Desde el inicio de su periodo, el gobierno de la Cuarta Transformación ha estado poniendo en práctica las medidas que ofreció y el pueblo aceptó —como lo demostró la montaña de votos con que, literalmente, sepultó a sus competidores—, para cambiar las formas de conducir al país por otras favorables a todos y no, nada más, a una minoría.
El cambió ofrecido se resume en una breve fórmula: separar el poder político del poder económico. Porque en el régimen anterior el gobierno estaba al servicio de una minoría que a) no pagaba impuestos, b) recibía subsidios por miles de millones de pesos que salían de las finanzas públicas y c) hacía lucrativos negocios a costa del erario. En tanto, el pueblo recibía tan sólo las migajas.
Resulta, entonces, lógico que los favorecidos con aquel estado de cosas no estén de acuerdo con los cambios y quieran revertirlos. Ahora tienen que pagar impuestos y no sólo ya no pueden hacer negocio turbios, sino que están siendo obligados a renegociar contratos fraudulentos que firmaron —con funcionarios corruptos— para hacer gasoductos innecesarios, prisiones privadas alquiladas al gobierno a precio de hoteles de lujo y dar mantenimiento a carreteras cobrando como si las estuvieran haciendo y, lo más reciente, ven en peligro el lucrativo negocio que están haciendo —sobre todo de transnacionales— de vender energía eléctrica subsidiada con dinero del erario, a otras empresas, de aprobarse la iniciativa que está en el Congreso.
Después de tres años, es natural que los poderosos grupos económicos y financieros afectados por los cambios, hayan logrado integrar un solo frente con los partidos, grupos y personajes que estuvieron a su servicio durante la larga noche neoliberal, para echar del poder a quien los afecta y regresar al régimen anterior. La estrategia que están usando es desgastarlo con campañas contra todas las acciones que emprende y estruendoso ruido en torno a supuestos actos de corrupción cometidos por cercanos al presidente y hasta por éste mismo y hacerse las víctimas cuando, en uso del derecho que todo ser humano tiene de defenderse, éste les contesta.
En este marco se inscriben los ataques mediáticos de los últimos días contra el presidente y su entorno familiar y la inmediata respuesta de éste por considerarlos calumnias a su prestigio.
Como se sabe, un portal, Latinus, creado especialmente para atacarlo —detrás del cual está Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco y viejo rival suyo— en alianza con otro grupo que dice perseguir la corrupción, Mexicanos contra la Corrupción —financiado por grandes empresarios—, y cuyo líder ayudó a crear la alianza electoral “Va por México”, integrada por los incorruptibles PRI, PAN y PRD, para las elecciones federales de 2021, publicaron, en nado sincronizado, un “reportaje” sobre la vida privada del hijo del presidente para exhibirlo por vivir en una lujosa casa, que habitó unos meses, sin ninguna prueba de que estuviera cometiendo algún delito, pero acusando a su padre de otorgarle a una empresa extranjera un millonario contrato a cambio de que uno de sus empleados se la diera en alquiler.
Es ridículo pretender que el moche por un contrato que le dará a una empresa decenas de millones de dólares, sea el alquiler, por unos meses, de una casa. Ofende a la inteligencia que alguien quiera sorprender a los demás elaborando una patraña tan burda. Nadie que pide sobornos aceptaría menos del 10% de un contrato de la magnitud del que señalan.
La respuesta del presidente fue puntual. Pidió al director de Pemex dar a conocer qué contratos tiene con la paraestatal la empresa en cuestión, Baker Hughes; desde cuándo los tiene y cómo adquirió el que obtuvo en este gobierno. Aquél demostró, ante periodistas y audiencia de la Mañanera, con documentos oficiales, que es falso que dicha empresa haya recibido en este gobierno algún contrato por asignación directa, es decir, sin concurso. El que obtuvo en 2019, por 89 millones de dólares fue mediante una licitación pública. Tuvo que competir con otras 6 transnacionales, entre ellas, la norteamericana Schlumberger. El director de Pemex mostró el documento del fallo. Con eso se echó abajo la calumnia del moche.
Pero el debate no ha parado a pesar de estas y otras puntualizaciones porque los adversarios del presidente insisten en mancharlo y él en defenderse. Y nadie puede regatearle su derecho —incluso, su obligación— de hacerlo.
A diferencia de los gobiernos del pasado, verdaderamente corruptos, que cuando eran cuestionados se mantenían callados asumiendo con su silencio que era cierto lo que de ellos se decía, López Obrador toma el toro por los cuernos y responde a la diatriba incluso, contraatacando.
Pero sus adversarios no quieren que hable, sino que permanezca callado. Calumnian pero no quieren que les respondan. Ellos sí expusieron profusamente la vida privada y los datos personales de un ciudadano que aunque sea hijo del presidente no deja de tener por ello los mismos derechos de los demás. Pero ponen el grito en el cielo cuando el padre ofendido pone foco sobre los millonarios ingresos que tiene uno de sus detractores y dicen que es persecución política. No hay ninguna persecución a ninguno de quienes lo cuestionan. La prueba son los insultos e injurias que éstos le lanzan todos los días, tan libremente, que cada vez son más osados en los ex abruptos.
Y es que ésta es una etapa nueva en la vida del país. La presidencia está desacralizada. Cualquiera puede decir lo que quiera del presidente y puede estar seguro que no por ello irá a la cárcel o será desaparecido como ocurría en tiempos que esperamos no regresen. Nada más alejado del autoritarismo y de la aspiración a establecer una dictadura en nuestro país, como acusa la derecha, que la actitud de afianzar cada vez más la democracia con elecciones cada vez más libres y con una libertad de expresión tan amplia que permite debatir con el presidente e incluso, insultarlo, sin temor alguno.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa