Gane quien gane, ya sea en las presidencias municipales, diputaciones locales, gobierno del estado, diputaciones federales o senadurías, a continuación presento algunas demandas de la ciudadanía yucateca que tendrán que atender las servidoras/es públicos electos en la próxima administración y legislatura.
Estas demandas forman parte de agendas que organizaciones de la sociedad civil han presentado en los últimos meses a las diversas candidaturas del actual proceso electoral.
En esta primera entrega, me referiré a temas ambientales y particularmente del agua, muchos de los cuales presentamos el pasado 8 de mayo en la “Agenda del agua de Yucatán, 2024”, elaborada por la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua en Yucatán.
1. Diputados federales/senadores: aprobar la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas. Sin duda alguna, el tema del agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en los últimos años, ya sea por su escasez o por su calidad.
En los últimos meses, el Diario de Yucatán ha informado que colonias de municipios tan distintos como Progreso, Tizimín y Tzucacab han pasado días enteros sin agua. Asimismo, diversos estudios han documentado el deterioro de la calidad del agua entubada, de pozos y de cenotes de nuestra entidad.
La aprobación de una nueva ley de aguas que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es una cuestión urgente, sobre la cual el poder legislativo federal ha estado en desacato por más de diez años (debió promulgar una nueva ley en 2013). Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado al legislativo federal cumplir con el mandato constitucional de emitir la nueva ley.
Ciertamente, en los últimos años se han presentado diversas iniciativas que, cual política del gatopardo, pretenden una modificación legislativa sin que cambie el espíritu de la LAN, que ha permitido que el 70 por ciento de las concesiones de agua del país se concentre en alrededor del 7 por ciento de los concesionarios.
Afortunadamente, desde 2012 se ha construido una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA) que pone en el centro el derecho humano al agua, tal como mandata nuestra Constitución, esto es, prioriza el consumo personal y doméstico del agua sobre el industrial, agrícola y comercial.
Asimismo, la ICLGA reconoce la particular vulnerabilidad de los ecosistemas kársticos a la contaminación y extracción del agua y regula las actividades que deben realizarse en dichos ecosistemas, como el nuestro. No puede pasar una legislatura más sin que se apruebe la ICLGA.
2. Poder ejecutivo y legislativo federal: revertir los recortes presupuestales al sector ambiental. Las sequías, los incendios forestales, la deforestación (legal e ilegal), las olas de calor extremo, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, entre tantos otros problemas ambientales, difícilmente podrán ser abordados efectivamente si el Estado no dispone de los recursos financieros y técnicos para hacerlo. Se estima que el sector ambiental cuenta con un 45 por ciento menos de presupuesto que al inicio del actual sexenio.
Una nueva Ley General de Aguas que privilegie el derecho humano al agua no será suficiente si, por ejemplo, la Conagua no cuenta con suficientes inspectores de calidad del agua —hoy tiene alrededor de 140— para cubrir las más de 400,000 concesiones de agua de la actualidad.
3. Gobierno del estado y gobiernos municipales. Del Anillo de cenotes: programa de cierre de las granjas porcícolas y avícolas en el Anillo de cenotes. El ex gobernador Mauricio Vila anunció el año pasado que, a propósito del “Dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola” elaborado por la Semarnat, ya no se otorgarán más permisos para la instalación de granjas porcícolas en la región del Anillo de cenotes, una de las dos zonas del estado con más concentración de cenotes.
Recordemos que la única fuente de agua dulce que tenemos en Yucatán proviene del acuífero subterráneo, y que la Reserva estatal geohidrológica del Anillo de cenotes provee el 42 por ciento el volumen de agua que se aprovecha en Yucatán.
Por sus características kársticas, esto es, por tener suelos compuestos por rocas solubles, por la densidad y tipo de cenotes en la región, por la distancia con el manto freático y por la duración del período de lluvias, el Anillo de cenotes es extremadamente vulnerable a la contaminación. A pesar de esto, actualmente hay más de 300 granjas porcícolas en dicha región, y muchas de ellas operan sin las autorizaciones correspondientes, como la Manifestación de Impacto Ambiental (según un informe de Greenpeace, sólo 18 granjas porcinas cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental en todo el estado).
En este escenario de ilegalidad y de contaminación del agua, suelo y aire, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) ha emitido una norma técnica ambiental para que las granjas porcinas se pongan al día en sus autorizaciones, pero es una norma de cumplimiento voluntario, y que tampoco se consultó de manera previa, libre e informada con comunidades indígenas afectadas.
El nuevo gobierno estatal y los gobiernos municipales del Anillo de cenotes tienen una enorme responsabilidad para proteger nuestra mayor fuente de agua dulce. Un programa de cierre de granjas en el Anillo de cenotes puede sonar muy ambicioso e incluso fantasioso, considerando los grandes intereses económicos en juego.
Pero un programa de dicha naturaleza puede comenzar con la aplicación de las recomendaciones realizadas por los especialistas Francisco Bautista, Yameli Aguilar y Neftaly Gijón-Yescas: disminuir la cantidad de agua extraída a menos de un décimo; sustituir granos convencionales como la soya por plantas locales como alimento para los cerdos; seleccionar mejores sitios para la reubicación de las granjas, “sitios ambientalmente adecuados, lejos del agua subterránea, con precipitaciones moderadas o bajas”, “lejos de las ciudades, cabeceras municipales y localidades para garantizar el derecho de los niños y adultos a un ambiente limpio y sano”, entre otras medidas (“Las granjas porcinas en zonas de karst. ¿Cómo pasamos de la contaminación a la sustentabilidad?”).
4. Gobierno de Yucatán y gobiernos municipales: un programa de inversión en infraestructura hídrica y de saneamiento. De acuerdo con la Conagua, Yucatán ocupa el penúltimo lugar del país en infraestructura para el saneamiento del agua. Asimismo, según dicha institución, en Yucatán “hay una tendencia a la baja en las inversiones que se destinan a este sector (infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento)”. Como me comentó un especialista en agua a propósito de “toda la gente que está viniendo por la inseguridad del resto del país”, “¿cómo enfrentamos este fenómeno si ni siquiera tenemos infraestructura para el agua?”
Urge inversión en infraestructura para potabilizar agua, para suministrarla, así como para servicios de drenaje y tratamiento de aguas residuales. No se debe promover la llegada de nuevas inversiones y nuevas migraciones si no se atiende el tema de infraestructura hídrica y de saneamiento. No es un tema políticamente vistoso, pero, de realizarse de manera adecuada, éste podría ser uno de los grandes legados de la próxima administración.
5. Plaguicidas. El actual gobierno federal ha publicado dos valiosos decretos para atender el problema de los daños a la salud y ambientales derivados por la exposición a plaguicidas altamente peligrosos: uno que prohíbe la importación de 12 plaguicidas altamente peligrosos (entre ellos, algunos ampliamente utilizados en Yucatán, como clordano, endosulfán, lindano y paratión metílico) y el que prohíbe adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato (también empleado en Yucatán).
A pesar de estos importantes decretos, el número de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en México ha aumentado en los últimos años: en 2017 estaban autorizados en el país 183 PAP; en 2023, la cifra aumentó a 204, de acuerdo con la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México.
Existe una fuerte resistencia por parte de la agroindustria para hacer efectivos los decretos antes mencionados, por lo que es necesaria la voluntad política para, con base en ambos decretos, cancelar los registros de dichos plaguicidas, así como de los insecticidas clorpirifos, fipronil y otros neonicotinoides que han provocado una alta mortandad de abejas en Yucatán y otras entidades de la república. (Continuará).— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM