Filiberto Pinelo Sansores (*)
Está a punto de terminar el juicio contra Genaro García Luna, el encargado de la seguridad de México en tiempos de los gobiernos de Fox y Calderón. El jurado ha emitido su fallo: es culpable de los 5 delitos que se le imputan. Sólo falta la sentencia que puede ser de cadena perpetua a un mínimo de 20 años.
Se disipó el riesgo de que fuera declarado inocente, no por las condiciones de un jurado integrado por simples ciudadanos a los que deberían convencer los fiscales o la defensa, de su verdad, sino por la condición que impuso el juez, Brian Cogan, a los primeros, de no presentar ninguna prueba contra el inculpado que, aun demostrando la comisión de alguno de los delitos acusados, fuera por hechos ocurridos después de 2012.
En consecuencia, los fiscales tenían prohibido preguntarle sobre la enorme fortuna de más de 700 millones de dólares —casi 15 mil millones de pesos— que le encontraron en la Florida pues tal descubrimiento fue después del año señalado. Esto permitió a la esposa del acusado, único testigo que presentó su defensa, explayarse contando la vida de estrecheces económicas que tuvieron durante los 12 años que tuvo en sus manos la seguridad del país, su marido, sin tener que contestar preguntas de los fiscales sobre cómo obtuvo aquella cuantiosa fortuna descubierta, imposible de obtener por medios lícitos. Hubiera sido muy interesante escuchar los alegatos de la testigo acerca de cómo llegó a las manos de la pareja esta descomunal cantidad de dinero después de haber vivido, según ella, casi en la inopia.
Llamó, por otra parte, la atención que la fiscalía no hubiera usado el millón de páginas de documentos ni las grabaciones de video o comunicaciones por Internet que, durante más de un año, estuvo presumiendo, tenía en su poder, como pruebas irrefutables contra el enjuiciado y, también que, de manera inesperada, declarara que ya no presentaría más testigos.
Para muchos fue extraño que, después de haberse anunciado que el juicio duraría aproximadamente dos meses y los testigos de la fiscalía serían 76, el tiempo se redujera a la mitad y los testigos a la tercera parte, 26. En el tintero quedaron —para otros tantos— una cantidad enorme de pruebas que pudieron presentarse pero que, por alguna razón, no llegaron al espacio del recinto donde el ex secretario de Seguridad calderonista estaba sentado.
Se trató de un proceso extremadamente acotado. Algo que, obviamente, favorecía al acusado porque dejaba a los fiscales con un estrecho margen de maniobra para probar, con contundencia los delitos que acusaban.
La impresión que ha quedado para muchos observadores que lo han seguido a lo largo de los días es que el gobierno estadounidense quería proteger a sus propios agentes de seguridad (de la DEA, la CIA, la ATF, etc.) involucrados en las andanzas del ex jefe policiaco y presionó, por eso, para que no se profundizara demasiado en interrogatorios frente al público que implicaran poner al desnudo las complicidades de los suyos con quien fue el zar de la simulación del combate a las drogas en México durante largos doce años.
Es imposible que los agentes de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos que, durante décadas, incursionaron en nuestro país de la mano de agentes de policía mexicanos no estuvieran enterados de las componendas de García Luna con el crimen organizado.
Lo que ocurre es que cuando alguna dependencia de justicia del país del norte se ve obligada a actuar contra un grupo o persona de otro país que ha cometido algún delito de alto impacto que afecta al suyo y descubre que agentes de seguridad del propio han sido socios de quienes van a ser juzgados, ejerce un control de daños.
Es probable, entonces, que en las alturas de aquel gobierno se hubiera decidido que con lo hasta entonces actuado era suficiente para proceder, sin necesidad de llamar a declarar a otros testigos que podrían haber aportado más elementos que contribuyeran a establecer de manera más contundente aún, la verdad de lo ocurrido —durante el tiempo que García Luna fungió como árbitro del delito en nuestro país— pero que podrían, también, poner en riesgo el trabajo encubierto de agentes que operaban en México —se espera que ya no, por las nuevas reglas de colaboración establecidas en este campo por el gobierno de AMLO— al lado de policías mexicanos, a los que “ayudaban” en sus acciones.
Algo a lo que el gobierno estadounidense no ha dado respuesta, a pesar de la solicitud de explicaciones que le ha hecho el gobierno de México es lo referente al ya conocido episodio de la introducción de armas de alto calibre a través de la frontera norte de nuestro país, en un plan conocido como Rápido y Furioso. En ese evento ambas partes, la de Estados Unidos y la mexicana, se pusieron de acuerdo para vender armas de asalto a las que pusieron chips, a miembros del crimen organizado dentro de nuestro territorio con el peregrino argumento de seguirles la pista y capturar a sus portadores; pero lo ocurrido fue que éstos usaron las armas para matarse entre sí, y también, para matar a inocentes y nunca sirvieron para capturar a ningún capo.
Había tela de donde cortar si querían darle mayor contundencia a las acusaciones. Pero se quedaron en el punto al que se llegó sin querer avanzar más. Sin embargo, de todos modos, el veredicto del jurado lo encontró culpable.
¿Cuáles serán las repercusiones políticas en México? Si García Luna resultó culpable de los delitos que le atribuyeron en Estados Unidos, los más importantes de los cuales fueron cometidos en nuestro país, y si sus jefes, cuando eso, fueron Vicente Fox y Felipe Calderón, que debieron estar enterados de lo que hacía y, en lugar de destituirlo y entregarlo a la justicia, lo apoyaron y mantuvieron en su puesto, un puesto vital para la nación, lo que sigue es abrir una investigación en nuestro país para llevar a los dos ante la justicia.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa