Muchos profesionales del Derecho se preguntan qué pasa en el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, donde desde el 9 de octubre venció el periodo de la magistrada María Guadalupe González Góngora y luego de tres meses el gobernador del estado aún no presenta su propuesta de reemplazo al Congreso, con el riesgo de incurrir en una falta legal.
En este lapso, ese Tribunal, que toma decisiones a veces con costosas implicaciones económicas, ha estado funcionando con dos magistrados titulares y, al parecer, con un suplente.
La ley establece que el pleno del Tribunal debe funcionar con tres magistrados, pero ante la ausencia de uno de ellos, por retiro forzoso, éste puede ser suplido por un funcionario de ese mismo órgano, por un plazo no mayor de tres meses, que en este caso terminaría en los próximos días.
El período de 15 años de magistrada de la licenciada González Góngora se inició el 10 de octubre de 2007, pero como magistrada del Tribunal Electoral del Estado, entonces un órgano autónomo.
Éste último, a lo largo de los siguientes años se fue transformando en otro tipo de tribunales, hasta llegar a lo que hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa. En todos esos cambios, la licenciada González Góngora conservó su puesto.
En el Tribunal Electoral ella asumió el cargo, como suplente del magistrado José Alonso Guzmán Pacheco, nombrado para ese puesto en enero de 2007, pero al que solicitó licencia para irse como procurador de Justicia en el gobierno de Ivonne Ortega.
En mayo de 2010, se abrogó la ley que creó el Tribunal Electoral y se aprobó otra que lo reemplazó con el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, pero ahora dentro del Poder Judicial del Estado. La licenciada González Góngora se incorporó como magistrada al nuevo tribunal y la ley le permitió agotar su primer periodo constitucional de cinco años, hasta 2012.
El 31 de marzo de ese año, el Congreso la ratificó como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, para un segundo y último período de diez años, del 31 de marzo de 2012 al 9 de octubre de 2022.
En 2014 desaparece este tribunal y se crea el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, independiente del Tribunal Electoral, que volvió a ser un organismo autónomo. En este cambio, la licenciada González Góngora igualmente conservó su puesto y lo hizo también en 2016, cuando este último tribunal dejó de pertenecer al Poder Judicial y se convirtió en un órgano constitucional autónomo denominado, como hasta la fecha, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán (TJAY).
Es en este organismo que la licenciada González cumplió su período de 15 años como magistrada, con un sueldo mensual neto de $93,900, sin posibilidad de permanecer en el puesto.
El artículo 26 de la Ley Orgánica de ese Tribunal establece que “cuando los magistrados estén por concluir el período para el que hayan sido nombrados, el presidente de ese órgano (en este caso Miguel Diego Barbosa Lara, quien, por cierto, va a cumplir 13 años como presidente), lo hará saber al gobernador y podrá someter a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el pleno del tribunal”.
No se sabe si esto se ha cumplido, aunque el gobernador no está obligado a atender esta recomendación. Él puede enviar su propia propuesta al Congreso, que deberá ser ratificada por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
¿Por qué no lo ha hecho, luego de tres meses del fin del período de la magistrada González?
En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que pidieron su retiro anticipado o terminaron su período constitucional, el gobernador se apresuró a proponer el nombre de sus sustitutos al Congreso. ¿Por qué aquí no?
El Tribunal es un órgano de justicia importante. Atiende las controversias administrativas y fiscales entre los ciudadanos y las autoridades estatales y municipales —menos las de Mérida, donde el Ayuntamiento tiene su propio tribunal— y tiene funciones judiciales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Es decir, el TJAEY está facultado para castigar actos de corrupción, anular decisiones ilegales de la autoridad, ordenar indemnizaciones y resolver quejas por la adjudicación de contratos, entre otros muchos asuntos.
Empero, el retraso en el nombramiento del nuevo magistrado deja manco al Tribunal, que en adelante deberá emitir sus resoluciones con el voto de solo los dos magistrados que le quedan, el propio Barbosa Lara y José Jesús Mateo Salazar Azcorra, aunque por ley es Barbosa quien tiene la última palabra en caso de empate en la votación.
Esta situación evidencia también el anquilosamiento del TJAY, cuyo presupuesto anual se destina en su mayoría al pago de sueldos y nada para su modernización como, por ejemplo, la implantación de juicios en línea.
Pero no todo es cuestión de dinero. Desde ahora el Tribunal podría transmitir en vivo por internet sus sesiones del pleno y hacer públicas sus sentencias, pero no lo hace. Por esto y todo lo anterior, la pregunta es ¿qué pasa allí?— Mérida, Yucatán.
Abogado