Crece la tensión en el Poder Judicial
El amparo que promovió el juez de control Santos Alfredo May Tinal, por el procedimiento de designación de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, es apenas una pequeña manifestación del descontento que prevalece en un sector del Poder Judicial porque a ningún juez se le ha tomado en cuenta en las ternas que propone el Ejecutivo al Poder Legislativo.
El personal de carrera judicial se queja de que, si bien los nombramientos de magistrados siempre han tenido un vínculo político, en las ternas que han llegado al Congreso aparecen nombres de empleados del gobierno del Estado y “amigos” de altos funcionarios que son “palomeados” por la mayoría legislativa del PAN y sus aliados. Está por verse la situación de los próximos días, porque, según nos informan, hay quienes pretenden seguir los pasos del juez May Tinal. Por el momento el Poder Legislativo tuvo que suspender el proceso de nombramientos, con motivo del amparo.
Sobrada seguridad de un nombramiento
En la expresión de inconformidad de buena parte del Poder Judicial por el asalto que atribuyen al Ejecutivo salen a flote algunos nombres. Por ejemplo, más de uno censura la actitud que ha asumido la consejera de la Judicatura Graciela Alejandra Torres Garma, quien, de acuerdo con nuestros informantes, está tan segura de que será designada magistrada del Tribunal Superior que desde hace algunas semanas se despidió del personal que trabaja bajo sus órdenes.
Hace menos de dos años se integró al Consejo de la Judicatura, por propuesta del Ejecutivo, y en los círculos políticos se sabe de su cercanía con Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. Otro nombre que se menciona es el de Renán Marcelino Puc Chi, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial, quien estuvo muy activo defendiendo la reforma del Poder Judicial que dispuso el Ejecutivo.
La razón de esa defensa, nos dicen, es que Puc Chi tiene la esperanza de ser nombrado juez por su respaldo incondicional. Ya el tiempo ofrecerá la respuesta.
Crece la duda sobre aspirantes
Otro aspecto muy comentado en el Poder Judicial es el de quienes aparecen como “rellenos” en las ternas de propuestas de magistrados del Tribunal Superior, únicamente para cumplir un requisito cuando ya se conoce la decisión desde que los nombres llegan al Congreso.
Pocos dudaban, por citar un ejemplo, que Lizette Mimenza Herrera sería designada para el cargo –fue el primer nombramiento en la actual Legislatura–, pero en la terna tuvo que ir acompañada de otras dos abogadas con escasas posibilidades. En las propuestas que actualmente están en estudio, dentro del proceso que se frenó por la demanda de amparo de un juez de control, a muchos les llamó la atención que en una terna aparezca Giovanna Denisse Solís Cruz, quien fue secretaria del ex consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo y permaneció en el mismo puesto con el sustituto de éste, Carlos Murillo Ku.
Su inclusión refuerza las versiones de “relleno”, porque está en la terna de la cual se seleccionará al sustituto de Santiago Altamirano Escalante, ex magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Completan el trío Patricia Gamboa Wong, directora del Centro de Justicia para Mujeres con larga trayectoria en el PAN, y Joaquín Efraín Cardeña Sánchez.
De la teoría a la práctica de las políticas de la 4T
El lunes 30 de mayo pasado, el Diario publicó la detención de un autobús con 49 personas indocumentadas, de nacionalidad guatemalteca, dominicana y ecuatoriana, en una operación en que las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro traficantes de humanos, en la caseta de Halachó.
Parecía un gran golpe contra la delincuencia organizada que opera en el sureste del país, en particular en la Península de Yucatán, por la detención en flagrante delito de cuatro “polleros”, cuyo negocio es traficar con humanos y, nos dicen, entregarlos a la mafia. Sin embargo, la magnitud y trascendencia de la detención, la falta de costumbre para manejar estos complejos casos o algún arreglo bajo la mesa permitió que los cuatro traficantes fueran liberados por la delegación local de la Fiscalía General de la República. Es difícil de creer, pero nos comentan que hasta en este nivel de delincuencia parece funcionar el decreto de “abrazos, no balazos” establecido por AMLO, quien estuvo el fin de semana pasado en tierras yucatecas.
Nos comentan que las fuerzas de seguridad federal y estatal rebasaron el tiempo legal de 4 a 8 horas para consignar al ministerio público a los “polleros”, de origen tabasqueño, por lo que la FGR dictaminó violación al debido proceso y los soltó este fin de semana. Vaya fortuna de los delincuentes sorprendidos en flagrancia.
Sale cara su novatez
Al parecer, los elementos de la Guardia Nacional que realizaron la detención de los indocumentados y los traficantes de humanos en la caseta de Halachó mostraron su novatez en este tipo de operaciones delicadas porque, según nos comentan, terminaron todos los trámites legales de consignación de los “polleros” en más de 20 horas, tras la detención del camión cargado de ilegales.
Sin embargo, no es sencillo cumplir toda la tramitología en este tipo de detenciones de indocumentados porque habría que dar aviso a las embajadas o consulados de las personas retenidas por carecer de documentos, avisar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que los asista algún visitador y eviten los maltratos, aplicar pruebas médicas y dar aviso al Instituto Nacional de Migración para que los entreviste y certifique su ilegal estancia en el país.
En fin, el número de detenidos (49) y la falta de pericia de la Guardia Nacional, corporación que atiende los delitos federales, costó caro a la seguridad de la región. Sin embargo, nos comentan, la Secretaría de Seguridad Pública tiene bien identificados a estos delincuentes, por lo que si regresan a territorio yucateco corren el riesgo de una detención futura. ¿Será?
No dan buen ejemplo
El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (Setey) realizó a fines de mayo la elección para la renovación de su directiva ejecutiva, pero lejos de ser un ejercicio democrático ejemplar por tratarse de un grupo de docentes donde hay profesores, licenciados, maestros y doctores en educación, fue un proceso lleno de vicios como los que cometen algunos partidos políticos.
Para empezar, integrantes de la Comisión Electoral formaron parte de la planilla del candidato oficial Carlos Angulo, quien formó parte del comité ejecutivo que encabezó el secretario general saliente, José Luis Flota Pech. No hubo imparcialidad, las boletas se repartieron sin la seguridad de tener un padrón real y el conteo de votos tardó varios días. Finalmente se concretó lo que temía el candidato opositor, Vicente Contreras Bermejo: ganó el candidato oficial Carlos Oswaldo Angulo Flores.