Rodrigo Llanes Salazar (*)
En estos días, del 22 de enero al 4 de febrero para ser más exactos, se está celebrando la 45ª sesión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este Consejo es comúnmente considerado el órgano más importante dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Lo conforman 47 Estados y tiene como misión la “promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo”.
Uno de los mecanismos más importantes del Consejo de Derechos Humanos para cumplir con sus objetivos es precisamente el Examen Periódico Universal (EPU), el cual, de acuerdo con la ONU, “estipula que cada Estado Miembro se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos”. Para ello, los Estados presentan informes sobre las medidas que han adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y reciben recomendaciones elaboradas por los demás Estados.
En este período de sesiones, el Estado mexicano es examinado por cuarta vez, después de haber presentado informes y haber recibido recomendaciones en 2009, 2013 y 2018. En un contexto electoral, este examen es de particular interés, pues evalúa precisamente el período examinado (2019-2023) prácticamente coincide con la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Como ha observado la antropóloga Sally Merry, especialista en derechos humanos en el ámbito internacional, en realidad, las Naciones Unidas tienen muy poco poder para ejercer coerción sobre Estados individuales. Por esta razón, algunos Estados ni siquiera envían informes sobre medidas en materia de derechos humanos o de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos (o, si los elaboran, lo hacen de manera superficial o parcial). ¿Por qué, entonces, son importantes eventos como el actual EPU?
Una primera y obvia razón es que es una forma de los Estados de afirmar su compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, con todos los beneficios que este compromiso conlleva en la arena internacional (ayuda multilateral, relaciones comerciales, inversión extranjera).
Así, comúnmente, en sus informes, los Estados enfatizan el número de convenciones y tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado. Al inicio de su informe para el examen (recordemos que se informa a partir de 2019 y hasta 2023), el Estado mexicano señala que ha ratificado ocho convenios de derechos humanos, entre ellos el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los más importantes en materia ambiental.
Asimismo, lo más acostumbrado es que los Estados informen sobre las medidas legales y administrativas que han llevado a cabo en materia de derechos humanos. En esta ocasión, frente a las críticas de que el actual gobierno está cerrado al escrutinio internacional, el Estado mexicano informa sobre la creación del Sistema de Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos en 2020 y la creación del Semáforo de Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Del mismo modo, el Estado mexicano informa que ha aumentado “el presupuesto para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos” en un 188.34%, “al pasar de $1,954,047,422 MXN en 2019 a $3,680,389,174 MXN en 2023”.
Otra de las medidas más importantes reportadas por el Estado mexicano es la firma de la Declaración por la que se reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) en 2020, con la cual se pueden “recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las acciones urgentes emitidas por el CED son obligatorias para todas las autoridades de la materia.
Pero, sin duda alguna, la principal narrativa que el Estado mexicano está contando a las Naciones Unidas y a las audiencias internacionales y nacionales es que el gobierno de López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad bajo el principio “por el bien de todos, primero los pobres”. Así, en el informe se señala que “entre 2018 y 2022 se redujo el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional en México, de 41.9% a 36.3%; es decir, cerca de 5 millones de personas dejaron dicha condición”.
Más allá del compromiso internacional, Merry identifica otros elementos importantes en este tipo de eventos internacionales. Uno de ellos es que constituyen ámbitos en donde se promueven debates sobre temas particulares. En esta ocasión, un asunto que ha estado sobre los reflectores internacionales es el de la militarización en México.
Desde luego, en su informe, el Estado mexicano no refiere a la militarización del país. Pero una práctica común en este tipo de exámenes es que, a la par de que el Estado entrega su informe oficial a las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos también elaboran informes -a menudo llamados informes “alternativos”, “sombra” o de la “sociedad civil” —que sirven como insumos para los delegados de las Naciones Unidas.
En este cuarto examen, el Colectivo EPUmx, conformado por más de 300 organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil, presentó un Informe conjunto general, además de 18 informes temáticos (sobre militarización en México, personas defensoras y periodistas, impunidad y sistema de justicia penal, violencia contra las mujeres, entre otros temas). Uno de los tópicos centrales en el informe conjunto de EPUmx es, precisamente, el “avance de la militarización”: “a lo largo de este sexenio —escribe EPUmx—, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedente”.
Otro aspecto importante de eventos como el Examen periódico universal es lo que las politólogas Margaret Keck y Kathryn Sikkink han llamado el “efecto búmeran”. Esto es, la información que es generada por las organizaciones de derechos humanos llega hasta instancias internacionales, en donde organismos y medios de comunicación internacionales dan a conocer la información, la cual regresa a las instancias nacionales, para que las organizaciones usen de nuevo como un instrumento de presión hacia los Estados.
De este modo, las organizaciones conformadas en el Colectivo EPUmx denuncian en su informe alternativo que “desde hace décadas, México se enfrenta a una alarmante crisis en materia de derechos humanos que, lejos de atenuarse, se ha profundizado”. Parte de esta crisis son, además de la ya citada militarización, el desarrollo de megaproyectos, el debilitamiento del Estado de derecho, particularmente de los órganos autónomos, el deterioro del espacio cívico, los homicidios, desapariciones forzadas, espionaje, la violencia contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, mujeres, niñas y adolescentes.
Así, como suele suceder en este tipo de eventos, ahí donde los informes oficiales de los Estados documentan medidas legales y administrativas, los informes alternativos de las organizaciones de la sociedad civil presentan casos concretos. Cito sólo uno. Para ilustrar el debilitamiento del Estado de derecho y de los órganos autónomos, el informe de EPUmx describe el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
“Tras la designación de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, la independencia y criterios de actuación de la institución se ha puesto en duda, debido a sus vínculos con el partido oficialista; el debilitamiento de la estructura interna; y la adopción de decisiones en respaldo a la política del gobierno que contravienen sus obligaciones como institución nacional de derechos humanos y los estándares internacionales en la materia. A manera de ejemplo, la CNDH avaló y decidió no actuar para revertir las reformas legislativas que institucionalizaron la militarización de la seguridad pública”.
Estos agravios, documentados durante años por organizaciones de derechos humanos locales de México, han sido retomadas en el examen por diversos Estados. Por ejemplo, el Reino Unido y Nueva Zelanda retomaron la denuncia sobre la militarización y se pronunciaron a favor de la desmilitarización de la Guardia Nacional. Numerosos estados, entre ellos Estados Unidos, Uruguay y Bélgica, cuestionaron los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, la impunidad y la violencia contra las mujeres son otros de los problemas sobre los que los Estados integrantes de las Naciones Unidas llamaron la atención.
Como parte de sus compromisos en el Examen periódico, el Estado mexicano debe responder a las observaciones y recomendaciones que se le han hecho en junio de este año, es decir, justo en el mes de las elecciones. Mientras tanto, contamos con un diagnóstico —oficial y de la sociedad civil— y una agenda de derechos humanos sobre las cuales las y los candidatos deben pronunciarse.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM