Gran polémica y fuertes cuestionamientos ha generado la sentencia emitida hace unos días por el TEPJF (Sala Regional Xalapa) en la que se confirman las candidaturas “indígenas” de Esteban Abraham Macari y de Julián Zacarías Curi para diputados federales en los distritos I (Valladolid) y II (Progreso), respectivamente, así como de Katia Bolio Pinelo como candidata al Senado de la República en representación de la comunidad Lgbttiq+.
Todos ellos fueron registrados ante el INE por la coalición PRI-PAN-Panal.
El rechazo público a tal decisión del órgano jurisdiccional deriva de la percepción generalizada consistente en que los mencionados aspirantes han simulado y mentido fehacientemente respecto a su pertenencia a los sectores que pretenden representar en la máxima tribuna de la nación.
En principio, debo aclarar que en modo alguno veo con desdén o con espíritu excluyente a ningún yucateco o yucateca en razón de sus raíces u orígenes étnico-históricos, sean éstos sirio-libaneses, alemanes, chinos, coreanos, cubanos, afrodescendientes, etcétera.
Por el contrario, siempre he considerado y defendido que la diversidad sociocultural constituye una riqueza inconmensurable de nuestro ser regional.
Es evidente que la sociedad yucateca contemporánea es el complejo crisol en el que se expresa la coexistencia de diversos grupos humanos, aunque ha de reconocerse —por harta evidencia empírica e histórica— que la presencia del pueblo maya tiene un enorme peso lingüístico y cultural en esta configuración social, destacándose desde luego que aún persisten relaciones asimétricas, racistas, de exclusión y de opresión hacia este pueblo por parte del resto de la sociedad.
En otro aspecto, considero que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la representación política en los órganos del Estado y del gobierno, como el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y los ayuntamientos, todavía constituye una asignatura pendiente.
Si bien sobre este tema ha habido importantes avances que se han concretado en los criterios adoptados por el INE en los últimos años —se les llama acciones afirmativas: indígena, afrodescendiente, diversidad sexual y de género, discapacitados, migrantes—, el hecho real es que la falta de un mandato a este respecto tanto en la Constitución Federal como en las Constituciones estatales ha orillado a que los partidos políticos se continúen burlando de los pueblos y comunidades indígenas al postular a personas no indígenas como candidatos y candidatas en demarcaciones tipificadas como indígenas por las autoridades electorales.
A todas luces
Pues bien, con base en las consideraciones anteriores observamos que en la actual contienda electoral de nueva cuenta y de manera alevosa el PAN pretende infligir una grave afrenta al pueblo maya: quiere imponer como candidatos “indígenas” a personas que a todas luces no solo carecen de atributos o elementos que los adscriban a dicho pueblo milenario, sino que la evidencia muestra fehacientemente que pertenecen a otra comunidad a la que, de manera natural y legítima, se auto adscriben por origen étnico-histórico: la comunidad sirio-libanesa.
Como era de esperarse, los registros ante el INE de los señores Abraham Macari y Zacarías Curi como candidatos “indígenas” propició que diversos actores políticos impugnaran dichos registros, por lo que el asunto quedó en manos de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, instancia que, como se ha señalado, emitió su sentencia desechando los alegatos y pruebas de los promoventes y ratificando el registro de dichas candidaturas “indígenas”.
Desde luego, nadie en su sano juicio puede dudar de los artilugios ni de la viveza, malicia o astucia que seguramente utilizaron estos señores para obtener la documentación con la que sustentaron de manera falaz y artificiosa su supuesta “auto adscripción calificada” al pueblo maya yucateco.
Dije líneas arriba que con esta aviesa maniobra legaloide el PAN nuevamente quiere burlarse del pueblo maya.
Ocurre que en 2021 este partido quiso imponer a Liborio Vidal Aguilar como candidato “indígena” por el distrito federal I de Valladolid. Pero sucedió que el ahora secretario de Educación fue impugnado por el tema indígena, por lo que el TEPJF declaró improcedente su inscripción.
Entonces sorprende, hoy por hoy, que este órgano jurisdiccional haya aplicado otros criterios o argucias legaloides para validar las candidaturas supuestamente “indígenas” de los señores Abraham Macari y Zacarías Curi.
Cabe aclarar que este asunto aún no ha concluido, pues seguramente los promoventes de la impugnación acudirán a la Sala Superior del TEPJF, que emitirá la sentencia definitiva e inapelable.
Frente a estos agravios del PAN infligidos contra el derecho del pueblo maya a tener una legítima representación política en el Congreso de la Unión diversas voces se han alzado para expresar su indignación ante esta burda suplantación de identidad indígena que se pretende consumar sin decoro alguno.
La reconocida escritora, antropóloga e intelectual maya hablante María Elisa Chavarrea ha expresado en sus redes sociales que las candidaturas indígenas son el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a la representación política, quienes han dado una ardua lucha para alcanzar “espacios más justos y equitativos”, a fin de saldar una deuda histórica que consiste en “visibilizar al pueblo maya y contar con una representación digna, y sobre todo respaldada por las propias comunidades”.
La antropóloga Echavarrea advierte, sin embargo, que algunas personas “únicamente aprovechan los espacios por los que los pueblos lucharon por largos años”, y concluye de manera contundente: “Actualmente vemos candidatas y candidatos no indígenas que se auto adscribieron indebidamente, negando y restándole lugar a quienes realmente sí lo son, por lo que hay que señalar que es ilegal tanto la acción de quien hace alarde de ser indígena, sabiendo que no lo es, como quien o quienes los respaldan, perdiendo de esta manera la credibilidad. Caemos en la misma historia de siempre: la negación de la voz y la apropiación de una lucha ganada, pero para beneficio de otros, nunca de los mayas”.
En conclusión, es de exigirse que la resolución final de esta impugnación contra los señores Abraham Macari y Zacarías Curi sea en favor de la legítima representación política del pueblo maya, y se evite así la consumación de una nueva y alevosa afrenta en su contra. Veremos.— Mérida, Yucatán.
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Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.