo decrete por su cuenta”, reprochó la Corte.
Se materializó así lo que varios consejeros alertaron en la sesión en que se aprobó el polémico acuerdo: el INE estaba desoyendo lo que el mencionado ministro González Alcántara señaló en su resolución, en el sentido de que el órgano electoral no estaba resintiendo afectación presupuestal alguna porque esta solo podría producirse cuando se actualizara la convocatoria del proceso de revocación, el cual es un hecho futuro de realización incierta, ya que ni siquiera se sabía si se reunirían las firmas necesarias.
Durante la sesión del 17 de diciembre, sin embargo, la mayoría del Consejo General ignoró las advertencias y eligió el camino de la confrontación. Una de las voces de alerta fue la del senador y consejero legislativo Ramírez Marín: “El INE muerde una manzana envenenada… se pone los guantes antes de tiempo”.
Enumero sucintamente algunos datos y comentarios sobre el ángulo que el INE esgrime como argumento central de sus despropósitos, el presupuesto:
1) El INE envía su proyecto presupuestal al Ejecutivo, que lo incluye tal cual en el Presupuesto de Egresos. Es la Cámara de Diputados la que, por disposición constitucional, aprueba o no las partidas propuestas y, en el caso del INE, San Lázaro no aprobó casi 5 mil millones de pesos.
2) La supuesta insuficiencia presupuestal se relativiza si se tiene presente que sí fueron aprobados casi 14 mil millones de pesos. El proceso revocatorio que el INE intentó detener parcialmente costaría menos de 4 mil millones. ¿Se puede hablar en esas condiciones de insuficiencia presupuestal para cumplir una obligación constitucional?
3) Además, ¿por qué la revocación va a costar 3 mil 830 millones de pesos? Porque el INE lo dice. Porque, habituado a nadar en la abundancia (lo que he señalado a lo largo de los años, con independencia de qué partido ocupa la Presidencia) esos son sus costos. En la sesión del 17 de diciembre, varios consejeros —recuérdese que la votación fue 6-5— expresaron su desacuerdo y uno de ellos fue José Martín Faz Mora, de cuya intervención reproduzco algunos fragmentos:
—No existe una completa imposibilidad para continuar y llevar a cabo el proceso de revocación de mandato… Sin apartarse de la ley, es posible explorar nuevas líneas y procedimientos que también puedan garantizar el cumplimiento de los principios rectores, pero a un costo menor.
Cierto, es posible un costo menor cuando una genuina vocación democrática guía las conductas. No lo es si una pretendida infalibilidad es la rectora del proceder institucional. Y mucho menos si la soberbia y la belicosidad la acompañan.— Ciudad de México.
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Periodista