FREDDY ESPADAS SOSA ( *)
El tema de la construcción del llamado “estadio sostenible” —que de sostenible no tendría nada, como se ha demostrado con abundantes argumentos de corte urbanístico, ambientalista y arquitectónico— ha vuelto al debate público toda vez que el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, ha señalado que ese proyecto no se ha cancelado y sigue firme su construcción en el terreno que ocupara por muchos años la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana “Rodolfo Menéndez de la Peña” (DY, 30 de agosto, Nal., p. 1).
El silencio sepulcral que a este respecto han mantenido tanto el gobierno del estado como el Ayuntamiento de Mérida resulta francamente inexplicable y abona mucho a la opacidad y discrecionalidad que, en varios aspectos, caracterizan a ambas administraciones.
Estas circunstancias han hecho que nuevamente la ciudadanía retome sus expresiones de inconformidad ante la aún latente posibilidad de que el famoso estadio sea construido en dicho predio, cuya extensión es de poco más de 5 hectáreas.
Así las cosas, el colectivo vecinal “No al estadio en Sodzil” ha exigido al gobernador Mauricio Vila y al alcalde de Mérida Renán Barrera que se pronuncien con toda claridad y digan si dicho estadio se construirá o no en los terrenos donde funcionó durante muchos años la benemérita institución normalista.
De acuerdo con lo expresado hace algunos días por Geovanna Campos Vázquez, integrante del mencionado colectivo vecinal, se tiene información extraoficial en el sentido de que el “estadio sostenible” ya no se construirá en el terreno en comento (DY, 1º. de sepbre., Local, p. 5).
Los vecinos demandan que las máximas autoridades del estado y de la ciudad digan de una vez por todas si se hará o no el estadio en el predio ubicado en su sector; expresan con justa razón que ellos viven en zozobra por los movimientos “de obra” que se hacen en el sitio y defienden su derecho a saber “cómo van los proyectos que afectan nuestra tranquilidad y entorno”.
Los lugareños concluyen de manera contundente su justo alegato con esta expresión: “Si no va a ser allí, que lo digan de manera clara, que devuelvan la paz a los vecinos. Creemos que tenemos derecho a decidir qué se hará con ese terreno que pertenece a la colonia, no queremos que en un futuro se destine a torres de edificios”.
Sobre este polémico proyecto, cabe recordar que hace casi un año quien esto escribe se refirió a la forma abrupta en que el Ejecutivo del estado había “desincorporado” el multicitado predio mediante un acto jurídico por el cual este terreno perdió su carácter de propiedad pública para convertirse en propiedad privada (nadie sabe aún de quién). (Ver: “Estadio insostenible”; DY, 21 de Sepbre. de 2021, Local).
En dicho editorial un servidor señalaba que en el terreno apetecido por los voraces inversionistas podría funcionar la actual ESAY, que se convertiría —según proyecto ya existente desde hace cinco años— en Universidad de las Artes del Estado de Yucatán, o bien crearse un gran centro cultural para ese populoso sector, a la vez de mantenerlo como un pulmón verde para nuestra asfixiante urbe.
En esta tesitura, consideramos que la postura del colectivo vecinal es firme y absolutamente razonable, por lo que nos solidarizamos sin ambages en lo que constituye una demanda esencial de todos los meridanos: que el terreno regrese como propiedad pública y que se convierta en un espacio comunitario que sirva para el bienestar de los numerosos habitantes de ese sector capitalino.
Por lo anteriormente expuesto, es deseable que el estadio insostenible se haya cancelado. Para ello, es indispensable que lo digan con toda precisión el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera. Si es así enhorabuena, pues se habrá escuchado a los vecinos, urbanistas, arquitectos y ambientalistas.
De confirmarse esta cancelación, debe exigirse que el Ejecutivo estatal revierta el Acuerdo 40 del 2 de septiembre de 2021 con el objeto de restituirle su carácter público al predio en disputa y que se le destine para un proyecto de amplio beneficio social.
Si, por lo contrario, el Ejecutivo ha enajenado el predio a los particulares, entonces debe informar a la sociedad sobre el nombre del comprador, el monto de la operación económica, dónde se encuentra este dinero, en qué se pretende utilizar estos recursos y si se consultará a los vecinos y ciudadanos en general sobre el proyecto a desarrollar en este codiciado terreno.
Creemos que ya es tiempo de poner fin a la opacidad, discrecionalidad e incertidumbre que envuelve este delicado asunto, toda vez que estamos ante el hecho plausible de un estadio que nunca fue. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.