Cuando el presidente López Obrador propuso consultar a la sociedad sobre el dictamen que permanecía sin votarse en el Senado que proponía que el Ejército y la Marina siguieran apoyando a la Guardia Nacional hasta 2028 en lugar de terminar de hacerlo en 2024, sus opositores se le fueron a la yugular. Hoy, es claro que esa consulta ya no tiene razón de ser porque el problema se resolvió: una parte de la misma oposición, finalmente, entendió el peligro que para el país entraña dejarlo sin protección y ayudó a aprobar el dictamen, el martes pasado, aunque con algunos cambios en su contenido.
Ha quedado, sin embargo, de manifiesto, la manera de pensar de quienes diciéndose demócratas son enemigos jurados de que al pueblo se le pida su opinión.
Tanto ellos como sus representantes en ambas cámaras del Congreso de la Unión y quienes forman parte de su elenco en redes y medios de comunicación, se pusieron a despotricar en contra de que al pueblo se le consultara en un tema de vital importancia para su vida como es el de la forma en que debe tratarse el agudo problema de la seguridad en el país.
Esta actitud sólo demuestra una realidad: que una minoría quiere imponerle su voluntad a todo un pueblo aunque sea, nada más, una parte mínima de él.
El artículo 39 de nuestra Carta Magna dice claramente: “La soberanía reside en el pueblo” y éste “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
¿Qué quiere decir esto? Que sus autoridades deben hacer lo que el pueblo les ordene en todos los ámbitos de la vida nacional. Y ¿cómo puede obedecérsele si no se le consulta? Es una contradicción insalvable ser demócrata y, al mismo tiempo oponerse a que se le pregunte a toda la sociedad cuál debe ser la solución que debe darse a un problema que la afecta de manera tan profunda como es el de la inseguridad.
No bien se enteraron de la propuesta presidencial comenzaron los actores de la derecha la campaña para desvirtuarla con el fin de evitar que se consulte al principal protagonista de la vida de cualquier país —el pueblo— por una razón principalísima: le tienen miedo.
Pero no hay mal que por bien no venga: eso les quitó la máscara, pues, no obstante rasgarse con frecuencia las vestiduras para tratar de hacer creer que son demócratas, quedaron exhibidos. Porque ¿cómo es posible estar propalando a los cuatro vientos: “soy demócrata” y, a la vez decir: “estoy en contra de que se consulte al pueblo”?
Han esgrimido una gran cantidad de pretextos para que al pueblo se le ningunee. Que si “la ley de Consultas Populares no incluye ese tema”; que si “el presidente quiere evadir su responsabilidad”; que si el presidente quiere “despilfarrar dinero público en consultas patito que no sirven para nada, más que para acarrear a sus clientelas”.
Todos con el obvio fin de que el pueblo no opine. Todos, con el propósito de evitar que el pueblo se manifieste, como en toda democracia auténtica y no la de mentirijillas, que ellos impusieron durante los largos años en que, mediante fraudes electorales, estuvieron en el poder.
Es pertinente recordar que fue la derecha quien —aprovechándose de la circunstancia de que, aunque sea minoría en el Congreso, puede evitar cualquier cambio en la Constitución porque se requiere para ello el voto de dos tercios de los legisladores presentes— impuso, en su momento, los candados que actualmente tiene el artículo 35 de ésta, que es el que contiene el derecho a la consulta popular, como condición para aprobarlo, al discutirse su actualización, en 2019, pues tal como estaba, era absolutamente inaplicable.
Cuando por presiones de grandes sectores sociales se creó este derecho -en el sexenio de Peña-, a la sociedad le dieron gato por liebre. Quienes aprobaron la legislación correspondiente se cuidaron de hacerla inoperante.
En 2014, por ejemplo, no obstante entregarse al INE más de 3 millones de firmas —muchas más que las, legalmente, requeridas— solicitando una consulta sobre la privatización de Pemex; con base en la ley la petición fue desechada.
Candados de ese tipo son esgrimidos hoy como pretexto para no consultar al pueblo, curiosamente por los mismos que ayer los impusieron en la ley.
Entre los impedimentos están los de que no se puede consultar sobre “la materia electoral”, sobre “el sistema financiero”, sobre “obras de infraestructura en construcción”, sobre “la seguridad nacional”, etc. y el de que tosa solicitud tiene que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad y aprobar el que se pueda hacer. De esto se agarran quienes no quieren que el pueblo intervenga en asuntos de la vida de su nación.
No es de extrañar. Durante la larga noche de los gobiernos priistas, que se prolongó con el concubinato neoliberal posterior del PRI y el PAN —a partir del gobierno de Salinas de Gortari— jamás se quiso consultar al pueblo.
No se le consultó cuando se enajenaron los bienes de la nación que hicieron megarricos a unos cuantos cercanos al poder político; tampoco cuando le cargaron sobre sus espaldas la deuda del Fobaproa que al día de hoy absorbe miles de millones de pesos de dinero público en sólo pago de intereses; menos cuando el PRIAN empezó a entregar la industria eléctrica y la petrolera a empresarios nacionales y extranjeros, proceso apenas frenado por el nuevo gobierno.
¿Puede haber democracia sin pueblo? ¿Puede llamarse democracia a un sistema en que el pueblo no decide sino que está obligado a hacerlo, exclusivamente, a través de “representantes” convertidos, por sí y ante sí, en dueños de los representados?
Es momento de empezar a pelear por hacer efectivo un principio constitucional que hasta hoy es simple adorno de nuestra Carta Magna: el derecho que tenemos como sociedad a ser consultados.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa