Conferencia en la que el acalde de Tizimín
Los problemas en la impartición de justicia en Yucatán, por la escasez de recursos económicos, podrían aumentar este año con la entrada en vigor de la reforma laboral.
Esta importantísima reforma —su puesta en marcha ha sido pospuesta en tres ocasiones precisamente por falta de dinero—, se iniciará finalmente el 3 de octubre, pero al parecer lo hará con un exiguo presupuesto, a todas luces insuficiente para trabajar con efectividad.
El gobierno del estado autorizó para la reforma en 2022 apenas $22.6 millones, de los cuales $14.4 servirán para la construcción de un solo juzgado y el resto para sueldos y capacitación del personal.
Esta situación contrasta con la de otros estados de la región, como Quintana Roo, en donde la reforma laboral empezó el año pasado con la apertura de cuatro juzgados, en tanto Campeche inició con dos y Tabasco con seis.
Esta reforma, como se sabe, prevé, entre otros importantísimos cambios, el paso de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, lo que implica la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la apertura de tribunales del trabajo.
También incluye implantar un procedimiento obligatorio de conciliación prejudicial, por medio del Centro de Conciliación, de nueva creación y dependiente del Ejecutivo, y en el cual las dos partes tratarán de llegar a un arreglo o convenio en un plazo de máximo de 45 días.
De no lograrlo, el conflicto pasará a los juzgados laborales, que tendrán un periodo máximo de seis meses para emitir su sentencia.
El inicio de la reforma laborar en Yucatán se programó para el 18 de noviembre de 2020, en la primera de las tres etapas previstas por el gobierno federal para implantar este cambio en todo el país.
Sin embargo, a principios de 2020, el gobierno yucateco reconoció que no tenía los recursos necesarios para poner en marcha la reforma en noviembre y solicitó su aplazamiento para la segunda etapa, el 3 de noviembre de 2021, pero esta vez ocurrió lo mismo: por falta de recursos económicos las autoridades solicitaron otra prórroga a la Federación, en la tercera etapa, con fecha de inicio el 1 de mayo.
A principios de año, empero, y alegando de nuevo falta de dinero, Yucatán y otras diez entidades que aún no implantan la reforma pidieron al gobierno federal una nueva prórroga, ya definitiva, que se les concedió, ahora para el 3 de octubre de 2022.
Aunque la reforma laboral incluye la instalación de un nuevo procedimiento para dirimir los conflictos en el trabajo, más rápido y eficiente, la apertura de un solo juzgado —aunque sea en la primera etapa de la reforma— puede provocar una situación similar a la que prevalece en Junta Local de Conciliación y Arbitraje: la saturación de expedientes.
Esta junta —que seguirá en funciones hasta resolver todas las demandas presentadas antes de octubre— recibe cinco mil denuncias al año en promedio, pero resuelve apenas 1,600 en el mismo lapso, en gran parte por la falta de presupuesto para contratar más personal.
Esto último ocasiona la acumulación exponencial de expedientes y el atraso, a veces de varios años, en la emisión de los laudos, una situación que podría repetirse aquí si desde el inicio de la reforma no se abren más juzgados laborales.
El problema de la escasez de presupuesto en el sistema de justicia salió a relucir en las últimas semanas, con motivo de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el gobernador Mauricio Vila Dosal.
Esta reforma prevé, entre otras cosas, incrementar el número de magistrados y de juzgados de primera instancia pero, como lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, “no se puede abrir más juzgados, sin aumentar el presupuesto”.
En efecto, en los últimos tres años el presupuesto del Poder Judicial ha sido notoriamente insuficiente. En 2020 éste ascendió a $611.036,980, un aumento de 3.39%, respecto del año anterior.
En 2021, el presupuesto no tuvo ni un solo peso de aumento y en 2022, año de inicio de la reforma laboral, el gobierno le asignó solo $633.836,980, un incremento de 3.73%.
El Poder Judicial es, de todos los poderes, el más importante para el ciudadano. Una decisión equivocada del sistema de impartición de justicia —incluida ahora la justicia laboral— puede privar a alguien injustamente de su libertad o dañar su patrimonio.
Por eso es necesario rediseñar el Presupuesto de Egresos del estado —una tarea en la que la sociedad, los colegios de profesionales y la opinión pública deben jugar un papel decisivo—, a fin de darle a la impartición de justicia la importancia que socialmente merece.
De lo contrario, estaremos hablando de reformas que, en los hechos, solo figuran en el papel.— Mérida, Yucatán.
Abogado