Los autores del libro “Cómo mueren las democracias”, Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, sostienen que existen dos elementos para que los sistemas legales democráticos puedan persistir.
Por un lado, la contención de los gobernantes respecto de la tentación de abusar de su poder político para ignorar el mandato constitucional y extralimitarse en las atribuciones legales propias del encargo.
Y, por otra parte, la tolerancia entendida como respeto a la legitimidad de los opositores que no comparten la visión ideológica del partido en el gobierno. En otras palabras, la intolerancia es el rechazo a la pluralidad de opiniones.
El principio de contención se corrompe, por ejemplo, cuando un presidente viola la Constitución y las leyes, bajo el argumento de que son “injustas” o de que su “fuerza moral” está por encima del orden jurídico.
En tanto, el elemento de tolerancia se viola siempre que se emplee el poder gubernamental para perseguir a actores políticos, medios de comunicación o representantes de la sociedad civil que no sean afines al ideario del partido en el poder.
De acuerdo con los académicos Ziblatt y Levitsy, cuando la contención y la tolerancia se anulan, cediendo ante la pulsión autoritaria y la persecución política, el orden democrático se resquebraja, transitando hacia el régimen tiránico.
Hasta hace unas décadas, las democracias caían tras golpes de Estado violentos, para instaurar dictaduras —habitualmente, de corte militar—. Este fenómeno fue padecido por la mayor parte de los países latinoamericanos.
En el siglo XXI, en cambio, es mucho más frecuente que gobiernos demagógicos electos popularmente, se dediquen a minar las instituciones democráticas con la intención de concentrar el poder.
Por desgracia, esta tendencia ha ido ganando terreno alrededor del mundo. El problema es que los líderes populistas, a pesar de su carisma y arrastre, suelen entregar pésimos resultados de gobierno.
Irónicamente, son los ciudadanos quienes optan por empoderar vía el voto democrático a este tipo de perfiles políticos; aunque, a fin de cuentas, la más perjudicada resulta ser la gente gobernada por tales tiranos.
¿Cuál es el peligro de destruir el sistema democrático? Por su propia naturaleza, las democracias establecen reglas que rigen la conducta del gobernante, como la división de poderes, el apego al texto constitucional y los derechos humanos.
Una vez que los mecanismos democráticos se debilitan, comienza la decadencia en rubros como seguridad, salud, educación y economía. Además, los gobiernos autoritarios son prestos a ejercer la represión y la violencia hacia sus propios ciudadanos.
Desde luego, una de las principales características de la democracia es la libertad de elección, por parte de la ciudadanía, respecto de sus representantes populares y gobernantes. Coloquialmente se dice que “el pueblo quita y el pueblo pone”.
Empero, los regímenes autoritarios dirigen esfuerzos agresivos a erradicar cualquier atisbo de oposición política con el fin de acaparar la totalidad del poder público. De este modo, la población no dispone de alternativas democráticas reales, más que el partido “oficial”.
El proceso de aniquilación de la democracia, en manos de liderazgos demagógicos y grandilocuentes, no se da de un día para otro. Ahí radica, justamente, el mayor riesgo. El cambio hacia un talante autoritario es sutil y se disfraza con supuestas buenas intenciones.
Peor aún, estos personajes populistas se sirven de un discurso en defensa de los valores democráticos para polarizar a la sociedad, descalificar a los opositores y expandir el poder que detentan.
Los gobernantes de esta clase también son propensos a inventar una realidad alterna en la que todas sus políticas son exitosas y la población vive mejor que nunca. El engaño y la mentira son permanentes en dicha narrativa.
El voto libre e informado es el antídoto más eficaz contra el populismo. Defender la democracia es tarea de todas y todos. De ello depende nuestro futuro.— Mérida, Yucatán.
fournier1993@hotmail.com
Licenciado en Derecho, maestro en Administración