Rodrigo Llanes Salazar (*)
¿Cómo ha evolucionado la relación entre la democracia y el desarrollo en México en las últimas décadas?, ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrenta el país en la búsqueda de un equilibrio efectivo entre ambos conceptos?
Estas preguntas fueron planteadas en una mesa panel, titulada “Democracia y desarrollo en México”, realizada el pasado lunes 27 de noviembre en el marco de las VII Jornadas de Políticas Públicas, organizadas por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (ENES Mérida) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a la doctora María Elena Giraldo, de la ENES Mérida, su amable invitación para participar en el panel. En las líneas que siguen compartiré algunas de las opiniones que expuse en dicho evento.
Voy a comenzar con una gran generalización. A lo largo del siglo pasado, podríamos decir que México fue un país pionero en el campo de los derechos económicos y sociales. Tras la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, el Estado mexicano ofreció educación pública, servicios de salud y seguridad social también públicos, vivienda social, repartió tierras a campesinos.
No obstante, los logros en el ámbito de los derechos económicos y sociales muchas veces han sido eclipsados por las limitaciones en el terreno de los derechos civiles y políticos. En cierta medida —algunos podrían decir en gran medida— el acceso a los derechos económicos y sociales dependía de la estructura corporativa y clientelar del propio Estado mexicano, un Estado que, no olvidemos, se caracterizaba por un partido único en el gobierno. Dicho en otras palabras (y, de nuevo, disculpen la generalización), quienes tenían mejores oportunidades en el ámbito educativo, quienes podían tener un mejor acceso a salud, a vivienda o a tierras, tenían que formar parte de alguna de las estructuras corporativas del partido en el gobierno, como la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Nacional Campesina.
Favores
En ese sentido, los derechos económicos y sociales no se entendían tanto como derechos, sino como “favores” en una relación clientelar entre el Estado y los sectores de la población: si el Estado “daba”, el ciudadano debía “devolver” (con votos, lealtad, etcétera).
El corporativismo y clientelismo no eran los únicos elementos que limitaban el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el México del siglo XX. Aunque los defensores del Estado posrevolucionario y del partido único en el gobierno puedan presumir que en ese período se construyeron las instituciones que todavía funcionan en el país, también es verdad que derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de expresión o de asociación política (fuera de los canales corporativos y clientelares el partido en el gobierno) se encontraban severamente limitados. Ferrocarrileros, médicos, enfermeras, estudiantes y campesinos que lucharon por libertades civiles y políticas pagaron con prisión e incluso con su propia vida.
Así, generalizando de nuevo, porque cada región y entidad del país presenta particularidades, podemos plantear que, sobre todo a partir del fraude electoral de 1988, las luchas por la democracia en México comenzaron a rendir frutos, al menos en el papel: reformas electorales, alternancias partidistas en los gobiernos ejecutivos y legislativos, creación de órganos autónomos en materia electoral, de derechos humanos, de transparencia, por citar algunos ejemplos.
En este mismo período surgieron numerosas organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y medios de comunicación que, en los hechos, han servido como un importante contrapeso al gobierno (ya sea tricolor, blanquiazul o guinda) y han contribuido a las luchas por la democracia y los derechos humanos en el país.
Problemas
Desde luego, es necesario aclarar que, en materia de democracia, derechos civiles y políticos, no todo es miel sobre hojuelas en México. Por el contrario, persisten graves violaciones a derechos humanos, comenzando con la vida misma (por las decenas de miles de homicidios), las desapariciones forzadas, el espionaje, la militarización del país, entre otros males.
El sistema partidista y electoral también enfrenta numerosos desafíos, como lo manifiestan algunas de las discusiones actuales sobre la paridad de género, el chapulineo o las campañas electorales anticipadas.
Para algunas organizaciones de la sociedad civil y grupos ciudadanos, los principales retos de la democracia en México tienen que ver precisamente con la situación en la que se encuentran las conquistas logradas en los últimos 35 años, particularmente, la autonomía de instituciones como el poder judicial, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para muchos de estos grupos, la principal amenaza a dichas instituciones tiene un claro nombre y apellido.
Precisamente los últimos 35 años, en los que se han logrado victorias en los ámbitos de los derechos civiles y políticos, también se han erosionado muchas de las conquistas en materia de derechos económicos y sociales del siglo XX. La pobreza, la desigualdad, que los ingresos den apenas para vivir —o sobrevivir— al día, la falta de acceso a la salud, la desnutrición, el despojo en el campo, la contaminación y escasez del agua potable, entre otros tantos problemas, hacen que los logros democráticos de las últimas décadas parezcan cuestiones secundarias.
Así como algunos grupos señalan que el actual gobierno es la principal amenaza a la democracia y a la autonomía de las instituciones, los grupos afines a la 4T consideran que las principales causas de los problemas económicos y sociales arriba mencionados son las reformas neoliberales y la corrupción de los gobiernos anteriores. Así, el grupo en el poder presenta el tema de las reformas de las instituciones como un restablecimiento del poder rector del Estado en el desarrollo.
En este escenario de polarización política, uno de los temas que salió de manera reiterada en la mesa panel es que la “oposición” al actual gobierno no ha logrado desarrollar una agenda que llegue a la mayoría de la sociedad mexicana.
Como se comentó en el evento, en cierta medida, muchos de los planteamientos de la oposición son ataques al presidente —una burbuja anti AMLO, según expresó el doctor Rodolfo Canto, de la Uady. Y, no obstante, de acuerdo con encuestas como la de Oraculus, el presidente sigue gozando de más del 66% de aprobación de la población.
Asimismo, aunque la defensa de la autonomía del poder judicial y de instituciones relacionadas con materias electorales, de transparencia y de derechos humanos es fundamental, estas tampoco son las mayores preocupaciones de la población mexicana, según lo documentado por algunas encuestas. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de la empresa francesa Ipsos, la violencia, el crimen, la inflación y el cambio climático se encuentran entre las principales preocupaciones de la sociedad mexicana.
Como ha escrito recientemente la economista Viri Ríos, hay acciones y tendencias del gobierno actual que son preocupantes (varias de ellas han sido señaladas en ésta y otras columnas del Diario): la descalificación y ataques a la prensa, a organizaciones de la sociedad civil y empresarios; el rechazo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando sus decisiones no coinciden con la agenda de la 4T; el creciente poder conferido a las Fuerzas Armadas (“El mito de la destrucción democrática”, “El País”, 29-11-23). A esta lista se pueden sumar otros problemas, como los relacionados con el tema medioambiental.
Pero, como observa Ríos, “en México no se están observando los comportamientos autoritarios clásicos que se presentan en las rupturas democráticas”, ya que el gobierno actual ha aceptado sus derrotas electorales y la prensa sigue siendo libre de criticar al presidente. Asimismo, la propuesta de ministros ideológicamente afines al presidente es una práctica común en las democracias con mayorías, señala Ríos.
Expongo lo anterior no como una defensa del gobierno actual, sino como una observación de que la oposición no puede fundar su agenda en el cultivo del odio y miedo hacia la 4T.
Tampoco se puede sostener en viejas promesas de desarrollo limitadas al crecimiento económico a través de la atracción de inversiones, sobre todo si dichas ganancias no se distribuyen equitativamente entre la población.
¿Cómo responderán las y los candidatos a los diversos cargos a elección en Yucatán a los principales problemas y preocupaciones de la sociedad?, ¿cómo incorporarán la creciente preocupación en torno al cambio climático o, para decirlo de manera menos abstracta, a las inquietudes y sufrimiento provocados por crecientes olas de calor, sequías, tormentas, contaminación del agua o el aumento del nivel del mar? Hasta ahora, me parece que ni la 4T ni la oposición han formulado propuestas de fondo.
De cara al año electoral, en esta columna daremos seguimiento a estos problemas urgentes. —Mérida, Yucatán
Correo: rodrigo.llanes.s@gmail.com
*Investigador del Cephcis-UNAM