La nueva realidad político-gubernamental de Yucatán nos acerca a la de países donde las coaliciones se concretan no solamente para ganar elecciones. También para gobernar.
Hasta ahora, en nuestro Estado se habían celebrado alianzas con el objeto de conseguir más votos que los de enfrente o los que se conquistarían en caso de ir en solitario. A un partido mucho más fuerte que los otros, muchas veces de larga vida y con la capacidad, trayectoria y estructura para ser la locomotora del tren, se sumaban varias instituciones partidistas que no eran más que satélites que contribuían con pequeñas cuotas para alcanzar votos que permitieran arañar lo que podría ser una diferencia definitiva en caso de que la votación se cerrara.
Este comportamiento partidista tenía su cuota de razón. Después de la elección federal de 2006, que se decidió por una nariz, fue necesario atraer a aquellos que pudieran aportar uno o dos puntos porcentuales, una minucia, aunque indispensable para hacer la diferencia entre ganar o perder.
Sumar a partidos satélite representó inicialmente atraer más votos, sobre todo para las curules en el Congreso. Tal caso ocurrió con el Verde, que se adhirió como lapa al PAN en el 2000. Ese comportamiento de rémora se convirtió, luego de la experiencia del 2006, en elemento esencial para los partidos grandes. Si el PRD hubiera sumado más aliados habría ganado la presidencia aquel año.
Así pues, se ha vuelto práctica común la de sumar partidos migaja, lo que en teoría favorece a los grandes y al mismo tiempo se convierte en una tabla de salvación para ellos, no solo porque conservan el registro sino que hasta se dan el lujo de reclamar espacios. Más aún, sirven como instrumento al partido madre de la coalición para asignarles curules en pos de una sobrerreprentación grosera en el Congreso, como pretende ahora Morena con el Verde y el PT. El INE y el Tribunal electoral deberán mostrar de qué están hechos para impedir ese atentado a la democracia y al equilibrio de poderes.
Volviendo a las coaliciones, permiten también a la chiquillada —como llamó el jefe Diego a los partidos pequeños— reclamar espacios en los gabinetes. Hasta ahora se les habían dado migajas, puestos de tercer o cuarto nivel, que no influían en el devenir del país o el Estado. Menos aún se les colocaba en aquellas carteras con grandes presupuestos, como Educación, Salud, Desarrollo Urbano y, sobre todo, Desarrollo Social.
Así había sido hasta ahora. Pero la designación de cuatro funcionarios para el gabinete o el equipo de transición del nuevo gobernador, Huacho Díaz Mena, hace ver que nos enfrentamos no solo a lo que fue una sociedad para ganar las elecciones sino que, como en Francia y España, por citar dos casos, tendremos un gobierno de coalición.
El nombramiento de Dafne López Martínez, como coordinador de proyectos estratégicos, exhibe que en esta coalición tienen fuerte presencia las fuerzas ivonnistas; el de Omar Pérez Avilés, como coordinador del equipo de transición, las del viejo panismo; e incluso el de Luis Felipe Saidén mantiene en el gobierno la presencia del cerverismo. A ellos habrá que agregar los espacios que se les asignarán a Mauricio Sahuí, Luis Hevia, Panchito Torres y Raúl Paz, por citar algunos personajes que no dejarán pasar la ocasión de volver por sus fueros al presupuesto.
El otro nombramiento hasta ahora, el de la comunicadora Wendy Aguayo, es el único realmente orgánico del gobernador electo.
Así pues, las fuerzas que integran la coalición que gobernará tirarán cada una por su lado y para su beneficio, colocando alfiles y reclamando posiciones de gobierno y carteras clave en el gabinete.
De este modo, gobernará Yucatán una coalición donde tendrán presencia ivonnistas, rolandistas, panistas y hasta cerveristas. Además, estarán los orgánicos con los que el gobernador electo ha caminado de la mano desde las elecciones de 2012 y antes.
A esos grupos hay que agregar a los nativos morenistas, que también reclaman espacios para ellos. Y, por si no fuera suficiente, encima de todos los grupos de poder en torno al gobernador electo está la bota que pisará con más fuerza en el próximo gobierno de Yucatán: la Federación, que no únicamente reclamará su parte sino que invita a especular que las decisiones que se tomen en el Mayab pasarán por el visto bueno del centro del país.
Por la experiencia acumulada en los últimos seis años se sabe que para Morena el federalismo no existe. Los gobernadores de su partido, un órgano fiel a su espíritu de ser el PRI de épocas más acendradas, no son gobernanetes soberanos sino empleados de la Federacion. Mientras más dóciles, más premiados.
No asistimos a una situación nueva. Recordemos que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, antes de asumir nombró como secretario de Seguridad a Manelich Castilla Craviotto, quien duró en el cargo tres días. Sea porque no fue palomeado por la Federacion, sea porque no se prestó a algo, sea porque resultaba incómodo… Lo cierto es que en su lugar fue colocado un capitán de la Armada desde el centro del país.
Con este antecedente, nadie puede garantizar el futuro del comandante Saidén en el gabinete, pese a los denodados esfuerzos de Huacho. Todo Yucatán sabe que no es el favorito de Claudia Sheinbaum, cuya pieza es la yucateca Marcela Figueroa Franco, quien trabajó con ella en el cuerpo policíaco de CDMX.
A juzgar por lo visto en otros estados, en todos los casos la 4T ha colocado a cargo de la Seguridad a incondicionales de quienes toman las decisiones en el centro del país. El comandante Saidén no lo es.
De modo que la Federación no pedirá, sino colocará su cuota sin preguntar; a su vez, los priistas de corazón miembros del ivvonismo y el rolandismo pedirán su parte; los nativos morenistas la suya; los expanistas, lo mismo; los leales a Huacho harán lo propio, y los partidos aliados reclamarán la tajada que consideran les corresponde. Seis fuerzas en pugna planearán sobre el escenario político de Yucatán. El gobernador deberá ser capaz de dar un manotazo en la mesa y poner orden.— Mérida, Yucatán.
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@olegariomoguel
Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia