Con el instrumento que tiene a su servicio: su sumisa mayoría en el Congreso local —integrada por los diputados del PAN, un lacayuno representante del charrismo sindical llegado ahí por la vía del PANAL y algún otro que quiera sumárseles— el gobernador Mauricio Vila, después de largos meses de incertidumbre, se dispone a dar el gran zarpazo —que se preveía— a los maestros y trabajadores del estado —en activo y jubilados— al ordenar a sus amanuenses aprobar una nueva ley de seguridad social para regular el funcionamiento de la institución obligada a brindársela, el Isstey, que afecta gravemente a aquéllos, en vez de castigar y hacer que devuelvan el dinero de ella que malversaron quienes la hundieron para hacerla nuevamente viable.
Es bien conocida la historia de los despilfarros cometidos en contra de la que ha sido llamada Caja Chica de los gobernadores yucatecos que, casi desde que se creó —en el periodo del gobernador Luna Kan— comenzó a ser saqueada por varios de quienes lo sucedieron.
Cervera Pacheco, después de despojarla, le dejó unos terrenos, en Altabrisa, para reponer el dinero malversado; Ivonne Ortega, dejó de darle tanto el dinero que, por concepto de cuotas descontaba a los trabajadores, como el que, por obligación, tenía que aportarle del presupuesto y Zapata Bello que además de la práctica de su antecesora, hizo jubilar, ilegalmente, con altas cuotas a personajes de su partido.
Les valió gorro el futuro de maestros y empleados estatales cuya vida como jubilados —es decir, desde que dejan de trabajar hasta que mueren— depende de la buena administración de los recursos destinados a sostener y fortalecer instituciones que se crean con ese propósito. No les importó que pasados unos cuantos años se volviera inviable aquélla que les fue confiada y se creara una situación de angustia en los miles de trabajadores que están siendo afectados. Irresponsabilidad tanta no puede quedar sin castigo. Menos admisible es que los platos rotos sean pagados por las víctimas, mientras los victimarios quedan sin castigo y gozan del fruto de sus latrocinios.
Está probado hasta la saciedad el mal manejo que le dieron a la institución todos los gobiernos que echaron mano de los fondos de Isstey, como parte del saqueo a las alforjas del estado. Lo que ocurre es que los enjuagues bajo la mesa borran las diferencias entre quienes deberían cumplir su deber de perseguir esos delitos y quienes deberían rendir cuentas por los que cometieron en administraciones anteriores.
Esta es la única razón de peso que explica por qué el gobierno de Vila prefiera lesionar gravemente el peculio de maestros y trabajadores del estado que hacer justicia y recuperar vastos recursos pertenecientes al Isstey desviados a cuentas de particulares.
De haberse cumplido con las normas de su funcionamiento no estuviera la institución pasando por el ignominioso trance en que se encuentra o, por lo menos, su situación no sería como la de un reo ante el paredón a punto del fusilamiento.
Por eso, quienes la propiciaron no merecen ser perdonados sino juzgados y obligados a restituir los recursos saqueados. Sin embargo, el gobierno de Vila se resiste a recorrer ese camino para darle solución al problema, prefiere afectar de manera profunda el bolsillo de miles de trabajadores que verán reducidas o limitadas sus prestaciones y aumentadas desproporcionadamente las cuotas que pagarán con la nueva ley.
Durante largos meses este gobierno mantuvo en ascuas a los trabajadores del Estado dando largas al asunto de la bancarrota del Isstey a la vez que engañando a la opinión pública con que trataría su gobierno de no lesionar los intereses de aquéllos. Fue un intento de ganar tiempo para convencer a la opinión pública de que la solución que finalmente daría al caso sería justa. Pasaron los meses y no lo consiguió. Y ante la necesidad de aplicar la que desde el primer momento tiene preparada, se ha decidido a dar el paso final.
Es verdaderamente brutal que grupos de trabajadores, donde quiera que sea, en lugar de mejorar sus condiciones de trabajo, las empeoren. Sobre todo cuando se trata de trabajadores del estado que en nuestro país son los que menos riesgos de despido o retrocesos en montos de prestaciones tienen. Es por eso que constituye una gran injusticia la que el gobernador y sus levantadedos van a cometer al dar un borrón y cuenta nueva a la ley del Isstey.
Los diputados panistas que, junto con el del llamado PANAL —que no obstante ser profesor, votará contra los intereses de los profesores estatales afectados por la nueva ley, pues forma parte del llamado charrismo sindical del SNTE— se disponen a aprobar una ley que no ofrece las más mínimas concesiones para los trabajadores en servicio y será peor para los que ingresarán a éste, una vez que se apruebe, según la información divulgada de la sesión de la comisión especial que aprobó el dictamen de la nueva Ley el lunes 18.
En dicha sesión, se puso en evidencia que se elevará casi al doble, del 8 al 15 por ciento, la cuota que se le descuenta al trabajador para tener acceso a las prestaciones de la institución. En la misma se desecharon propuestas de diputados como la muy importante de que se incluya un transitorio en la nueva ley que permita a los trabajadores actuales elegir si se rigen por la nueva ley o la todavía en vigor. Cuando se hicieron en el Congreso de la Unión las últimas reformas a las leyes del IMSS y el Issste, tal derecho fue concedido. En cambio, los trabajadores afiliados al Isstey no lo tendrán.
Estos cambios en perjuicio de los maestros y trabajadores estatales dejan lecciones en los ciudadanos que les harán recapacitar en la necesidad de pensar muy bien por quién votar a la hora de elegir gobernantes y representantes. Precisar antes de sufragar qué intereses representa cada persona o partido que pide el voto. No irse por las caras bonitas o el lenguaje florido. Para muestra, un botón.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa