La transición entre administraciones gubernamentales es el periodo que transcurre entre la celebración de las elecciones y la toma de posesión de los nuevos servidores. Durante este tiempo, quienes resultaron electos se preparan para presentar a sus equipos de trabajo y, en teoría, evalúan resultados de los gobiernos anteriores, hacen un balance de las tareas pendientes y comienzan los preparativos para asumir la faena de dirigir la ciudad, el estado o el país en el contexto de hoy.
Para algunos sectores informados de la ciudadanía en cuanto a temas políticos, o para quienes de manera circunstancial se encuentran cerca del poder, el tema de los nombramientos sobre las personas que asumirán encomiendas dentro de los gabinetes genera curiosidad por muy variadas razones.
Aquellos que laboran en la estructura gubernamental se preguntan si conservarán sus trabajos, o bien, si se cumplirá la amenaza que pende sobre la cabeza de todo servidor público, asunto que se dilucida cada tres o seis años.
Algunos empresarios se relamen los bigotes ante la posibilidad de que la llegada de los nuevos funcionarios favorezca sus negocios o que les sean asignados jugosos contratos en las obras públicas que les generen trabajo seguro y constante durante el tiempo que dure la administración; otros esperan que la cercanía les permita obtener beneficios de otra clase, ya sea agilizar trámites, condonar impuestos o simplemente obtener visibilidad a partir de su relación personal con quienes tomarán las decisiones.
No es raro que en merequetengue de conjeturas y altas expectativas se asuma una actitud egocéntrica y utilitarista en relación con el poder, cuando no sumisa —que predispone a pasar por alto los aspectos a los cuales se debería estar prestando verdadera atención— y que se sacrifiquen la crítica y los cuestionamientos acerca de las políticas sociales, las propuestas y el dominio de los gobernantes electos y sus potenciales colaboradores sobre temas que son de crucial importancia para el desarrollo de las comunidades.
Justo cuando nos encontramos viviendo este momento de transición en todos los ámbitos gubernamentales, considero imprescindible cuestionarnos, como miembros de la ciudadanía, qué papel jugamos en cuanto a nuestra relación con el gobierno y qué esperamos de las personas que están por asumir el rumbo de Mérida y de Yucatán.
Las simpatías hacia los partidos de los que emanan los representantes populares, o incluso la relación personal con funcionarios, no debería ser un obstáculo para la crítica objetiva y el escrutinio de sus acciones.
Vivimos en un país en donde el autoritarismo es tan común que ni siquiera somos conscientes de cómo nos afecta de manera directa a través de las decisiones de quienes ostentan el poder. Estamos acostumbrados a expedir cheques en blanco para luego, por ejemplo, ser sorprendidos con obras que obedecen a ocurrencias o intereses económicos de unos pocos, más que a la priorización de las necesidades de la comunidad. Un ejemplo: ¿Qué tan necesarios eran los trabajos en la Plaza Grande? ¿Qué medidas se tomaron para garantizar la preservación de sus elementos más tradicionales? ¿Se concursó? ¿Quién se beneficia de esta “remodelación”?
Todas estas preguntas debieron formularse y responderse antes de intervenir un espacio tan emblemático y querido por los meridanos, y sin embargo los cuestionamientos a posteriori son considerados confrontación o acusados de servir a otros intereses. Se señala a quien critica y se minimiza lo que se cuestiona.
La crítica debe hacerse a los proyectos, no a las obras, y debe servir para un análisis detallado de las acciones, situaciones o eventos que beneficie la toma de decisiones. Por vía de un periodismo de investigación responsable, que no tenga miedo a represalias o sufra de mordazas económicas, mesas de diálogo, foros y referéndums es como debería ejecutarse.
Tal vez parezca utópico, pero ¿hacia dónde más apuntar? Los gobiernos deberían proponer verdaderos mecanismos de socialización tanto como los ciudadanos, organizados en sectores y temas de su interés, habrían de postular una ruta de renovación social y estructural de nuestras comunidades, estado y nación, pero primero debe ser clara la apertura y sensibilidad social de los líderes.
La crítica no significa necesariamente oposición. La buena gobernanza involucra transparencia y responsabilidad, y le da su debido lugar a la participación ciudadana. Empecemos pues, en estos tiempos de transición, a cuestionar los nombramientos de quienes auxiliarán a los gobernantes en la solución de los problemas, en la construcción de nuestro futuro y en el diálogo directo con la sociedad, que no debe tardarse en configurar los órganos de resistencia.
¿Qué mejor momento que este, no les parece?— Mérida, Yucatán.
erica.millet@gmail.com
Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado