“El Estado no debe ni puede gobernar solo”
En América Latina y el resto del mundo existen países donde, teniendo por sistema de gobierno a la democracia, la administración pública es regulada y controlada exclusivamente por el Estado.
Hace algunas décadas existía en nuestro país un autoritarismo democrático que funcionaba adecuadamente, pero sólo para el interesado en que así sucediera, es decir, un partido hegemónico.
A lo largo del tiempo la metamorfosis dirigida a la democratización ha ido transitando y avanzando, lentamente, pero avanzando al fin.
En nuestro país, en los años 70 y 80 era inimaginable que años más adelante la democracia avanzara hasta donde hemos llegado el día de hoy. Y, aunque falta mucho camino por recorrer, se han creado instituciones de participación ciudadana como la de índole electoral (el INE), cuando durante muchas décadas el gobierno organizaba directamente las elecciones.
La participación de la sociedad en la opinión y consulta de la agenda pública le ha dado cierta jugada al resto de la población para así cumplir de alguna forma con la máxima de la democracia en su origen: la participación de todos.
Pero todo esto ha ocurrido debido a que se demostró que, al menos en nuestro país, el Estado no debe ni puede gobernar solo, pues se necesita la gobernanza que se obtiene de la buena relación entre el gobierno y el pueblo.
Para ayudar a obtener un buen gobierno existen las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que pueden fungir tanto como críticos del mismo o como coadyuvantes, según la situación.
Estas OSC pueden ser no gubernamentales (ONG), colectivos, sindicatos, colegios de profesionistas, asociaciones civiles (A.C.), y cámaras empresariales, entre otros. Algunos ejemplos de lo anterior son: Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, Greenpeace, etc.
El gobierno, en sus tres órdenes, —federal, estatal y municipal— crea consejos de participación ciudadana donde la opinión del pueblo es escuchada al menos, cuando antes ni eso podía lograr. Pero con esas acciones logran dar legitimidad a su ejercicio haciendo resaltar la transparencia en el mismo.
Pero practicar la democracia no es deber solo para el gobierno, pues es también para las organizaciones ciudadanas. No se puede exigir algo cuando no se predica con el ejemplo. Existen casos aun en tiempos actuales en cuanto al autogobierno de algunas OSC, que siguen procesos, sobre todo electivos, algunas veces anacrónicos o en desuso, como levantar la mano o, como dicen unos, por aclamación.
Las OSC debieran ser apartidistas y, como los filósofos, solo buscar el bien común, en este caso de los miembros de la agrupación de que se trate.
Existe otro punto de suma importancia en la vida de dichas agrupaciones civiles, pues en ocasiones son secuestradas por intereses turbios o “vendidas” a algún político, con intereses oscuros, o bien se infiltran en las dirigencias con el objetivo de conseguir a líderes “ad hoc”, es decir a modo, sirviendo solo para justificar los actos del gobierno o sindicato en turno y beneficiar intereses personales mucho más allá de los propios como grupo social.
También existen agrupaciones que navegan con la bandera de no ser satélites de ninguna agrupación política o gobierno, pero realmente son paleros o cómplices de intereses políticos o de algún poder fáctico, no necesariamente a favor del partido en el poder, pues también pueden estar en contra de él.
Es de todos sabido que en alguna ocasión ha ocurrido que la intervención de los agentes externos anteriormente mencionados, desequilibren decisiones, elecciones y pronunciamientos en algunas organizaciones de la sociedad civil, y así eliminar un posible contrapeso. Esto es grave.
En nuestro estado ha sido “vox populi” la injerencia de algún gobierno o partido político en las juventudes estudiantiles, a través del acercamiento con los líderes de las sociedades de alumnos, frentes universitarios y asociaciones de escuelas o de universidades.
Y qué decir lo que ha pasado en algunos sindicatos donde los propios líderes (algunas veces, no todos) llegan a acuerdos a conveniencia de los patrones, pasando por encima de sus miembros. Claro, esto a cambio de dádivas suculentas, ya sea en lo económico o en especie.
Lo anteriormente comentado no debe ocurrir, pues las OSC en ese momento pasan de ser críticos (contrapesos) o coadyuvantes para llegar al triste adjetivo de cómplice y buscar el beneficio de “alguien” y no del interés público o de su agrupación o sector.
La sociedad civil organizada, insisto, debe ser un contrapeso y aplaudir lo que a su juicio haga correctamente el patrón o el gobierno en turno, así como criticar o reclamar decisiones que a su parecer vayan en detrimento del interés público o de sus agremiados y no transformarse de facto en una mercenaria comparsa que tarde o temprano les quitará el arma más valiosa que tienen: la credibilidad.
Vale la pena comentar que existen dos tipos de agrupaciones que llevan la delantera en el ámbito nacional debido a su importancia y facilidad de penetrar en la agenda pública: los Colegios de Profesionistas y las Cámaras Empresariales. Los primeros agrupan profesionistas de ramas homogéneas según la profesión de que se trate. Y las segundas agrupan nada más y nada menos que al poderoso sector empresarial, pieza importante en ese rompecabezas llamado economía nacional.
Ambos gremios tienen de su lado un marco legal que los reconoce y que les da la oportunidad de ser parte de la agenda pública en su calidad de grupos de interés, obligando al gobierno a pedirles participación y consulta en determinados asuntos de interés público.
La participación de las OSC en nuestro país puede tener una importancia relevante en el quehacer diario del gobierno y su administración, siempre y cuando se cumpla con que sus fines sean netamente puros y no contaminados por fuerza ajena a la organización.
Así como en lo federal, los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— se deben cocer cada uno aparte, la sociedad civil organizada debe operar libremente, para que el propósito para el que nació se cumpla. Es decir, no ser parte de la inercia de la maquinaria gubernamental, sino ser un verdadero contrapeso.
Para lograrlo, necesitamos que las organizaciones civiles sean realmente independientes e invulnerables en su gobierno interno, pues de esta forma al menos lograremos dos cosas que se escuchan por todos lados, pero no se sienten: transparencia y rendición de cuentas.
Esto desencadenará, en consecuencia, que se evite la corrupción y aparezca la mejora económica y, ahora sí, que sea palpable en el bolsillo del ciudadano común o, mejor dicho, en el del pueblo bueno y sabio, que ya no requerirá de conocer otros datos para darse cuenta si hay avance o no.
P. D. Al final y al inicio del año muchas agrupaciones, colegios y cámaras empresariales, tendrán elecciones de líderes y de directivas y, con esto, probablemente, tengan un cambio de rumbo. Analicemos muy bien lo que elijamos con la decisión propia de los miembros y no la de intereses ajenos. Necesitamos una sociedad civil organizada, sana e independiente, sólida y fuerte, que será el ariete de la democracia.— Mérida, Yucatán.
condeval1@hotmail.com
Ingeniero, valuador, maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.