Rodrigo Llanes Salazar (*)
Gane quien gane, ya sea en las presidencias municipales, diputaciones locales, gobierno del estado, diputaciones federales o senadurías, a continuación, presento algunas demandas de la ciudadanía yucateca que tendrán que atender las servidoras/es públicos electos en la próxima administración y legislatura.
Estas demandas forman parte de agendas que organizaciones de la sociedad civil han presentado en los últimos meses a las diversas candidaturas del actual proceso electoral. En esta segunda entrega haré referencia a las propuestas que se han hecho en materia de género, diversidad sexual, ruido y vivienda en la ciudad de Mérida.
En materia de género, particularmente de mujeres, el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán dio a conocer su propuesta “Agenda de género 2024/2030”, en la que llaman a las candidaturas al gobierno de Yucatán a actualizar y fortalecer el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y generar un registro georreferenciado de la violencia.
Asimismo, el Frente señala la urgencia de una respuesta interinstitucional para erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo en adolescentes y de políticas públicas para la prevención del problema de abuso sexual infantil que existe en Yucatán.
Particularmente, en palabras de Nancy Walker, una de las integrantes del Frente, “la Fiscalía (General del Estado) es el talón de Aquiles en cuanto a mujeres se refiere”, ya que “las denuncias que se presentan tardan muchísimo” y “el personal está rebasado”.
Por otra parte, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán ha dado a conocer la “Agenda estatal LGBTTTIQ+ Yucatán 2024”. En los últimos años, una de las principales demandas del movimiento LGBT, el reconocimiento legal del matrimonio igualitario, ya se ha vuelto una realidad en nuestra constitución y código civil, gracias a una lucha de más de diez años a la que opusieron resistencia tanto el poder legislativo como el ejecutivo.
No obstante, la población LGBTTTIQ+ de Yucatán (la segunda más numerosa de México, ya que, según datos del INEGI, representa el 8.3% de la población total de la entidad), se sigue enfrentando a discriminación estructural y cotidiana, que debe ser atendida urgentemente.
Por ello, el Colectivo demanda en la agenda “etiquetar en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado una partida presupuestal explícita destinada a garantizar la creación de políticas públicas para atender, restituir y garantizar los derechos y necesidades específicas de la población LGBTTTIQ+ en Yucatán”.
Como señala César Briceño, integrante del Colectivo, “el mayor rezago es que, desde el poder ejecutivo, no se ha tenido ningún tipo de política pública en estos cinco años que sea destinada a proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBT. De hecho, estos son datos del mismo gobierno, no nos pudieron comprobar que hubieran hecho uso de presupuesto para crear políticas públicas para la comunidad LGBT. Les ganamos el juicio en 2023 (sobre destinar presupuesto para política pública), y aún así no hicieron nada para el presupuesto de 2024; los volvimos a demandar ahora. Hay una total negación para hacer algo específico para la comunidad LGBT (…) Debe de haber políticas públicas, integrales y medibles”.
Particularmente, la agenda señala que el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán ha sido “inoperante” hasta ahora, y propone que se le de las facultades “para atender, registrar y resolver denuncias de discriminación y violencia contra las personas LGBTQ+”.
Entre las políticas públicas propuestas se encuentran campañas de información y prevención de VIH/sida; campañas para combatir la discriminación por homofobia y transfobia; para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra infancias y adolescencias LGBTTTIQ+ en las escuelas.
Por otra parte, el colectivo Hagamos ruido contra el ruido en Mérida envió una carta a las candidaturas en el marco del Día Internacional de la Conciencia sobre el Problema del Ruido, que se celebra el último miércoles de abril de cada año. En esta misiva, se señalan las diversas fuentes de ruido que afectan a familias, no sólo del centro de Mérida, sino de diversos puntos de la ciudad y del estado.
El Colectivo reconoce que “el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida incluye un importante apartado dedicado al ruido” que, gracias a su esfuerzo colectivo, se modificó en 2019. No obstante, señalan que “ni la Dirección de Desarrollo Urbano ni el Departamento de Inspección Ambiental a cargo de Servicios Públicos Municipales, ni la Secretaría de Salud estatal (…) han podido garantizar nuestros derechos fundamentales plasmados en la Constitución, como el derecho a la salud incluyendo la salud mental, el derecho a una vida digna y el derecho a un medio ambiente sano”.
Por tanto, exigen a las candidaturas “el apego y la vigilancia a las normas establecidas ya que el ruido es un problema que se extiende por toda la ciudad y afecta a todos los seres vivos”. Así, aunque es deseable hacer modificaciones a las normas que regulan el problema, el Colectivo señala que “lo primero que se necesita es que se apliquen las disposiciones existentes, pues el puente que une la parte normativa a la parte operativa está totalmente quebrado”.
Como explica el Colectivo, el argumento que ofrecen los funcionarios del ayuntamiento de Mérida es que “no es posible dar facultades a la policía y otras agencias del orden para impedir que se violen las leyes que regulan el ruido”. No obstante, de acuerdo con el Colectivo, “en otras entidades del país como Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, por ejemplo, sí existen estas facultades”.
Hasta la fecha (26 de mayo), el Colectivo no ha obtenido respuesta de las candidaturas (a la gubernatura, alcaldías y diputaciones) a las que enviaron la carta.
Para Jorge Fernández Mendiburu, abogado del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, A.C., “un asunto pendiente que nadie ha tocado, y que tiene que ver con estas situaciones que estamos viviendo del calor, tiene que ver con la regularización adecuada del tema del derecho a la vivienda”.
Al respecto, Carla Escoffié, especialista en derechos humanos y vivienda y autora del libro “País sin techo: ciudades, historias y luchas sobre la vivienda” (Grijalbo, 2023), señala la urgencia de atender el crecimiento vertical y descontrolado de la ciudad de Mérida, el cual ocurre sin una planeación urbana; atender la falta de vivienda social y una mejor gestión del suelo para garantizar espacio para proyectos estratégicos de vivienda enfocada a jóvenes.
Finalmente, como apunta Fernández Mendiburu, “el tema de la reforma judicial es algo que tendrá que abordar la legislatura que venga, por las reformas que impulsó (el ex gobernador Mauricio) Vila, en las que prácticamente generó condiciones para que queden los allegados al poder ejecutivo”.
Garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano y al agua y el saneamiento; hacer más eficiente la Fiscalía General del Estado, particularmente para atender el problema de violencia contra las mujeres; formular política pública integral y medible dirigida a la comunidad LGBT; aplicar la normatividad en materia de ruido; regular el tema de vivienda; y la reforma judicial no son los únicos pendientes que tendrán que atender las y los próximos servidores públicos para cumplir su papel de contribuir al bien común, pero sí son algunos sobre los que la ciudadanía estará exigiendo una particular rendición de cuentas a quienes queden electas/electos este próximo 2 de junio.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM