Mario Maldonado Espinosa (*)
En México, la relación del “aparato público” con la sociedad suele ser muy inestable en términos de fiabilidad. Las demandas sociales sobre el acceso a mecanismos que transparenten el accionar de los gobiernos han permitido cambios importantes en nuestra legislación, mismos que son determinantes para que los ciudadanos supervisen el trabajo de sus representantes; esto, a la postre, facilita a la ciudadanía la información suficiente para formar un criterio sólido para la toma de decisiones, especialmente las electorales.
Precisamente, una de las herramientas recurrentes en el escrutinio de la función pública es la evaluación, usada generalmente en el ámbito de la política pública para observar el grado de cumplimiento de los objetivos de una política.
La metodología y diseño de este tipo de análisis no se limitan a observar el accionar de la administración pública, sino que también pueden ajustarse para examinar el “impacto” de otros entes públicos como el Poder Legislativo.
Dada su naturaleza representativa, en el Poder Legislativo se da la manifestación de las diferentes ideas, posturas e intereses de la sociedad. En tal virtud, lo que caracteriza al Poder Legislativo es la diversidad de ideologías, mismas que influyen en la configuración del marco normativo (local o nacional). Esta variedad de motivaciones entre nuestros representantes define la “agenda legislativa” a seguir durante cada legislatura, misma a la que se ciñen las iniciativas propuestas.
Por tanto, el someter a evaluación el desempeño los legisladores ha de requerir criterios racionales que permitan vislumbrar más allá del “¿cuántas iniciativas han presentado?”
En otras palabras, la evaluación legislativa no puede medirse únicamente por indicadores cuantitativos, pues esto presentaría un sesgo que omitiría considerar el alcance, contenido, objeto y necesidades técnicas de las iniciativas propuestas.
De esta forma, no podemos decir que él o la legisladora mejor evaluada es aquella que presente más iniciativas. Este proceso exige el poner sobre la mesa cuestiones más profundas como el análisis del impacto que la propuesta puede generar, de ser aprobada (evaluación ex ante), o aquel que se deriva de la vigencia de una ley (evaluación ex post).
Actualmente existen algunas experiencias nacionales en las que se han establecido manuales y reglamentos para la evaluación legislativa; un ejemplo cercano es el de Guanajuato, entidad en la que se creó desde 2017 la Unidad de Seguimiento y Análisis del Impacto Legislativo (USAIL).
Mediante la evaluación del impacto legislativo se pretende cumplir con un triple objetivo: 1) que los marcos normativos estén actualizados y sean coherentes con la realidad social; 2) que sean rentables y justifiquen sus costos; y 3) que cumplan con su finalidad.
Bajo esta idea, se pondera el establecimiento de una armonía entre la perspectiva académica y la perspectiva política, con la finalidad de enriquecer las propuestas legislativas que se discuten en los Congresos.
Así pues, este mecanismo valorativo permite por un lado, mejorar la calidad de los productos legislativos y, en segundo momento, ofrece a la ciudadanía datos relevantes al desempeño de sus representantes populares, mismos que, dada la tradición electoral de nuestro Estado, marcan la pauta para definir el grado de respaldo que la sociedad otorgue a las diferentes fuerzas políticas en el Estado.
Yucatán se ha caracterizado por ser una entidad de avanzada, que busca garantizar el Estado de Derecho y construir una sociedad democrática en la que todas y todos hagan valer su voz. No obstante, es necesario asumir con humildad compromisos que probablemente no han sido satisfechos del todo; una asignatura pendiente para nuestra localidad es precisamente la evaluación de impacto legislativo, herramienta que sin duda permitiría perfeccionar el trabajo de los diputados.
Sin duda, este es un tema que requiere mayor reflexión antes de ser puesto sobre la mesa, más aún frente a los cambios que presenciaremos en la próxima legislatura en la que habrá diez representantes más.— Mérida, Yucatán.
mariomaldonadoe@gmail.com
@mariomaldonadoe,
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa